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El príncipe Enrique. Afp
El príncipe Enrique pierde su demanda de más seguridad

El príncipe Enrique pierde su demanda de más seguridad

El hijo de Carlos III demandó al comité que redujo su nivel de protección al abandonar las funciones de la monarquía

Iñigo Gurruchaga

Londres

Miércoles, 28 de febrero 2024, 17:27

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El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha rechazado la exigencia del príncipe Enrique de que se mantenga el más alto nivel de protección de seguridad para él y a su familia, cuando viajan al Reino Unido desde su residencia en Estados Unidos. La sentencia de 51 páginas, con numerosos tachaduras para preservar la confidencialidad, considera que la decisión de reducir su protección es legal.

Un comité dedicado a la organización de la seguridad de la Familia Real y de VIPS (personas muy importantes) decidió en febrero de 2020 reducir el nivel de protección de Enrique, su mujer, Meghan Markel, y sus hijos Archie y Lilibet, tras anunciar los duques en enero de aquel año que ya no ejercerían funciones oficiales de la monarquía.

El comité 'Ravec', que agrupa a representantes de la Familia Real, al Ministerio de Interior y al de Presidencia, y a la Policía Metropolitana de Londres, ha preservado un nivel más bajo de protección cuando está en territorio británico. El juez Sir Peter Lane considera que las medidas diseñadas a la medida para Enrique y su familia «encajaban y encajan en la ley».

El duque de Sussex, que mantiene una relación tensa con miembros de la familia real, y especialmente con su hermano Guillermo, fue transportado en una caravana de coches oficiales desde el aeropuerto de Heathrow a Clarence House cuando viajó desde Los Ángeles a Londres tras el anuncio por su padre, Carlos III, al principio de febrero, de que tiene un cáncer. Tras un encuentro breve con su padre, Enrique regresó a Estados Unidos.

Enrique también intentó que los tribunales forzasen al Gobierno a permitirle pagar por su seguridad; como hacen los clubes de fútbol, por ejemplo. Pero otro juez, en mayo del pasado año, le negó la petición. Los abogados del Ministerio de Interior argumentaron que «no es razonable que personas ricas adquieran protección privada» de servicios especializados de la seguridad del Estado.

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