«Vamos a mejorar los datos de Canarias de aquí a corto plazo»

Canarias continúa a la cola en la mayoría de indicadores sociales y, ahora que la pandemia da algo de tregua, toca revisar los objetivos que la Consejería de Derechos Sociales que dirige Noemí Santana se había pruesto para cambiar la realidad del archipiélago.

- Preocupa la presión en las islas con respecto al fenómeno migratorio y, en lo que compete a la autonomía, sobre los menores. ¿Qué respuesta ha dado el Estado a la ley de reparto?

- Esto es un deseo que lleva mucho tiempo expresando el Gobierno de Canarias, porque creemos que lo justo es que esos menores no solo sean protegidos por la comunidad autónoma a la que llegan. Había un trabajo previo en el que se planteaba la posibilidad de que hubiera un equilibrio en el reparto pero ha habido reticencias por parte de algunos territorios que no son comúnmente receptores. A mi juicio, es egoísta que por ejemplo Madrid —que solo tiene 300 menas a su cargo, es capital y tiene el PIB por encima de la media nacional— se niegue. En un principio apostamos por la buena voluntad pero ya exigimos la responsabilidad de todo el Estado. Además, en caso de que se retrase el debate de esa ley estamos buscando alternativas como que las entidades del tercer sector puedan hacerse cargo de la tutela, pero estamos viendo su cabida en el ámbito legal.

- ¿Se ha planteado el Gobierno ceder la competencia al Estado?

- Lo que marca el ordenamiento es que sea competencia de la comunidad autónoma y nosotros nos tenemos que regir por eso. Si el Estado cambiara la ley... Sería difícil, porque ¿afectaría solo a los menores extranjeros o también a los nacionales? También estamos asumiento su tutela.

- Teniendo en cuenta la gestión que se ha hecho con los adultos, ¿cree que sería una solución?

- En el caso de los adultos todos hemos visto imágenes que no nos han gustado y es algo que Canarias no se puede permitir. No ha sido el caso de los menores, aunque sí que hemos tenido una auténtica falta de recursos y fondos, ya que ahora mismo estamos afrontando casi el 100% del coste del acogimiento. Es la gran denuncia que hacemos no solo al Estado sino a la UE: el primer año de legislatura ni siquiera teníamos una partida presupuestaria específica, hemos pasado de 300 menores a 2.700 sin que nadie nos haya echado una mano y hemos tenido que abrir 20 centros de emergencia.

- Centros en los que se ha señalado, también, la presencia de adultos. ¿En qué está trabajando la Consejería para atajar los retrasos en las pruebas de edad y, sobre todo, unos resultados que son alarmantes?

- Las pruebas óseas han corroborado la denuncia de que habíamos detectado que algunas personas que teníamos acogidas podían ser adultos. Representan un 60% de las que hemos realizado y esto viene de una situación irregular, porque hay un tiempo en el limbo donde conviven a la espera de los resultados. Lo que estamos haciendo es, por un lado, agilizar el número de pruebas gracias a la colaboración del Servicio Canario de Salud, ya que en un primer momento el atasco vino por la necesidad de atender la emergencia sanitaria. Por otro lado, el Estado ha puesto a nuestra disposición más personal que pueda hacer los informes para filiar a los menores. Sin embargo, aún tenemos obstáculos: estamos viendo si podemos disponer de la Policía canaria para hacer los traslados de las pruebas, que ahora son competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero no siempre tienen disponibilidad. También hemos solicitado por carta al Ministerio que una entidad especialista en trabajar con menores pueda estar a pie de playa para una primera valoración, como por ejemplo Save the Children, lo que nos permitiría rebajar ese porcentaje de adultos.

- Una vez cumplida la mayoría de edad surge otro problema: los permisos para residir y trabajar. Si bien el Estado está ultimando una ley para guiar esa transición hacia la vida adulta, ¿en qué medida se está involucrando Canarias?

- Nos parece una muy buena noticia que el Estado piense en el futuro de los menores porque el grado de abandono al que se someten en su vida adulta no corresponde a un gobierno progresista como el que tenemos. Si un hijo cumple los 18 años no se le puede echar de casa sin ninguna garantía de cumplir sus objetivos vitales. En nuestro caso, y con los pocos recursos que tenemos, hemos repensado el proceso de acompañamiento de los niños. Parte de los fondos europeos irán a un programa de Housing First que les dará garantía habitacional, entre otros perfiles.

- Cuando hablamos de inmigración también hablamos de pobreza, y en el archipiélago la situación ha empeorado en el último año. ¿Le preocupa la cronificación de esos indicadores?

- Nos preocupa mucho y en cierto sentido ha venido ligada a la crisis sanitaria, porque tiene una crisis económica y social aparejada. Lo que difiere a este Ejecutivo del anterior es que se intenta poner instrumentos que palien este golpe, pero lo importante son dos cosas: la vacunación y reactivar la economía. Eso ayudará a atender a la población que está más cronificada y no a otros perfiles que en una situación de normalidad no les haría falta acudir a los servicios sociales.

- ¿Se ha convertido la covid en una excusa para justificar los datos?

- No es una excusa sino una realidad que no podemos obviar. Puedo afirmar que vamos a mejorar los datos de aquí a un futuro a corto plazo. De hecho, en dependencia ya hemos mejorado a pesar de la pandemia, aunque siguen siendo muy malos.

- ¿La incorporación del nuevo personal ha dado ya resultado para agilizar las listas? El director general se había marcado un objetivo de 5.000 expedientes...

- No hemos hecho públicos los datos pero ya en abril se ha notado el incremento de expedientes resueltos en las dos provincias. No sé si llegaremos a los 5.000 este año, aunque espero que sí porque ha dicho que si no dimitiría y me gustaría seguir contando con él en el equipo.

- El peso de esa gestión está recayendo en los servicios municipales y los ayuntamientos ya se han pronunciado negativamente ante presiones añadidas como la de tramitar el informe del Ingreso Mínimo Vital.

- Puedo empatizar con ese pronunciamiento. Es cierto que para la ciudadanía en general la referencia donde acudir para resolver estos problemas es el Ayuntamiento y puede ser que se hayan visto desbordados. Hay que hacerles un acompañamiento desde los cabildos, la comunidad autónoma y el Gobierno del Estado. No pueden sacar un instrumento estatal como el IMV y obligarles a hacer estas labores sin un diálogo previo. A nosotros nos sucedió con los informes sociales para tramitar la dependencia, que pedimos de forma voluntaria y aun así nos encontramos reticencias. Resulta más sencillo así porque los servicios municipales ya conocen a esas familias, muchas son beneficiarias de la PCI, y en ese sentido no supondría mucho más trabajo.

- El problema es que no todos los servicios municipales tienen el mismo músculo y eso podría dar lugar a desigualdades.

- Creemos que es parte de la colaboración institucional. La comunidad autónoma ha incrementado los fondos del Plan Concertado con los ayuntamientos en un 55% y además les hemos dado recursos del fondo de pobreza. Ahora mismo hay 20 consistorios que están haciendo los informes de dependencia y pronto se incorporarán cuatro más. Respecto a las desigualdades, no se va a favorecer más a un expediente si lo tramita el ayuntamiento que si lo hace otra entidad. A la gente no le importa quien lo resuelva pero, evidentemente, la ciudadanía de un municipio sí se puede ver beneficiada, porque si los informes están hechos la tramitación es mucho más ágil.

-En general ha habido un incremento de las partidas destinadas a los cuidados con los fondos de la UE, pero ¿en qué se van a traducir en cuestión de medidas, calendario y velocidad?

- Es bastante complejo porque implica varias líneas: los fondos MRR se gestionan con el Ministerio de Derechos Sociales y los React-EU con la Consejería de Hacienda. Los primeros se van a ingresar en las próximas semanas y ya nos han aceptado el proyecto que hemos presentado; los segundos se están estudiando. Todo está en marcha y este año ya hay que ejecutar y justificar esos fondos, no es «a ver cuándo lleguen». Es un impulso que en dos años se va a notar y mucho.

-Lo que también está sufriendo retrasos es el IMV, además de la alta tasa de peticiones rechazadas. ¿Hasta qué punto es sostenible la prestación canaria para dar respuesta a las familias en riesgo de exclusión social?

- El IMV es una herramienta muy útil y necesaria, pero no se han hecho las cosas bien. Podemos ya ha solicitado una modificación de las partes que están fallando, que están generando frustración en la ciudadania y una presión para las comunidades autónomas. Al final hemos tenido que legislar a golpe de decreto de ley para modificar la PCI y hacerla compatible con el IMV, llegar a más familias, con niños a cargo, etc. A pesar de que el ingreso mínimo llega a más 8.000 familias canarias, las solicitudes de la PCI se han incrementado en un 40%. Por tanto, se debería repensar el planteamiento del IMV.

- ¿Qué sucede con esas personas que sí están en una situación de pobreza y se están quedando al margen de las ayudas?

- Hay perfiles a los que no llegamos y a pesar de que la PCI recoge a muchas personas que se quedan al margen del IMV, creo que la solución será la Renta canaria de ciudadanía porque amplía esos perfiles. Aun así, si el IMV no se reconduce y no se plantean fórmulas más eficientes para trabajar desde el Estado (sin cargar las espaldas de los ayuntamientos) estaremos abocados al fracaso.

- ¿Cuándo comenzará a implementarse la Renta canaria de ciudadanía?

- Ya ha pasado por el Consejo de Gobierno, ahora se ha mandado al Consejo Económico y Social y esperamos que en junio a más tardar entre en el Parlamento. Sería cuestión de lo que tarde ese proceso, que prevemos que antes de diciembre esté aprobado y, en ese caso, en enero podríamos ponerla en marcha.