Declaran los seis investigados por las subvenciones a las ADS

18/09/2019

La Fiscalía apunta a un entramado en el que, presuntamente, estarían implicadas tres entidades mercantiles y tres Agrupaciones de Defensa Sanitaria, y que se habría saldado con la concesión irregular de subvenciones por «más de 300.000 euros» entre los años 2000 y 2013

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebró ayer en Puerto del Rosario la primera sesión del juicio relacionado con la concesión de subvenciones públicas presuntamente irregulares a las denominadas Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) entre los años 2000 y 2013. En el banquillo se sentaron en calidad de investigados, por su presunta implicación en el caso en diversos momentos durante el periodo señalado, los siguientes: Casto Berriel, jefe de la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, además administrador único de la entidad Microtón Fuerteventura S.L.; Rafael Berriel, sobrino del anterior y administrador único de la entidad Servicios Agrarios Capraria S.L.; Blanca Lidia Chacón, presidenta de la ADS Teberite; María del Pino Calcines, presidenta de la ADS Tajorase; Rubén Curbelo, presidente de la ADS Tinea; y José Jesús García, administrador único de la entidad Rudán Suministros Industriales S.L., en este último caso investigado exclusivamente por su presunta vinculación con la concesión de una subvención para la adquisición de un tractor por parte de la entidad Servicios Agrarios Capraria S.L.

El Ministerio Público señala a Casto Berriel, en su calidad de jefe de la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, como «partícipe responsable» de las concesiones en materia de agricultura, ganadería y pesca concedidas en el periodo señalado a las ADS Teberite, Tajorase y Tinea, mientras habría desempeñado «a la misma vez y durante el mismo lapso» los cargos de «administrador único de la entidad mercantil Microtón Fuerteventura S.L.» y de «administrador de hecho de la entidad Servicios Agrarios Capraria S.L.». El Ministerio Público añade que habría ejercido los señalados cargos «a sabiendas de la manifiesta incompatibilidad entre ambas actividades y de la ausencia de respaldo legal alguno».

Microtón Fuerteventura S.L. y Servicios Agrarios Capraria S.L. prestaban servicios sanitarios veterinarios a dichas ADS, cuyos presidentes «en nombre de estas solicitaron las referidas subvenciones que luego se concedieron, cobraron por los servicios sanitarios prestados y expidieron las facturas con las que dichas Agrupaciones ganaderas justificaron ante el referido Cabildo las subvenciones respectivamente recibidas para el ejercicio de la referida actividad sanitaria animal», según el escrito del acusación de la Fiscalía. Las subvenciones concedidas habrían ascendido en dicho periodo «a más de 300.000 euros».

Subvención para un tractor

También se investiga la presunta concesión irregular de una subvención de 9.000 euros a Servicios Agrarios Capraria S.L. para la compra de un tractor agrícola presupuestado en 10.150 euros. En este caso, según la Fiscalía, Rudán Suministros Industriales S.L., «a instancia de los acusados Casto Berriel y Rafael Berriel», habría «confeccionado» una factura «en la que se consigna la venta por parte de dicha entidad [Rudán Suministros Industriales S.L.] a la mercantil Servicios Agrarios Capraria S.L.» del tractor, «a sabiendas de su falsedad por cuanto la sociedad vendedora nunca fue titular del referido vehículo agrario y, consecuentemente, nunca lo vendió».

Delitos imputados

Con respecto al delito de negociaciones y actividades prohibidas, la Fiscalía considera «autor» a Casto Berriel y «cooperadores necesarios» a Rafael Berriel, María del Pino Calcines, Blanca Lidia Chacón y Rubén Curbelo. Con respecto al delito de falsedad de documento mercantil, considera «autor» a José J. García e «inductores» a Casto Berriel y Rafael Berriel. Con respecto al delito de prevaricación administrativa, considera «autor» a Casto Berriel y «cooperador necesario» a Rafael Berriel.

Penas solicitadas

Todos los acusados esgrimieron en la primera sesión del juicio que creían haber actuado conforme a la ley. La Fiscalía ha pedido para ellos diversas penas en función de los delitos imputados. Destacan las siguientes: 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación a Casto Berriel; 2 años de prisión a Rafael Berriel; y 20 meses de prisión a José Jesús García. Para los presidentes de las ADS no se pide prisión, aunque sí multas.