Varapalo a la Ley de Servicios Sociales

02/01/2018

La futura Ley de Servicios Sociales de Canarias es un brindis al sol cuyo coste real de implantación es un misterio y cuya efectividad puede demorarse ante la gran cantidad de reglamentos a desarrollar. Así lo advierte el Consejo Económico y Social (CES) en su dictamen preceptivo.

/ Las Palmas de Gran Canaria

En un dictamen de 23 folios, el CES desgrana el contenido de una ley destinada a garantizar la cohesión social en Canarias y actualizar una normativa autonómica de 1987. El 23 de octubre pasado el Gobierno de Canarias informó de la aprobación del proyecto de ley y su remisión al Parlamento para su tramitación, mientras que el informe del CES lleva fecha del 27 de octubre.

En sus conclusiones, el Consejo Económico y Social constata que el texto del Gobierno «no cuenta con un estudio suficiente de coste de lo que supondrá la puesta en marcha de la norma, si bien en una ley de esta entidad y pendiente del desarrollo reglamentario, es muy difícil y subjetivo el establecimiento de escenarios de actividad, que permitan la determinación del coste y por ende de las necesidades financieras que comporta».

En el capítulo de observaciones, el CES subraya que se le pidió un dictamen sin conocer «cuál es el resultado, en relación a este preliminar avance de Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias, de la valoración que por la Dirección General de Planificación y Presupuesto, en el ejercicio de sus funciones y previo el correspondiente informe de la Oficina Presupuestaria que corresponda, se hace sobre el escenario de aumento o disminución de los ingresos y gastos públicos, sobre su compatibilidad con el plan presupuestario y escenarios plurianuales acordados, o en relación a su adecuación a las exigencias de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de conformidad con la normativa aplicable». Desconoce igualmente el CES «eventuales pronunciamientos de los departamentos del Gobierno sobre sus contenidos y ámbitos competenciales, o el resultado final de la configuración de la norma con posterioridad a estas observaciones, así como el informe preceptivo de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos».

Los únicos números con que pudo trabajar el CES fueron una «lista de evaluación» que estima que la ley supondrá un incremento de gasto de 1,3 millones de euros al año, una cifra resultante de calcular un millón más en profesionales de referencia para la aplicación; 185.130 euros para el Observatorio Canario de Servicios Sociales, 60.000 euros para la historia social, 18.000 euros para el registro único y 74.250 para el plan estratégico de implantación.