Transportes «analizará» la solicitud canaria de frenar la privatización de las torres de control

El Ministerio de Transportes se ha comprometido a «analizar y valorar» la solicitud del Gobierno de Canarias de frenar la privatización de las torres de control de los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur que el Estado pretende llevar a cabo en un plazo de dieciocho meses.

El compromiso del departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez de escuchar las razones del Ejecutivo canario para rechazar la liberalización de las torres de control no implica necesariamente que Transportes vaya a cambiar de idea, pero abre la puerta a una eventual paralización temporal del proyecto para dar cabida a la negociación.

Ese periodo adicional de estudio es precisamente lo que ha solicitado el consejero de Transportes del Gobierno canario, Sebastián Franquis, en las alegaciones que presentó en febrero al proyecto de orden ministerial, para que la decisión final que se tome sea «la más adecuada al interés público» y se priorice la calidad y la seguridad en el servicio de control aéreo.

Para fortalecer su posición frente a los planes estatales, Canarias ha hecho además frente común con Baleares -ambas autonomías gobernadas por el PSOE-, que también se opone a la privatización prevista de la torre de control del aeropuerto de Palma y ha presentado alegaciones en los mismos términos que Canarias, solicitando la suspensión de la orden ministerial para abrir un periodo de estudio.

En el ministerio aseguran que desde el primer momento su intención ha sido hacer las cosas de la mano del sector y atendiendo las aportaciones de las partes interesadas, razón por la que se abrió un proceso de alegaciones. De lo contrario, señalan, se podría haber aprobado sin más la orden ministerial sin proceso de consulta previa.

La oposición de Canarias y Baleares a la privatización que pretende acometer Transportes choca con la postura de las aerolíneas, que han pedido al Gobierno que no frene el proceso de liberalización de las siete torres de control previstas -además de las de Canarias y Baleares el paquete incluye las de los aeropuertos de Bilbao, Málaga y Santiago de Compostela-, por entender que los procesos de liberalización anteriores «han beneficiado al sistema aeroportuario» sin menoscabo de la seguridad y «mejorando incluso los niveles de calidad y eficiencia».

La negativa del Gobierno autónomo a la privatización de las torres de control es compartida sin fisuras por el Parlamento de Canarias, que a mitad de marzo la rechazó de forma unánime. El grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC), por su parte, ha planteado la posibilidad de crear una empresa pública de mayoría canaria y participada por el Estado para cogestionar tanto los aeropuertos isleños como las torres de control.

También la comisión de Transportes del Congreso de los diputados aprobó el mes pasado una proposición no de ley, con el respaldo del PSOE, en la que se insta al Gobierno a revisar la idoneidad de que las labores de control del tráfico aéreo pasen a manos privadas, aunque se trata de una iniciativa sin carácter vinculante.

En el Senado, en línea con el frente común abierto por los gobiernos de los dos archipiélagos, Coalición Canaria (CC) y Mes por Baleares se han unido contra la privatización de las torres por considerar que supondría una pérdida de calidad y afectaría a la conectividad y al mercado turístico. Las dos formaciones han presentado una iniciativa en la que piden que se pare el proceso y se transfiera la gestión a las autonomías que así lo tienen previsto en sus Estatutos.

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