Entrevista

Margarita Martín Cabrera: «La inactividad sancionadora de Pájara es absoluta»

29/07/2018

Detrás de numerosos procesos judiciales relacionados con los ayuntamientos de Pájara y Tuineje, está Martín Cabrera como denunciante. Exconcejala de Tuineje y expresidenta de Votemos Fuerteventura, asegura que ha sufrido amenazas e intentos de lesiones por su actividad fiscalizadora, pero por encima de todo afirma sentirse satisfecha de haber cumplido con los vecinos.

- Está usted detrás de las 14 denuncias judiciales contra el exalcalde de Tuineje, Salvador Delgado, una de las cuales le acarreó la dimisión. ¿Por qué empezó por Tuineje su tarea de investigación de posibles ilegalidades?

- Sí, estoy detrás de las denuncias a Salvador Delgado, de las 14 ó más. Desconozco si hay algún otro denunciante. No llevo un control exhaustivo de estos procedimientos judiciales. Antes de la primera denuncia que le ha acarreado la dimisión, yo le solicité vía registro de entrada en el Ayuntamiento, que revisase de oficio esas licencias. Cualquier administración tiene potestad legal para revisar sus propios actos y anularlos si no se ajustan a derecho. Le estaba advirtiendo y pretendía evitarle la vía penal con la consiguiente condena. Eso fue en el año 2011 y no le denuncié en Fiscalía hasta 2014. Y, después de esa denuncia, fueron cayendo el resto. Y, también de otros Ayuntamientos. No sólo Pájara. También he presentado, hace pocos meses, seis denuncias en Fiscalía que afectan a ganaderías dentro del Parque Rural de Betancuria, ese Ayuntamiento norteño ni siquiera respondió a mi solicitud de Información Pública acerca de esas instalaciones. Mi tarea de investigación en el Ayuntamiento de Tuineje comenzó en 2011, porque entré de Concejala por las listas del PSOE (como independiente) en la oposición. Mi obligación legal era fiscalizar la gestión de los que gobernaban o habían gobernado. Para eso me habían colocado ahí los vecinos en aquellas elecciones. Me siento satisfecha de haber cumplido.

- De las denuncias presentadas contra el exalcalde de Tuineje, ¿cuál le parece más lesiva para los vecinos y para los intereses del Ayuntamiento?

Es difícil ceñirme a su pregunta. Antes debo clarificar ciertos matices. Yo siempre denuncio hechos presuntamente ilícitos. Los presuntos autores los depura, primero Fiscalía en su Investigación Preprocesal y luego el Juez en el correspondiente procedimiento penal que se deriva por denuncia del Ministerio Fiscal actuando de oficio. Por ello, no sólo Salvador Delgado tiene múltiples investigaciones judiciales abiertas. También el Exalcalde Gonzalo Báez tiene señalada vista oral en un procedimiento penal, para el 23 de enero próximo. Muchos Concejales y exconcejales se encuentran inmersos como investigados en distintas causas penales. Lo más lesivo para el Ayuntamiento de Tuineje y para todos los vecinos, serán aquellos sentencias recaídas en procedimientos, por las que se ordene al Ayuntamiento revisar y revocar licencias urbanísticas de negocios que vienen funcionando bajo una aparente legalidad. Esas personas, físicas o jurídicas, se encontrarán en la situación legal de "perjudicados" y tendrán derecho, llegado el momento, a reclamar al Ayuntamiento daños y perjuicios. Y, el Ayuntamiento estará obligado a asumir su responsabilidad patrimonial. Distinta será, la responsabilidad civil que deban asumir los condenados, si procediera. Aquí, el supuesto quizás más costoso que se pudiera dar sería el de Funeraria Padrón y el Tanatorio que tiene en el Polígono El Cuchillete. Supuesto distinto es el de los infractores afectados por sentencias donde puedan ser condenados ediles por prevaricación por omisión que, es lo que comúnmente entendemos como, mirar para otro lado cuando se tenía la obligación legal de ejercer la potestad sancionadora. Aquí el Ayuntamiento estaría obligado a tramitar los correspondientes expedientes sancionadores y, estos infractores a pagar las sanciones impuestas, cerrar sus negocios, derribar a su coste lo construido ilegalmente, etc., según lo que proceda en cada caso concreto. El caso más aberrante es el de la empresa Framatea S. L, propietaria de la Lavandería El Cardón, porque ejerce su actividad de manera supuestamente ilegal sin licencia de actividad clasificada y, además, ha ocupado la mayor parte de las zonas de retranqueo de esa nave, donde se ubica en El Cuchillete, por edificaciones ilegales e ilegalizables. Con este tema, el concejal de Urbanismo de Tuineje se viene arriesgando demasiado.

- ¿Es cierto que el anuncio de precinto de los dos hoteles de la cadena familiar Pérez Saavedra en Costa Calma es a consecuencia de otra denuncia suya por presunta prevaricación del Ayuntamiento de Pájara en las irregularidades urbanísticas del sur?

-Sí, han tenido que ver mis denuncias. Pero no necesariamente al cien por cien. A veces, en el municipio de Pájara también mis denuncias coinciden con las de otro vecino que denuncia muchas infracciones relacionadas con las empresas de la familia Pérez Saavedra. No voy a dar su nombre. En este caso de los hoteles, yo denuncié ante el Ayuntamiento al Hotel Costa Calma Beach Resort, después denuncié ante Fiscalía la potabilizadora de Costa Calma y la Farmacia, porque hacía casi cuatro años que había solicitado esa documentación al Ayuntamiento, donde quedaba clara la ilegalidad. Y, la inactividad sancionadora venía siendo absoluta. También hay procedimientos penales, derivados de esta inactividad, que se han iniciado por denuncia de Fiscalía al Juzgado, a raíz de sus propias investigaciones en otros casos.

- ¿Qué más ha denunciado en Pájara?

- En Pájara también denuncié, a Fiscalía, las presuntas irregularidades que un informe de auditoría advertía acerca de la mercantil municipal Gesturpa S.L. En este caso se encuentra investigado el Vicepresidente del Cabildo y Consejero de Turismo, Blas Acosta. Otra, la Estación de Servicio del Muelle de Morro Jable, propiedad de una empresa vinculada a los Herederos de Rodríguez Curbelo, que denuncié ante el Ayuntamiento en 2014 y ahora, con la que está cayendo, hace menos de un mes que han venido a incoar el expediente sancionador, cuatro años después. Otra es, la ganadería y quesería Rincón de las Hermosas, que Lázaro Cabrera Rodríguez construyó dentro del espacio protegido Montaña de Cardón, para su hijo mayor, cuando ocupaba la Consejería de Medio Ambiente en el Cabildo. Será el hijo quien deba asumir las consecuencias, con una petición fiscal de cinco años y cinco meses de cárcel y 173.000 euros de multa. También, y después de cansarme de denunciar de manera reiterada ante el ayuntamiento la cantidad de edificaciones, ilegales e ilegalizables, realizadas también por las empresas vinculadas a la familia Pérez Saavedra, en zona verde pública de Costa Calma, lo puse en conocimiento de Fiscalía; una de estas edificaciones es un restaurante al que el ayuntamiento obligó cerrar y que estos infractores ha vuelto a reabrir hace unos meses. Podría tratarse de un presunto delito de desobediencia grave. Esto es lo más destacable en Pájara.

- ¿Qué Ayuntamiento majorero salva de la quema de sucesivas irregularidades?

- No sé si se salvará alguno. Lo que puedo decir es que aún no he investigado ni en Antigua ni en Puerto del Rosario.

- ¿En qué político de Fuerteventura cree usted?

- En ninguno. Cuando fui a Tuineje en aquellas elecciones de 2011 en la lista del PSOE, comprobé que una cosa es lo que se dice cuando se aspira a ocupar el poder y otra muy distinta cuando nada más cerradas las urnas se husmean posibilidades de reparto del pastel. Ahora, y desde hace un año, soy afiliada de Votemos Fuerteventura. Durante seis meses ejercí de presidenta del partido, hasta que presenté mi dimisión el pasado dos de junio. Los acercamientos preelectorales que se pretenden, siento que coartan mi libertad de expresión y de actuación. Y, como tampoco quiero ir en lista electoral alguna, mi deseo es seguir con la misma independencia de la que he venido gozando desde 2011, para opinar, investigar y denunciar.

- ¿Está de acuerdo con la política que lleva a cabo su compañero de partido de Votemos en La Oliva, Alvaro de Astica?

- Álvaro de Astica, mi compañero de partido, investiga al Ayuntamiento de La Oliva y denuncia ante Fiscalía. Yo me dedico al sur y estoy totalmente desvinculada de ese Ayuntamiento. Le apoyo en los fines que persigue, pero no comparto las formas. Eso no quiere decir que el método de uno sea mejor que el del otro.

- ¿Aún no ha encontrado nada digno de denunciar en el Cabildo?

- No le he investigado. Investigo sola. Para cada caso debo solicitar mucha información, a veces de manera reiterada y a distintas administraciones. Tampoco soy jurista ni cuento con asesoramiento de profesionales del ramo y eso me obliga a invertir mucho tiempo y esfuerzo estudiando. La satisfacción es que todos los días aprendo cosas nuevas.

- ¿Qué consecuencias ha tenido en su vida privada las demandas contra Tuineje o Pájara?

- He sufrido amenazas e intentos de lesiones desde 2012, pero mi vida diaria la llevo con total normalidad. Mi vida laboral la ejercí, desde los 24 años hasta mi pronta jubilación, como Técnico de Instituciones Penitenciarias. Fue una época difícil de la lucha antiterrorista y me acostumbré a ser muy precavida y a adoptar pequeñas medidas de seguridad cotidianas. Esto para mí sólo es una pequeña rutina integrada dentro de la normalidad. No me cuesta esfuerzo ni me obsesiona.

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