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Las Clavellinas, visto para sentencia

Las Clavellinas, visto para sentencia

Después de catorce años de tramitación y dos días de vista oral, el llamado caso de las Clavellinas quedó ayer visto para sentencia, ratificando las penas solicitadas por la Fiscalía de seis años de inhabilitación de los seis exediles de La Oliva, entre ellos Domingo González, ya inhabilitado por nueve años por otro caso.

Catalina García y Puerto del Rosario

Jueves, 1 de enero 1970

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La segunda y última jornada del juicio del llamado caso de las Clavellinas por un presunto delito de prevaricación administrativa de seis exediles de La Oliva, entre ellos el exalcalde de La Oliva Domingo González Arroyo, terminó con la ratificación de la solicitud de las mismas penas por parte de la Fiscalía y las dos acusaciones particulares. Ni siquiera añadieron muchos datos nuevos la declaración de los seis últimos testigos, la mayoría de los cuales se limitó a repetir «no sé» o «no me acuerdo» ante las preguntas de los letrados.

La pena de seis años de inhabilitación para cargo público solicitó la fiscal por entender que el exalcalde Domingo González Arroyo y los cinco exediles de su grupo de gobierno municipal cometieron un supuesto delito de prevaricación al votar, en el pleno del 7 de agosto de 1999, a favor de la enajenación de 12,5 hectáreas de un total de 23 hectáreas donadas por Guy van Daele a los vecinos de Corralejo. «Lo hicieron a sabiendas de esa condición de la donación realizada en 1982 se estaba incumpliendo», a lo que añadió que «todos los ediles conocían plenamente que el suelo era para satisfacer las necesidades de los ciudadanos».

La Fiscalía también considera probado que el expediente de enajenación de suelo para la venta no contaba con los informes técnicos y jurídicos preceptivos, «de hecho el propio secretario municipal testificó que el informe jurídico debía estar sobre la mesa en el pleno y que él elaboró en enero del 2000 y donde manifestaba su desconfianza por el incumplimiento de la condición de la donación». El ministerio fiscal también apunto a «la vulneración de la Ley de las Haciendas Locales» que supuso que los ingresos de una enajenación de terrenos se destinara a pagar una deuda municipal, esto es a gastos corrientes.

El abogado de la acusación particular ejercida por Difusión Comercial e Inmobiliaria, Luis Val, se adhirió a las peticiones de la Fiscalía para los seis exediles y se ratificó en su solicitud de indemnización de 1,5 millones de euros por incumplimiento de la donación, apreciando además que «ninguno de los concejales se ha excusado y todos se han responsabilizado de sus actos». Juan David García, letrado de la acusación popular, la de la asociación de vecinos Las Clavellinas (cuya querella en 2003 dio origen a este caso), también se confirmó en los tres delitos que aprecia: prevaricación administrativa, seis años de inhabilitación para los seis exediles; malversación de caudales públicos, seis años de prisión para el exalcalde González Arroyo; y apropiación indebida «porque desapareció un cheque de dos millones de pesetas», otros tres años de prisión para el exprimer edil.

Además de solicitar la imposición de las costas procesales a la asociación de vecinos Las Clavellinas por dos delitos, el letrado de cinco exediles, Javier Artiles, solicitó la libre absolución de sus defendidos y dio fe de que el donante se benefició con la promesa del Ayuntamiento de impulsar su plan parcial.

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