Zerolo, condenado a 7 años de cárcel por Las Teresitas

«Engañó» a su Ayuntamiento, y con una «planificación criminal muy sofisticada» pagó 52 millones del erario por unos terrenos que no valían más de 20, a beneficio de los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia. Zerolo ha sido condenado a siete años de cárcel y 25 de inhabilitación.

ANTONIO F. DE LA GÁNDARA

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife hizo pública ayer la sentencia del caso Las Teresitas, que cierra la primera instancia penal del proceso contra los 11 acusados con seis condenas y siete absoluciones, cuatro de ellas avanzadas por la retirada de cargos en el juicio.

La Sala, compuesta por los magistrados Joaquín Astor, Fernando Paredes y Jaime Requena –ponente– condena en una sentencia de 169 folios al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador Miguel Zerolo (CC) a siete años de cárcel y 25 de inhabilitación por malversación y prevaricación. El Tribunal se refiere a él con durísimos términos. Incluso lamenta que el Código no sea más duro para agravar su castigo.

En síntesis, la sentencia declara probado que Zerolo, valiéndose de «una planificación criminal muy sofisticada y compleja» y con la connivencia de los mandos de la Gerencia de Urbanismo –Manuel Parejo, Víctor Reyes y Tomás Martín, todos ellos condenados– , firmó en 2001 un convenio por el cual el Ayuntamiento adquiría a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia –igualmente condenados; este ultimo con otra condena penal reciente– la primera línea de la playa de Las Teresitas por 52.588.156 euros, «a pesar de que su valor real era aproximadamente de 20 millones de euros».

Dice la Sala que la operación se cerró «con un grave quebranto para las arcas municipales en beneficio de Ignacio Manuel Cándido González y Antonio Ramón Plasencia Ramos», que incluía también «transferencias injustificadas, gratuitas y sin causa, de aprovechamientos urbanísticos a la parte privada sin contraprestación alguna y a costa del aprovechamiento público, y una modificación de los usos autorizados que determinó un extraordinario incremento del valor de los terrenos de la parte trasera, que quedaron en manos privadas sin que el Ayuntamiento participara en modo alguno en las plusvalías».

El tribunal no creyó ni a Núñez ni a Arvelo.

«La versión de los hechos presentada por el señor Núñez no ha resultado creíble». Así de rotunda se manifiesta la sala en referencia a las explicaciones que ofreció en el juicio, bajo juramento y como testigo, Rodolfo Núñez, expresidente de Cajacanarias, la entidad que en 1998, con Núñez al mando, financió la compra de los terrenos de Las Teresitas, concediendo un crédito de 5.600 millones de pesetas a Inversiones Las Teresitas «en condiciones y circunstancias extraordinariamente llamativas», dice el tribunal.

Expone el fallo que Cajacanarias, «jugó un papel muy relevante para facilitar a los acusados» políticos el informe de la tasadora Tinsa, que fue utilizado para culminar el engaño a los órganos de fiscalización y control del Ayuntamiento y al pleno, y conseguir la aprobación de la operación de compra por un valor irreal y extraordinariamente superior al de mercado».

El tribunal detalla el rosario de irregularidades que aderezaron la concesión del crédito –el más alto jamás aprobado por la entidad– y apunta que las explicaciones de Núñez no ofrecieron una «aclaración solvente». Agrega que contribuyó a su descrédito «su actuación posterior, al facilitar al Ayuntamiento la ya mencionada tasación de Tinsa y por las sospechas que genera que tuviera que llegar a admitir haber recibido cuatro millones de euros del acusado señor Plasencia, transferencia que justificó únicamente como un préstamo personal por razones de amistad.

La Sala tampoco da crédito a los testimonios en el juicio del también expresidente de Cajacanarias Álvaro Arvelo, «incapaz de ofrecer explicaciones razonables por su nerviosismo» y del secretario de la entidad Pedro Afonso, «por la inconsistencia de los informes de valoración a que se remitía».

Ninguna de las acusaciones pidió la deducción de testimonio contra los declarantes por posible perjurio.

Además de la condena de los cuatro gestores públicos y los dos empresarios, la sentencia de la Sección segunda de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife absuelve a otros siente acusados que se sentaban en el banquillo de los acusados.

Sobre cuatro de ellos –Antonio Messía de Yraola, José Eugenio de Zárate Peraza de Ayala, Carlos Antonio Plasencia Romero y Pedro González Santiago– se dicta absolución porque las acusaciones ya habían retirado los cargos en el curso de las sesiones de la vista oral del juicio.

En referencia a los otros tres –el interventor delegado en funciones de la Gerencia de Urbanismo en la época a la que aluden los hechos, José Luis Roca Gironés, el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exconcejal en la oposición por el Partido Popular José Emilio García Gómez y el exconcejal en la oposición en el mismo Ayuntamiento Emilio Fresco Rodríguez, la absolución viene determinada porque se considera que no se han presentado pruebas suficientes que demuestren que estaban al tanto del fraude.

Las seis personas que han resultado condenadas se encuentran en la actualidad en libertad provisional. Si la sentencia adquiere firmeza, entrarían irremisiblemente en prisión. Sólo eludirían su ingreso si el Supremo les absuelve o rebaja su condena a penas inferiores a dos años de cárcel.