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La negociación de las transferencias de costas abierta hace un año se ha vuelto a frenar por discrepancias esta vez sobre la dotación de los medios materiales y humanos que van aparejados a la cesión competencial.
El consejero de Administraciones Públicas del Gobierno canario, Julio Pérez, confirmó ayer que la adscripción y gestión del personal está retrasando el acuerdo porque Canarias «no puede aceptar» una dotación de personal menor que la que se otorgó a Cataluña ni con menos plazas de las necesarias para prestar un buen servicio.
Pérez expresó su confianza en que el Ejecutivo central dé marcha atrás y mantiene el 1 de julio como fecha para que la comunidad autónoma asuma la gestión de costas, pero puntualizó que «hacerlo bien es más importante que hacerlo pronto», porque se trata del traspaso más complejo de los recogidos en el Estatuto.
El consejero valoró positivamente que el Gobierno estatal haya aceptado incluir en el acuerdo el régimen sancionador y el planeamiento del litoral, que en un primer momento constituyeron el principal escollo de una negociación que debería haber quedado cerrada en junio del año pasado.
Por su parte, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, asegura que el nuevo retraso «no se debe a ningún obstáculo insalvable» sino a que Canarias «está peleando hasta el último efectivo» para ejercer la competencia en las mejores condiciones posibles.
«No hay motivos para preocuparse, ahora mismo no pasa nada que no encaje dentro de lo previsto», señala, «porque el contenido de las competencias ya está acordado con un criterio razonable y ahora solo queda cerrar los flecos sobre los medios aparejados, especialmente los medios humanos, porque la demarcación de costas no es de los servicios del Gobierno central mejor dotados y todo lo que no nos venga lo tenemos que poner nosotros», añadió.
En esta línea, el viceconsejero destaca que no se trata de que la negociación esté rota, porque las reuniones continúan, sino de que se han ralentizado los avances porque Canarias no quiere aceptar un traspaso apresurado que lleve a no poder ejercer las competencias con los medios adecuados.
Olivera recalcó asimismo que la dilación no afecta a la fecha prevista para la entrada en vigor del traspaso. «Aunque llegáramos a un acuerdo mañana mismo, no sería efectivo hasta el 1 de julio porque se pone la fecha de corte para que entre en vigor el segundo semestre del año», indica.
El objetivo sigue siendo cerrar el acuerdo a tiempo de convocar la Comisión Mixta de Transferencias como muy tarde en junio, para que el traspaso pueda hacerse efectivo en julio. En paralelo se convocará también la Comisión Bilateral Estado-Canarias, como estaba previsto el 23 de febrero, aunque entonces la falta de acuerdo obligó a desconvocar ambas reuniones.
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