Vivienda, un derecho básico que no llega a todos

Escasez de oferta en un territorio limitado, alquileres cada vez más altos, hipotecas que no paran de subir en una coyuntura económica complicada, un importante stock de inmuebles vacíos, procedimientos administrativos complejos, expansión del modelo vacacional... Son muchos los factores que han convertido la dificultad de acceder a una vivienda digna a precio asequible en uno de los principales problemas de Canarias. Las formaciones políticas reconocen la urgencia de la situación y llevan en sus programas medidas específicas para que a medio y largo plazo el derecho a la vivienda sea más que un enunciado.

PSOE

Los socialistas destacan que aunque en su segundo año de ejecución el Plan de Vivienda ya ha realizado el 40 % de las actuaciones previstas para sus cinco años de vigencia, en Canarias sigue siendo una necesidad construir viviendas protegidas de promoción pública y privada, garantizar la accesibilidad a la vivienda a través del alquiler social, favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos con especiales dificultades y mejorar las condiciones de las viviendas con criterios de eficiencia energética y cuidado del medio ambiente.

Para ello se comprometen a seguir ejecutando el Plan de Vivienda como mejor instrumento para hacer frente con garantías a la emergencia habitacional, con la construcción de 5.971 viviendas protegidas de promoción pública.

Una vez que concluya el Plan de Vivienda 2020-2025, se proponen impulsar un nuevo plan para la construcción de otras 8.000 viviendas protegidas para el alquiler social. Habilitarán ayudas directas de hasta el 100% al alquiler, a los gastos de suministro o la comunidad, para ofrecer soluciones habitacionales lo más inmediatas posibles a víctimas de violencia de género, personas sin hogar, familias objeto de desahucios y otros supuestos de personas vulnerables y seguirán impulsando medidas para sacar viviendas vacías al mercado.

Potenciar la promoción de alojamientos temporales, de modalidades residenciales tipo cohousing, de viviendas intergeneracionales y otras similares en las que, se reduce la superficie privativa de alojamiento o vivienda y se incrementa la superficie de interrelación en comparación con las soluciones habituales y seguir fomentando la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética a través de ayudas para particulares son también propuestas socialistas.

PARTIDO POPULAR

La unidad y acción sostenida de todos los niveles de gobierno es para el PP condición indispensable para afrontar el problema de acceso a la vivienda en Canarias, ya sea en alquiler o en propiedad, dado que ninguna administración puede resolverlo por sí sola.

Desde el rechazo a planteamientos intervencionistas, proponen actualizar la Ley de Vivienda de Canarias al objeto de dar seguridad jurídica tanto al arrendador como al arrendatario y consensuar con las administraciones públicas una planificación plurianual de construcción de vivienda que permita ofrecer el acceso a la vivienda a las familias canarias a precios asequibles.

Ante su especial dificultad para independizarse, los populares se comprometen a desarrollar programas específicos de ayuda para el acceso de los jóvenes a la primera vivienda y a implantar un sistema de avales por compra joven que cubran hasta un 20% del valor de tasación de la vivienda, .También se proponen mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética del parque público de vivienda en Canarias y su rehabilitación integral.

Catalogarán los inmuebles vacíos y cerrados existentes en las islas susceptibles de ser alquilados y potenciarán la creación de campañas informativas continuadas a las personas demandantes de vivienda pública, con objeto de dar una mayor difusión las medidas a las que se pueden acoger.

Asimismo, apuestan por formalizar convenios con grandes tenedores de vivienda (promotores o bancos) para la adquisición o cesión temporal de inmuebles a fin de incrementar el parque de viviendas de alquiler social. Defienden el derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal y adelantan su intención de crear una oficina de atención a los canarios víctimas de ocupación ilegal con un teléfono gratuito.

COALICIÓN CANARIA

CC hace hincapié en que existe en el mercado inmobiliario un stock de viviendas que no está a disposición de los ciudadanos, sino en manos de grandes tenedores, como entidades bancarias y financieras o sus filiales inmobiliarias, fondos de inversión y fondos buitres que especulan haciendo que los precios se incrementen.

La formación nacionalista ve especialmente necesario simplificar los procedimientos administrativos para el acceso a la vivienda, sobre todo acortar los plazos del procedimiento de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública y eliminar definitivamente la adjudicación por sorteo.

Se comprometen a activar un Plan 5.0 que promueva la puesta en el mercado de 7.000 viviendas con medidas como incrementar el parque público de viviendas mediante obra nueva y adquisición de ya construidas, a incentivar la puesta en el mercado de viviendas deshabitadas o desocupadas y a impulsar un programa extraordinario de ayuda de acceso a compra de primera vivienda para la juventud.

Promover el acceso al alquiler es para CC un pilar básico, por lo que apuestan por incrementar el parque público de vivienda a disposición de las familias de escasos recursos. Asumen el compromiso de rehabilitar los inmuebles de mayor antigüedad del parque público al objeto de mantener la calidad de las edificaciones y sus entornos para mayor calidad de vida de las familias adjudicatarias.

NUEVA CANARIAS

La formación canarista aboga por poner en marcha medidas realistas y viables para responder a una de las mayores necesidades vitales como es el derecho a vivir en una vivienda digna en una situación compleja. Para hacer frente al problema apuestan, en primer lugar, por la construcción de vivienda protegida diseñando un mapa de viviendas a construir territorializado: detectando el suelo ya disponible y que cada administración construya y promueva en su propio suelo. Esto eliminaría las cesiones de suelo a la Comunidad Canaria, que tanto retrasan los proyectos.

Defienden además la necesidad de inyectar más recursos, más ayudas al alquiler, más rehabilitación y más colaboración público privada. Se comprometen a implementar un plan que incluya la puesta en marcha de al menos 5.000 nuevas viviendas a lo largo de la próxima legislatura.

Otro de los ejes de su programa es el refuerzo de los planes de emergencia social: potenciar y ampliar el programa Canarias PROHOGAR destinado a la población más vulnerable, la que se encuentra en riesgo de ser expulsada de su vivienda por no poder afrontar el alquiler o en proceso de ejecución hipotecaria.

Ante el reto que supone el envejecimiento de la población canaria, apuestan por fomentar nuevos modelos habitacionales- ya existente en países nórdicos- como la vivienda compartida.

NC defiende asimismo establecer límites a los precios de los alquileres, especialmente en zonas tensionadas con precios desorbitados que impiden el acceso a la vivienda y buscar mecanismos que limiten la adquisición de viviendas por extranjeros no arraigados en las islas, un fenómeno que se viene produciendo en distintos lugares del mundo y que distorsiona el mercado, dificultando aun más el acceso a la vivienda a la población residente.

UNIDAS SÍ PODEMOS

Para Unidas Sí Podemos la situación actual es el resultado de un modelo de especulación urbanística e inmobiliaria en el que se impone la norma de maximizar sin límites la rentabilidad de las viviendas frente a un derecho básico de la ciudadanía.

Ante esto, defienden desarrollar políticas de vivienda pública acordes a la demanda de la población canaria y residente, lo que pasa por una mayor inversión en vivienda pública y por regular el mercado inmobiliario de las islas, acentuando especialmente las acciones en aquellas zonas residenciales tensionadas o de marcada gentrificación, para asegurar que la población residente pueda vivir en sus lugares de arraigo y pertenencia.

Entre sus propuestas llevan impulsar un proceso de elaboración participativa de la Ley Integral Canaria de la Vivienda que supere el marco vigente, realizar un estudio pormenorizado de la situación de la vivienda en cada una de las islas que sirva de base para la elaboración de un plan estratégico, estudiar y, en su caso, implementar reformas al reglamento de las viviendas vacacionales, y promover la transferencia de las propiedades embargadas por los bancos rescatados por el Estado.

Defienden la creación de un registro de grandes propietarios/tenedores con la finalidad de identificar el número de viviendas vacías o deshabitadas que puedan ser objeto de cesión gratuita a las administraciones públicas o que pueda expropiarse su uso mediante compensación a fin de responder a la emergencia residencial.

Asimismo, proponen diversificar las formas de acceso a la vivienda más allá de la compra o alquiler, con políticas para el fomento y consolidación de proyectos de vivienda colaborativa en cesión de uso (cohousing) e intervenir en el mercado de vivienda para restringir o condicionar la venta de viviendas a extranjeros, por razones de interés general.

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