Cerrado por falta de pateras

24/06/2018

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Fuerteventura cierra sus puertas. El nuevo Gobierno de España considera que los centros de Gran Canaria y Tenerife son suficientes para próximos años. La medida es bien acogida entre sectores políticos y organizaciones humanitarias en la isla; para otros es una operación de marketing y una irresponsabilidad que deja a la isla sin infraestructura ante posibles oleadas de pateras.

El nuevo ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaba esta misma semana el cierre «tanto administrativo como operativo» del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de El Matorral (Puerto del Rosario), que, aunque fuera de uso desde el año 2012, no se había clausurado ante la posibilidad de nuevas oleadas de pateras. Se cierra también así, al menos por el momento, un capítulo de la historia de Fuerteventura que para algunos alberga sombras.

Atrás quedan los años en que las costas de Fuerteventura se vieron desbordadas por el fenómeno migratorio. Hoy, en vez de a las majoreras, las pateras llegan más a las costas de Lanzarote o de Gran Canaria, o bien son detectadas en alta mar y sus ocupantes trasladados a los CIE habilitados. En Gran Canaria se mantiene operativo el de Barranco Seco, que, junto al de Hoya Fría, en Tenerife, siguen recibiendo a los inmigrantes que arriesgan sus vidas en el mar para llegar a España. Algunos solo ven en el cierre del CIE de El Matorral una operación de marketing del nuevo gobierno; otros ven una irresponsabilidad que deja a la isla sin infraestructura si se repitiera el fenómeno. Para el gobierno del PSOE, sin embargo, el cierre atiende «al número de migrantes que llegan a Canarias» y a que, debido a las «previsiones» para estos años, «no va a ser necesaria la utilización» del CIE de El Matorral.

Hay que recordar que, pese a llevar años sin personas retenidas en el mismo, al CIE majorero se han seguido derivando anualmente recursos económicos del Estado en conceptos de alimentación, servicio médico y mantenimiento, gastos que el gobierno del PP justificó justamente en base a la posibilidad de que repuntara el fenómeno migratorio. Entre sectores políticos de Fuerteventura, sin embargo, ha sido mayoritariamente bien acogida la decisión de esta semana de cerrar el CIE, salvo en el PP, donde recuerdan que «están volviendo a llegar pateras a Canarias».

El fenómeno de las pateras comenzó en torno al año 1996. Gerardo Mesa Noda, hoy presidente de Cruz Roja en Canarias y expresidente del Cabildo de Fuerteventura, recuerda que los primeros en llegar fueron unos pescadores saharauis que, debido a la represión y a que no les dejaban vender el pescado en su propia tierra, decidieron poner rumbo con su pequeña embarcación hacia una luz que de noche parpadeaba en el horizonte: el faro de La Entallada, en Fuerteventura. Las mafias se percataron de la huida de los pescadores y vieron un filón que no estaban dispuestas a desaprovechar. Por entonces se habían intensificado los controles en el Estrecho de Gibraltar, así que la ruta canaria ganó enteros y en años posteriores llegaron sucesivas oleadas de pateras que se plasmarían en imágenes de medios de comunicación que dieron la vuelta al mundo. Fuerteventura se enfrentaba así a un fenómeno desconocido hasta entonces para la isla. Administraciones en la isla, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Cruz Roja y otras entidades, prácticamente sin recursos humanos ni materiales ni infraestructura alguna para hacer frente a emergencias humanitarias, tuvieron que coordinarse entre sí. Al principio se habilitó la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura, en desuso tras una ampliación, para albergar a los ocupantes de las pateras, pero las condiciones de salubridad dejaban mucho que desear, sobre todo porque en ocasiones llegaron a haber hasta 1.000 personas al mismo tiempo: «Allí estaban masificados, con colchones por el suelo que nosotros recogíamos de los hoteles cuando los cambiaban, y solo habían los lavabos de la terminal: tres para los hombres y tres para las mujeres», explica Mesa. Años más tarde se habilitarían instalaciones militares del campamento Valenzuela, en El Matorral, para ubicar un CIE, donde «las condiciones mejoraron un poco», añade el presidente de Cruz Roja en Canarias, ya que los internos al menos «podían salir al patio a jugar a la pelota».

Tal y como han puesto de manifiesto diversas organizaciones humanitarias, siempre han existido dudas sobre las condiciones en las que se hallan retenidos los inmigrantes irregulares en los CIE. Aunque legalmente no son prisiones, en sus efectos el resultado es similar: los internos pueden estar retenidos un máximo de dos meses y, durante ese tiempo, no se les permite abandonar las instalaciones al menos hasta que se aclare su situación legal.

Los CIE como «prisiones»

Para María Greco, técnica de migraciones del Servicio de Atención, Asesoramiento e Información a la Población Migrante (SAAIM), el cierre del CIE El Matorral es «una alegría», porque «no hay que perder de vista» que a los internos «se les está privando de libertad por una falta administrativa», esto es, por acceder a territorio español de forma irregular, pero «sin haber cometido ningún delito». La privación de libertad, señala Greco, «es excesiva» y habría que habilitar «otro tipo de medidas que no sean de internamiento o prisión».

Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional y SOS Racismo han denunciado la existencia de los CIE, sobre todo desde que en 2009, en adaptación a una Directiva de la UE, España modificara la Ley de Extranjería ampliando el periodo de estancia en los CIE de 30 a 60 días, el límite máximo permitido por la Directiva. Greco no se muerde la lengua al asegurar que los CIE «han pasado a ser lugares de prisión» en los que no se permite entrar a organizaciones no gubernamentales para asesorar a los internos sobre sus derechos o, al menos, para saber quiénes son e informar a sus familiares de que han sobrevivido a la travesía en el mar. Entre los derechos vulnerados no se descarta el de asilo, ya que, en ocasiones, debido a la falta de traductores, es difícil aclarar si algunas personas llegan huyendo de un país a consecuencia de que estaban siendo perseguidos por razones de tipo político, religioso, sexual, etcétera.

Así, la controversia sobre el papel de los CIE y sobre si en los mismos se respetan los derechos humanos está servida desde su creación, como también está sobre la mesa el debate sobre cómo afrontar el problema de la inmigración irregular que llega a Europa en últimas décadas.