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El Gobierno rechaza el convenio de la obra del paseo marítimo

El Gobierno rechaza el convenio de la obra del paseo marítimo

A pesar de que la obra de continuación del paseo marítimo hasta Playa Blanca cuenta con financiación, el Ministerio de Medio Ambiente rechaza el convenio que el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias le presentan borrador tras borrador. La obra cuesta 2,8 millones de euros, divididos en dos anualidades.

Jueves, 1 de enero 1970

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Hasta una decena de borradores del convenio para las obras del paseo marítimo hasta Playa Blanca ha rechazado el Ministerio de Medio Ambiente. Coalición Canaria (CC) de Puerto del Rosario se queja de la falta de colaboración y de que el Gobierno central le reclama «continuamente» que realice nuevas modificaciones en el proyecto.

El importe global estimado para la obra es de 2.943.527 euros: 250.000 para la presente anualidad de 2018; y los 2.693.527 restantes para el 2019. El 100% de esta cuantía será aportada por el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias a través del Fdcan, recuerda CC de Puerto del Rosario, que no entiende por qué pone tantas trabas Medio Ambiente, habida cuenta de que ya tiene presupuesto. «El Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias se han encargado de conseguir el total del presupuesto y eso que las obras en dominio público marítimo-terrestre no son competencia de ninguna de estas instituciones sino del Gobierno central».

El paseo hasta Playa Blanca tiene una longitud de 1,4 kilómetros y enlazará desde el lateral del hotel El Mirador (antiguo Parador de Turismo) hasta el lugar donde finaliza el actual tramo del paseo ya existente, cerca de los hornos de cal. El paseo cuenta con áreas de descanso, miradores y acceso a la playa, y discurrirá de forma paralela al actual camino de tierra existente. En su diseño se ha buscado dar continuidad al tramo ya existente, manteniendo la misma tipología.

Para poder comenzar los trabajos, el Ministerio debe aprobar el convenio tantas veces rechazado y poner todos los terrenos necesarios a disposición del Ayuntamiento, tanto los expropiados como los pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre.

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