El fiscal pide seis años de cárcel para el jefe del servicio de agricultura del Cabildo

12/09/2019

La Audiencia juzga la próxima semana a seis acusados, entre ellos el funcionario del Cabildo al que se le imputan cuatro presuntos delitos: negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos

Canarias7 / Las Palmas de Gran Canaria

Seis años de prisión, diez años de inhabilitación absoluta para empleo público, 10.800 euros de multa y abono de las costas solicita la Fiscalía para el jefe de la unidad de agricultura, ganadería y pesca del Cabildo de Fuerteventura por cuatro supuestos delitos: prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos y un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. En el mismo entramado relacionado con la concesión de subvenciones al sector ganadero entre 2000-2013 y desde 2012, también están acusados en calidad de cooperadores necesarios un sobrino del funcionario, tres ganaderos presidentes de sendas agrupaciones de defensa sanitaria y un empresario de maquinaria agrícola.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzga el martes y el miércoles de la próxima semana a los seis acusados de un caso en el que no ha acreditada la participación de ocho personas más, entre ellos otros ganaderos, la consejera insular de Agricultura y varios trabajadores del mismo departamento. En el caso del sobrino del jefe de servicio del Cabildo y administrador único de una empresa ganadera beneficiaria de las subvenciones presuntamente otorgadas por el tío, el fiscal pide dos años y tres meses de prisión, inhabilitación absoluta por cinco años, 3.000 euros de multa y abono de las costas procesales por los mismo cuatro delitos.

Para los tres ganaderos de las asociaciones de defensa sanitaria y al empresario, el ministerio fiscal apunta a imponerles a cada uno la pena de cinco meses de multa con una cuota diaria de 15 euros (2.250 euros en total ) y abono de costas por un supuesto delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a funcionares públicos. Al empresario de maquinaria agrícola también se le solicita 20 meses de cárcel y un multa diaria de 30 euros durante nueves meses (que suman 8.100 euros).

Incompatibilidad de cargos

La Fiscalía sostiene que, al menos entre 2000 y 2013, el funcionario público es presuntamente responsable del otorgamiento de subvenciones del sector primario a tres asociaciones de defensa sanitaria ganaderas «a sabiendas de la manifiesta incompatibilidad entre ambas actividades y de la ausencia de respaldo legal alguno». El trabajador público ejerció como administrador único de la mercantil Microtón Fuerteventura primero y después, desde 2012, su sobrino se hizo cargo de la entidad sucesora, esto es Servicio Agrarios Capraria.

Ambas empresas dedicadas a la prestación de servicios sanitarios veterinarios «y en connivencia con los presidentes» de las tres asociaciones de defensa ganaderas a las que la Corporación Insular dio subvenciones «cobraron por los servicios sanitarios animales prestados y expidieron facturas con las que estas agrupaciones justificaron ante el referido Cabildo las subvenciones recibidas». El fiscal cifra en 300.000 euros el total de ayudas públicas de la Consejería del sector primario desviadas de esta manera a las tres agrupaciones que luego supuestamente contrataron los servicios veterinarios de las dos empresas relacionadas con el funcionario y su familiar.

10.150 euros al tractor agrícola

La Fiscalía añade además que el principal acusado, «a sabiendas de su ilegalidad y para beneficiar sin justificación y con el correlativo perjuicio para la administración pública», subvencionó 10.150 euros a su propia empresa en 2012 para comprar un tractor agrícola.

Además de los 300.000 euros que dio a tres agrupaciones ganaderas que luego contrataron supuestamente los servicios de sus dos empresas, el funcionario dio 10.150 euros a su empresa para la comprar del tractor agrícola que resolvió «el mismo día que su sobrino presenta factura justificativa de compra de la máquina», a pesar de que aseguró que se había «girado visita de comprobación y visto el tractor».