Los CIE como «prisiones» temporales para dar respuesta a la inmigración irregular en Europa

29/06/2018

Para María Greco, técnica de migraciones del Servicio de Atención, Asesoramiento e Información a la Población Migrante (SAAIM), el cierre del CIE El Matorral es «una alegría», porque «no hay que perder de vista» que a los internos «se les está privando de libertad por una falta administrativa», esto es, por acceder a territorio español de forma irregular, pero «sin haber cometido ningún delito».

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La privación de libertad, señala Greco, «es excesiva» y habría que habilitar «otro tipo de medidas que no sean de internamiento o prisión».

Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional y SOS Racismo han denunciado la existencia de los CIE, sobre todo desde que en 2009, en adaptación a una Directiva de la UE, España modificara la Ley de Extranjería ampliando el periodo de estancia en los CIE de 30 a 60 días, el límite máximo permitido por la Directiva. Greco no se muerde la lengua al asegurar que los CIE «han pasado a ser lugares de prisión» en los que no se permite entrar a organizaciones no gubernamentales para asesorar a los internos sobre sus derechos o, al menos, para saber quiénes son e informar a sus familiares de que han sobrevivido a la travesía en el mar. Entre los derechos vulnerados no se descarta el de asilo, ya que, en ocasiones, debido a la falta de traductores, es difícil aclarar si algunas personas llegan huyendo de un país a consecuencia de que estaban siendo perseguidos por razones de tipo político, religioso, sexual, etcétera.

Así, la controversia sobre el papel de los CIE y sobre si en los mismos se respetan los derechos humanos está servida desde su creación, como también está sobre la mesa el debate sobre cómo afrontar el problema de la inmigración irregular que llega a Europa en últimas décadas.