La abogada, en una imagen de archivo en el campamento Las Raíces. / EFE

Víctimas de la «arbitrariedad» burocrática

La Administración le negó la nacionalidad a Loueila Mint El Mamy por falta de integración tras 23 años residiendo en las islas. La abogada espera que su denuncia sirva de precedente

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

«Que dice la Abogacía del Estado que no me conceden la nacionalidad española porque no estoy suficientemente integrada». El tuit viralizado por la abogada de origen saharahui Loueila Mint El Mammy es solo la punta de un iceberg burocrático que a duras penas ha conseguido ganar fluidez en los últimos años. En su expediente constaban más de dos décadas de residencia en el país, una titulación en Derecho por la Universidad de La Laguna y un máster de acceso a la abogacía, sin contar con que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Tenerife, de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España y de la Plataforma Canarias Libre de CIEs; unos alicientes más que probatorios de su arraigo. Sin embargo, desde que solicitó la nacionalidad en 2017 la abogada asegura enfrentarse al «atropello» y la «arbitrariedad» de la Administración.

El suyo no es un caso aislado, apunta, aunque es consciente de que habla desde un punto de vista «privilegiado» y, por esa razón, le ha costado hacer pública su denuncia. «No quería sonar pesimista, pero al final me he dado cuenta de que tengo que ser crítica porque no se trata de mi lucha particular sino la de muchas personas que están en situaciones similares», explica. Durante el mes pasado ya presentó ante la sala de los contencioso-administrativo tres recursos relacionados con este asunto, de los que solo ha recibido respuesta a uno de ellos, y está preparando otro más para las próximas semanas.

El silencio por parte del Estado suele ser la tónica dominante y ello obliga a alargar los esfuerzos en tiempo y dinero que invierten los solicitantes. En este sentido, la abogada critica que el Ministerio de Justicia genere un «desgaste» emocional por no cumplir con su parte. «Si se nos piden unos requisitos, lo mínimo es que den respuesta». De hecho, el rechazo de la Abogacía del Estado habitualmente no llega de forma explícita, sino que transcurrido un año desde la presentación del expediente se entiende una «denegación presunta».

«Si tengo que vivir de la injusticia prefiero dedicar mi vida a algo más útil para estas personas»

Explica la abogada que tras una modificación de la regulación, desde 2015 las solicitudes las tramita el Ministerio de Justicia de forma telemática, lo que supuestamente permitía agilizar los procesos y acotar unos plazos que hasta entonces podían demorarse hasta diez años. «Se seguía un criterio discrecional y ahora la gente no solo puede consular el estado de su solicitud sino que sabe tiene un año para conseguir una respuesta», añade. La reforma también trae otros gastos aparejados: quienes aspiran a obtener la nacionalidad se gastan de media 800 euros, 103 en el pago de tasas, 200 en exámenes y entre 300 y 500 por acudir a un bufete o gestoría que inicie los trámites, en caso de que el usuario no tenga los conocimientos. Las pruebas son los filtros que interpone Justicia para valorar el grado de integración-uno de competencias lingüísticas y otro sobre conocimientos culturales y constitucionales- de los que quedarían exentas aquellas personas con estudios superiores, a quienes se les presupone que ya cumplen con dichos requisitos.

Aún con todos los recursos a su disposición, la frustración se apodera de Loueila Mint que trabaja como experta en inmigración y extranjería con personas que llegan de forma irregular a Canarias. «Si yo que tengo títulos, dinero para vivir, tiempo para enredarme en la burocracia y me pasa esto, qué no le harán a otros», se queja señalando la indefensión de los migrantes ante las trabas para regularizar su situación administrativa. Si este atasco burocrático es intencional o mera pasividad, lo desconoce. Tampoco le consta que existe un límite anual de concesiones de la nacionalidad, pero lo que tiene claro es que es «un desastre» que se ha prolongado y que el resultado sigue siendo el mismo para los afectados.

Pero, ¿qué implica no tener la nacionalidad para casos como el suyo? En concreto, la abogada -que cuenta con pasaporte argelino- no tiene derecho a opositar, a votar ni a visitar a sus familiares que residen en los campos de refugiados, porque también el Sáhara se enfrenta al problema de que se le reconozca como nación. Sus limitaciones se interponen, también, en otras cuestiones más simples como sacar el certificado de residencia, que debe renovarlo cada seis meses. «Imagínate lo que supone para otros que no han podido cotizar porque no tienen permisos y han cobrado en B, que no han conseguido llegar a los tres años de arraigo social... La gente se piensa que es fácil ser inmigrante pero hasta que no lo vives no sabes lo que es», se queja la abogada. De esta manera, con su denuncia espera que se reaccione y sentar un precedente ya que se niega a dedicar su vida a la injusticia.