La jueza del caso Grúas desoye a Clavijo

09/06/2019

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna rechaza la petición del presidente de que se archive el procedimiento. Señala que no cabe el sobreseimiento cuando están en marcha las declaraciones de testigos y una imputada.

En plena negociación de un pacto regional, el presidente del Gobierno en funciones y candidato por ahora de Coalición Canaria a la reelección, Fernando Clavijo, no logra quitarse de encima la losa del caso Grúas, por el que está siendo investigado por tres presuntos delitos encuadrados en la corrupción política: prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Con fecha del pasado día 6, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, Celia Blanco, dictó un auto en el que desestima la petición del sobreseimiento del caso que le había planteado, en representación de Clavijo, su abogado, el penalista madrileño José Antonio Choclán.

En un escueto auto, la magistrada no deja lugar para la duda. Así, en los fundamentos de derecho, señala que esa petición de archivo «no procede en modo alguno» por cuanto llega «en pleno periodo de instrucción, con pruebas admitidas y pendientes de practicar, con otras diligencias inadmitidas y pendientes de recursos». Y agrega: «En última instancia, una vez practicadas las testificales, oída la investigada, recabada la documentación... sería el momento procesal oportuno para instar esa resolución, pero no ahora, desde luego».

De esa manera resuelve tanto el escrito de José Antonio Choclán presentado en mayo, tras declarar Fernando Clavijo como investigado, como los del resto de las partes -denunciantes y Fiscalía Anticorrupción- oponiéndose a dicho archivo. Sobre esos escritos, la magistrada los define en su auto como «extenso escrito peticionario e igualmente extensos escritos de oposición». Y es que ante los 70 folios de Choclán, la fiscal María Farnés Martínez contestó con medio centenar de folios en los que no solo defendía la continuidad de procedimiento, sino que apuntaba «numerosos indicios» de delito y advertía de que pudiera haber cooperadores «necesarios» de la presunta prevaricación en la esfera administrativa del Ayuntamiento de La Laguna.

Precisamente mañana y pasado desfilarán por el juzgado lagunero los primeros testigos de la docena llamados a declarar por la jueza a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Esas declaraciones, a las que alude la magistrada en su auto de rechazo del sobreseimiento, se prolongarán hasta el mes de julio, lo que supone en la práctica que Fernando Clavijo mantendrá la condición de investigado durante todo el tiempo de negociación de pactos, constitución del Parlamento -prevista para el día 19 de junio- y previsiblemente el debate de la investidura y toma de posesión del presidente y los consejeros que designe.

Con ese escenario por delante, el pasado viernes resultó muy llamativo que el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, abriese la puerta a que su partido pusiera otro candidato a la Presidencia si persistía Ciudadanos en su negativa a apoyar a un diputado investigado por corrupción. Barragán se desdijo horas después pero tanto en Ciudadanos como en el PP se da por hecho que esa opción está en la hoja de ruta de Coalición, con el propio José Miguel Barragán y la diputada electa por Tenerife y consejera de Hacienda en funciones, Rosa Dávila, como los posibles candidatos de relevar a Clavijo en la lucha por la Presidencia.

Cabe recordar que el penalista José Antonio Choclán señaló en su escrito pidiendo el archivo del caso Grúas que la continuidad de la instrucción dañaba la proyección pública de su defendido, un argumento que la jueza ha desoído por completo. Además de los testigos, está pendiente de fijar la fecha de declaración en calidad de imputada de la que fuera directora de Seguridad y Movilidad Ciudadana de La Laguna, Rosario Hernández Eugenio, que pidió un aplazamiento para estudiar el procedimiento. En cuanto a la documentación referida en el auto, se trata de la pedida por la Fiscalía sobre el expediente de Autogrúas Poli en La Laguna y en otras administraciones, como la estatal y la cabildicia.

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