González se arriesga a la cárcel por atrincherarse como alcalde

01/02/2019

La Fiscalía le imputa usurpación de funciones públicas (o prevaricación) y coacciones que presuntamente cometió en 2015 cuando se negó a dejar el cargo de primer edil de La Oliva

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Domingo González Arroyo, exalcalde de La Oliva, se enfrenta a un nuevo juicio el próximo martes, 5 de febrero, por dos presuntos delitos, de usurpación de funciones públicas y de coacciones, por los que la Fiscalía pide prisión, aunque plantea dos condenas: una de un total de cuatro años de prisión; y otra doce años de inhabilitación para cargo público y un año de prisión, en el caso de no probarse la usurpación y sí la prevaricación. Entre el 24 de junio y el 30 de diciembre de 2015, el también presidente del PPMajo se resistió a dejar el cargo de primer edil del norte, a pesar de contar con una sentencia de inhabilitación, y trató de impedir por todos los medios -incluido el cambio de cerraduras de las casas consistoriales y del propio despacho de alcaldía- la celebración del pleno de elección de nuevo alcalde.

El Ministerio fiscal sostiene que González Arroyo tenía «perfecto conocimiento» de la sentencia condenatoria del 24 de junio que le inhabilitaba por prevaricación durante nueve años en el caso de la cantera del Lomo del Pájara. También que retrasó al 24 de noviembre de 2015 la toma de conocimiento del fallo judicial por el pleno de La Oliva y por tanto la concurrencia de la llamada de incompatibilidad sobrevenida para el desempeño de las funciones como alcalde, pasando a nombrarse a Pedro Amador como alcalde en funciones.

A pesar de todos estos pasos legales, Domingo González se resistió a dejar el cargo y se empecinó aún más en el atrincheramiento incluso cuando la junta electoral central envió el 17 de diciembre de 2015 la credencial del concejal del PPMajo que le iba a sustituir en el Ayuntamiento. Es más, y como añade el fiscal, entre el 2 y el 17 de diciembre, dictó «múltiples decretos», desde concesiones de subvenciones hasta expedientes de modificación de créditos.

El rosario de desatinos culminó el 22 de diciembre de 2015, cuando «a sabiendas de la ilegalidad de su proceder, atribuyéndose una función y una condición que ya no poseía, firmó dos decretos de delegación de competencias en dos concejales del PPMajo y otro más avocando las competencias a Pedro Amador como primer teniente de alcalde. Para remate, «con la finalidad evidente de impedir el adecuado desempeño de las funciones propias del alcalde que correspondían a Pedro Amador», González Arroyo ordenó cambiar las cerraduras del Ayuntamiento con el objetivo de impedir la celebración del pleno convocado para el día 23 de diciembre por Amador, alcalde en funciones y legítimo, entre cuyos puntos figuraba la toma de posesión del concejal del PPMajo que le sustituiría y la elección del nuevo primer edil.

En definitiva, González continúo ejerciendo como alcalde hasta el 30 de diciembre de 2015, cuando los agentes de la Policía Local de La Oliva le desalojaron del Ayuntamiento, poniendo fin a semanas de espectáculo.

Dos condenas y el papel de Votemos La Oliva

La Fiscalía plantea dos penas en función de dos tipos de delitos para González Arroyo: si se prueban la usurpación y las coacciones, solicita tres y un año de prisión; pero si finalmente se apunta a prevaricación y coacciones, la condena se reduciría a doce años de inhabilitación por el primer delito y a un año de prisión por las coacciones. Destacar por último que, si González vuelve a sentarse en el banquillo el día 5, fue por denuncia de Votemos.