El Gobierno interviene la Sociedad de Avales y pone fin a los ‘excesos’

03/05/2020

Gran Canaria recupera el peso perdido tras unirse Sogapyme y Sogarte en Aval Canarias. ATI se hizo en 2015 con el control y en cinco años se han disparado las operaciones dudosas en Tenerife

El Gobierno de Canarias ha tomado las riendas de la sociedad de avales del archipiélago, Aval Canarias, después de que en los últimos cinco años se haya disparado al número de operaciones dudosas y su morosidad se haya disparado hasta el 20% (cuatro veces que la media de las entidades financieras).

Aval Canarias, que está llamado a ser el instrumento de financiación para que las pymes y autónomos puedan obtener liquidez en esta crisis generada por la Covid-19, nació en 2015 de la fusión de las dos entidades provinciales: Sogapyme (en Gran Canaria) y Sogarte (Tenerife) que vino motivada por un cambio en la Ley de Emprendedores y que obligaba a estas sociedades a tener un capital social de 10 millones de euros.

La fusión estuvo comandada por el Gobierno de Canarias, presidido por CC, que se arrogó la presidencia y la dirección, colocando entonces a la responsable de Sogarte, María Gracia Zamorano, en lugar de del Sogapyme, David Nin, a pesar de que todos los datos económicos y financieros avalaban la gestión de este último en detrimento de Zamorano. Como ejemplo un botón: entre 2011 y 2014 Sogapyme registró ganancias por 700.000 euros frente a unas pérdidas de 200.000 euros de Sogarte.

De nada sirvieron los datos, las cifras y las críticas que en su día lanzaron sectores empresariales de Gran Canaria y que derivaron en la marcha de la Confederación Canaria de Empresesarios (CCE) de su consejo, al no estar de acuerdo con el modelo de gestión de Tenerife. La patronal de Las Palmas ha estado cinco años fuera y se reincorporó la pasada semana tras los cambios introducidos por el nuevo Ejecutivo (PSOE-NC-Podemos- ASG).

En 2015 CC se quedó con el control de Aval Canarias que, en vista de los datos actuales, ha sido «mal utilizado» en estos cinco años como un instrumento de financiación «opaco» por Tenerife en numerosas operaciones que no van a ser pagadas, según indican fuentes cercanas.

Un reciente informe del Banco de España, apunta a la existencia de «dudas» en numerosas operaciones dadas por Aval Canarias. Su morosidad por los créditos impagados asciende a 13,4 millones de euros, a los que hay que sumar otros 7,5 millones de euros de riesgo vivo (crédito concedido) y «muy dudoso». En total, son casi 21 millones de euros de morosidad, en torno al 20%.

Ahora bien, si desgranamos esa morosidad por territorios, en la provincia de Las Palmas es de un 6% (en la media del sector) mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife se dispara hasta casi un 40%. Fuentes cercanas apuntan que, pese a la morosidad «excesiva», el coeficiente de solvencia de Aval Canarias es elevado - se sitúa en el 20%- y no tiene ningún problema de operatividad.

El Gobierno de Canarias ha intervenido para acabar con los excesos y además hará una inyección de capital por 20 millones de euros este año para convertir a Aval Canarias en el instrumento para salvar a las pymes y autónomos, facilitándoles la liquidez necesaria para sobrevivir en esta crisis. La previsión es que en 2021 aporte otros 25 millones de euros, según indican fuentes cercanas. Los cabildos de Gran Canaria y Tenerife también van a elevar su aportación, que pasará de 600.000 a 2 millones de euros cada uno.

El Gobierno ha encargado una auditoría externa para saber en qué punto se encuentra la sociedad (se prevé que la morosidad sea aún mayor cuando se analice todo en detalle) y ver qué medidas hay que aplicar para impulsarla y hacer que «coja velocidad de crucero» en medio de esta crisis.

Todas las administraciones están unidas y comparten la necesidad de hacer que Aval Canarias sea la tabla de salvación de los pequeños emprendedores isleños con avales con garantías del 100%. La Sociedad trabaja ahora el diseño del producto concreto y se prevé que en dos o tres semanas esté ya en el mercado. «Román Rodríguez está empeñado en que esto salga adelante», indican estas fuentes.

La irrupción del Ejecutivo en Aval Canarias, dirigida por el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha pasado por cambios en su consejo de administración, integrado por 12 miembros. En la presidencia se mantiene Juan Padrón (CEOE) pero en la vicepresidencia entra José Julián Istúriz (director de Contratación y Patrimonio). Por parte del Gobierno están también Dunia González (directora de Tesoro), Laureano Pérez (director de Promoción Económica) y Germán Blanco (independiente que vuelve a la sociedad después de cinco años fuera al no compartir el modelo de gestión bajo el control de Tenerife).

Se sientan también los cabildos de Gran Canaria y Tenerife y la CEOE y la CCE, que vuelve tras cinco años fuera.

Los cambios también han afectado a la dirección. El Gobierno ha propuesto a Gracia Zamorano ser directora adjunta tras su «deficitaria gestión» y colocar a David Nin como director principal. Zamorano se ha negado y ha planteado su marcha con una indemnización de 240.000 euros. El consejo no está dispuesto a realizar ese abultado desembolso.