Piden la nulidad del juicio a los guardias civiles del caso Botavara

En un turno de exposición de cuestiones previas al juicio, los abogados de doce de los trece encausados han alegado que existen actuaciones desde el inicio de la instrucción que vulneran las garantías que deberían preservarse para asegurar la equidad en el trato a sus clientes y que, bajo su criterio, convierten en «nulo de pleno Derecho» todo el procedimiento.

En esa misma línea se manifestaba el letrado de uno de los enjuiciados, Sergio V.R., que ha llegado a calificar los indicios que dieron lugar a la instrucción inicial de la operación Botavara en los tribunales como «un cúmulo de apreciaciones y juicios de valor» carentes de la consistencia necesaria para dar lugar a la intervención por parte de los jueces.

Intervención que ha cuestionado desde el primer momento porque, según ha expuesto durante su turno de exposición, «todo esto comienza con una delación» de un confidente que, desde el anonimato, señaló a algunos de los procesados como narcotraficantes, dando lugar a que los investigadores del caso solicitaran autorización judicial para llevar a cabo escuchas de sus conversaciones telefónicas y obtuvieran ese permiso.

Este abogado ha afirmado que ese permiso no debió concederse, porque antes de ello tendrían que haberse recabado otros indicios de delito que apuntalaran la presunta veracidad de esa confidencia.

Desde su punto de vista, según ha explicado, «no hay nada que justifique» las intervenciones telefónicas que están en la base de las gestiones policiales que llevaron luego a detener a los acusados.

También acorde a ese mismo planteamiento, la defensa de otro de los presuntos narcotraficantes, Yeray M.A., ha manifestado que todo el caso se sustenta en «una información confidencial no corroborada por prueba indiciaria alguna», razón por la que «se debería declarar su nulidad».

Desde esas premisas, el abogado de otro de los imputados, David D.P., ha llegado a señalar que, si desde el arranque de la vista oral se aceptaran esos argumentos, que ha insistido que se ajustan a la legalidad vigente, «podríamos ahorrarnos todos la celebración de este juicio».

A su juicio, las escuchas telefónicas autorizadas partiendo de ese testimonio anónimo «han quedado contaminadas» y «eso viola flagrantemente el derecho a la defensa», según manifestó.

Este letrado, además, ha señalado como otro elemento que también invalidaría, según sus tesis, las actuaciones practicadas el hecho de que parte de ellas se hayan desarrollado bajo «una instrucción llevada a cabo en Arrecife», en la isla de Lanzarote, por «un juez que claramente no es competente» para coordinar unos trámites desarrollados en la isla de Fuerteventura.

Ya que se trata de «un partido judicial distinto y distante», ha sentenciado, siendo respaldado en este mismo sentido por la defensa de un cuarto acusado que ha afirmado que «queda más que claro que ha habido un interés policial para que se instruyera en Lanzarote» y no en Fuerteventura el caso, pero que un juez no tendría que haber cedido a esas pretensiones.

La Fiscalía no ve indefensión

Los argumentos de los letrados de los acusados, para los que se piden penas de hasta 31 años y medio de cárcel, fueron rechazados por el representante del Ministerio Fiscal, que ha señalado que en este juicio «no cabe hablar de indefensión» como han hecho aquellos porque todas las actuaciones desarrolladas «cumplen los requisitos para justificar» las decisiones adoptadas.