Visocan, una empresa pública sin ley

13/10/2019

Contratos a dedo, facturaciones superiores a lo consignado, modificaciones presupuestarias sin autorización y retribuciones por encima de lo legalmente permitido son algunas de las cosas que ha descubierto la Audiencia de Cuentas al fiscalizar solo tres años de los 40 de existencia de Visocan

Las irregularidades detectadas ocupan el mayor número de líneas que componen el capítulo de conclusiones a las que ha llegado la Audiencia de Cuentas al fiscalizar la actividad de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) durante el período 2014-2016.

Porque la forma empleada por la dirección de Visocan para contratar personal, obras y servicios en el marco de la encomienda firmada con el Instituto Canario de la Vivienda en el año 2013 es lo que sobresale en el informe enviado ya al Parlamento.

El gerente de Visocan entendió que se debía de contratar personal para realizar las labores de apoyo encomendado por el instituto. Para ello acudió directamente, sin libre concurrencia, a una empresa de trabajo temporal que le presentó un presupuesto y fue aceptado sin más trámites. La audiencia indica que, de este modo, «incumplió los términos pactados en la encomienda así como lo recogido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público».

Así sucedió con el resto de las cosas, como con el «mantenimiento informático y otros trabajos en esta materia, a 5.000 euros cada mes en un total de 11 meses a lo largo del año 2014, y 5.350 euros mensuales durante 2015 y en 2016. Visocan explica que hizo adjudicación directa por la «solvencia de la empresa» escogida previamente por el Instituto Canario de Vivienda, pero en el informe se relatan los múltiples problemas que hubo con el aplicativo y los costes derivados de los mismos.

En cualquier caso, la audiencia sostiene que, «Visocan debió haber acudido a un procedimiento de contratación abierto», especialmente al detectar que esa misma empresa facturó «otros conceptos» en diferentes ejercicios, pudiendo «incurrir en supuestos de fraccionamientos en la contratación mercantil».

La empresa dependiente del Gobierno añadió otros gastos con cargo a la encomienda. Se menciona a modo de ejemplo el de los servicios de limpieza de las oficinas que también fueron adjudicados a dedo.

Aparte de todo ello, Visocan cedió al Instituto Canario de Vivienda parte del personal adscrito a la encomienda, «práctica que ha sido sancionada por los Tribunales de la Jurisdicción Social», se apunta en el informe, en el que también se habla de «cesión ilegal».

Al margen de la encomienda, Viviendas Sociales de Canarias tiene más actividad contractual que ha sido fiscalizada por la Audiencia de Cuentas.

En el informe, se afirma que las instrucciones de contratación «no están adaptadas a los umbrales comunitarios ni a la normativa vigente durante el periodo fiscalizado». Así, tras revisar los procedimientos empleados, «en ninguno de los expedientes de contratación consta documentación alguna justificando la necesidad de la licitación que se realiza».

El requisito de publicidad no se cumple para las adjudicaciones inferiores a los 50.000 euros, no consta tampoco la garantía provisional ni definitiva que exige la ley y, como colofón, contratos menores -inferiores a 18.000 euros- «en muchos casos se han prorrogado, no habiéndose acreditado, además, el cumplimiento del requisito de concurrencia».

En la relación de contratos analizados por la Audiencia de Cuentas destaca el desvío de 322.698 euros más IGIC -22.588 euros- entre lo abonado y lo presupuestado «sin que conste la causa ni que se haya formalizado modificado alguno».

Asimismo, es significativo que Visocan formalizara el contrato con Ges Seguros, por valor de 66.123,06 euros anuales, cuando el proveedor acreditó tener contratada la póliza con anterioridad al acuerdo adoptado en la empresa pública para su posterior adjudicación.

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