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El juez Lis niega que haya sentencia firme para suspenderle

El juez Lis niega que haya sentencia firme para suspenderle

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) comunicó ayer al juez Rafael Lis el inicio de la suspensión de funciones por seis meses, desde el 1 de mayo, tras el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Liz fue sancionado y recurrió al Supremo que al parecer no ha fallado sobre el fondo, además de estar pendiente una recusación.

Jueves, 1 de enero 1970

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La decisión anunciada ayer martes, se adopta pese a estar pendiente de resolverse el recurso en vía administrativa interpuesto por el magistrado Lis Estévez contra la decisión del presidente del TSJC, Antonio Doreste. La orden de Doreste solamente se podría paralizar si así lo estimara oportuno el Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de los jueces españoles», según la nota remitida ayer a los medios por el TSJC.

Sin embargo la versión del juez Lis Estévez es bien distinta, pues señala que ni el TSJC ni el CGPJ tienen capacidad para ejecutar la suspensión, sino que tendría que ser el Tribunal Supremo (TS) quien ordenara ejecutar, en el caso de existir sentencia firme, que aún no la hay.

Según el magistrado, está pendiente, no solamente el recurso potestativo que ayer mismo presentó contra la orden de ejecución del TSJC, sino que todo el expediente está parado en el Supremo, a la espera de que se resuelva una recusación del propio Rafael Lis contra el magistrado ponente de la Sala Tercera, de la Sección Sexta de lo Contencioso Administrativo, Jorge Rodríguez Zapata Pérez, por supuesta pérdida de imparcialidad sobrevenida.

Lis señala que solo existe un auto del Supremo del pasado marzo que le deniega la solicitud de paralización cautelar de la suspensión que acordó el CGPJ, por cinco votos contra cuatro, con el voto de calidad del presidente. Contra dicho auto cabe recurso y está ya presentado.

El que fuera en su momento juez decano de Las Palmas de Gran Canaria y candidato a presidente del TSJC, ejerce como magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife desde julio de 2013. Fue sancionado por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en septiembre de 2016, como autor de una falta muy grave, al no apartarse de una causa judicial en la había sido recusado.

En febrero de 2014 cayó por reparto de Decanato la denuncia del juez César Pamparacuatro, por la supuesta falsificación y desaparición de un centenar de autos y resoluciones del caso Unión, en la que Lis fue recusado y al parecer no se apartó de la causa, por lo que se le sanciona.

La sanción impuesta al juez Lis deriva de la denuncia del magistrado del caso Unión, César Romero Pamparacuatro (654/2014). En el trámite, Pamparacuatro recusó a Lis. Alegó que estaba contaminado, porque la mujer del juez había sido letrada de la defensa de bodegas Stratvs. La recusación se tramitó por el secretario judicial, que dio traslado a las partes, y tras hacer un informe, Lis la rechazó. Sin embargo, la Audiencia Provincial ordenó en enero de 2015 que Lis fuera apartado y le sustituyó la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Arrecife.

Pocos meses después, una vez apartado Lis del caso, curiosamente el juez Pamparacuatro presentó un escrito desdiciéndose de su denuncia por robo y falsificación de sus propios autos,; y señaló que todo estaba correcto, por lo que se archivó.

El pleno del CGPJ confirmó la suspensión de Lis en septiembre de 2016. Lis recurrió al Supremo, pidiendo la suspensión cautelar, que fue desestimado por auto en marzo pasado, pero el fondo no se ha resuelto. El magistrado es el que instruye la denuncia de los Centros Turísticos con Carlos Espino, denunciante del caso Unión.

recusación pendiente. Según el magistrado, está pendiente, no solamente el recurso potestativo que ayer mismo presentó contra la orden de ejecución del TSJC, sino que todo el expediente está parado en el Supremo, a la espera de que se resuelva una recusación del propio Rafael Lis contra el magistrado ponente de la Sala Tercera, de la Sección Sexta de lo Contencioso Administrativo, Jorge Rodríguez Zapata Pérez, por supuesta pérdida de imparcialidad sobrevenida.

Lis señala que solo existe un auto del Supremo del pasado marzo que le deniega la solicitud de paralización cautelar de la suspensión que acordó el CGPJ, por cinco votos contra cuatro, con el voto de calidad del presidente. Contra dicho auto cabe recurso y está ya presentado.

El que fuera en su momento juez decano de Las Palmas de Gran Canaria y candidato a presidente del TSJC, ejerce como magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife desde julio de 2013. Fue sancionado por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en septiembre de 2016, como autor de una falta muy grave, al no apartarse de una causa judicial en la había sido recusado.

En febrero de 2014 cayó por reparto de Decanato la denuncia del juez César Pamparacuatro, por la supuesta falsificación y desaparición de un centenar de autos y resoluciones del caso Unión, en la que Lis fue recusado y al parecer no se apartó de la causa, por lo que se le sanciona.

La sanción impuesta al juez Lis deriva de la denuncia del magistrado del caso Unión, César Romero Pamparacuatro (654/2014). En el trámite, Pamparacuatro recusó a Lis. Alegó que estaba contaminado, porque la mujer del juez había sido letrada de la defensa de bodegas Stratvs. La recusación se tramitó por el secretario judicial, que dio traslado a las partes, y tras hacer un informe, Lis la rechazó. Sin embargo, la Audiencia Provincial ordenó en enero de 2015 que Lis fuera apartado y le sustituyó la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Arrecife.

Pocos meses después, una vez apartado Lis del caso, curiosamente el juez Pamparacuatro presentó un escrito desdiciéndose de su denuncia por robo y falsificación de sus propios autos,; y señaló que todo estaba correcto, por lo que se archivó.

El pleno del CGPJ confirmó la suspensión de Lis en septiembre de 2016. Lis recurrió al Supremo, pidiendo la suspensión cautelar, que fue desestimado por auto en marzo pasado, pero el fondo no se ha resuelto. El magistrado es el que instruye la denuncia de los Centros Turísticos con Carlos Espino, denunciante del caso Unión.

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