Transparente por fuera, avaro por dentro

Sin embargo, este cumplimiento formal contrasta con los propios datos que publica el Gobierno en el portal de transparencia sobre las solicitudes de información recibidas y las que son denegadas por varias razones.

En este sentido, mientras el índice del comisionado le concede para 2019 la nota del 9,55, el 41,43% de las solicitudes de información recibidas en ese mismo año se quedó sin respuesta.

En concreto, de las 181 peticiones de información pública cursadas el año pasado por algún departamento del Gobierno autonómico, 21 fueron inadmitidas -11,6%-, 7 fueron denegadas -3,86%- mayoritariamente por salvaguardar el «secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial» y 47 -25,96%- quedaron «desestimadas por el transcurso del plazo máximo para resolverlas». Todas ellas suman 75 solicitudes fallidas que representa el 41,43% de las 181 cursadas.

Este tipo de datos quedan al margen del índice de transparencia al aplicarse a cuatro indicadores: el del cumplimiento de la información obligatoria (ICIO), soporte web (ICS), publicidad activa (ICPA) y transparencia voluntaria (ITV).

No obstante, Cerdán llama la atención sobre el derecho de acceso a la información, dado que «más del 90% de las reclamaciones que nos llegan al comisionado es por el alto número de ciudadanos, sobre todo desde los ayuntamientos, se les responde con la callada por respuesta».

El Comisionado de Transparencia explica que con cada uno de estos indicadores «se valoran distintos criterios que influyen en la transparencia activa y en la comunicación institucional».

Así es como la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias volvió a incrementar por cuarto año consecutivo el nivel de cumplimiento de las obligaciones informativas de su portal de transparencia, al alcanzar los 9,55 puntos en 2019, frente a los 7,69 obtenidos en 2016, los 8,03 en 2017 y los 9,04 en 2018, según se informa en la página institucional del Comisionado de Transparencia.

El titular de esta institución señala que el Gobierno de Canarias tiene 165 obligaciones informativas que publicar en su portal de transparencia.

Algunas menos deben cumplir las entidades vinculadas al Ejecutivo, que oscilan entre las 107 de sus organismos autónomos dependientes y las 89 de sus empresas públicas, según la Ley de Transparencia de Canarias. «Como casi todas las leyes autonómicas, casi triplica las obligaciones contempladas en la ley básica estatal», apunta Cerdán.

Precisamente, en lo que respecta a las entidades dependientes del Ejecutivo, el encargado de velar por el cumplimiento de la Ley Canaria de Transparencia destaca que en 2019 «la evolución fue positiva en el conjunto de los portales de transparencia de las 43 entidades públicas dependientes del Gobierno de Canarias, que disponían de mayor margen de mejora».

En la evaluación realizada, 10 portales de transparencia del sector público autonómico obtuvieron puntuaciones superiores a 9,5: Promotur, Instituto Tecnológico de Canarias, Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, Hoteles Escuela, Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, Servicio Canario de la Salud, Sociedad Canaria de Fomento Económico y Servicio Canario de Empleo. Sin embargo, otras 10, estuvieron por debajo del 4,9 puntos.

Por lo que respecta a los cabildos, estos mejoraron casi un punto en el índice de transparencia de 2019, al pasar su nota media de 7,39 a 8,27.

En esta progresión destacan las corporaciones de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera, y El Hierro al situarse por encima del 8, mientras que Lanzarote y Fuerteventura se han estabilizado en valores que están por debajo de los siete puntos.

El comisionado ha registrado «mayores avances» en el conjunto de las 86 entidades dependientes de los siete gobiernos insulares, cuya nota media ha pasado de 5,5 a 7,5, «una progresión muy fuerte».

Daniel Cerdán indica que «los cabildos han persistido en su esfuerzo de más transparencia activa en sus portales»; en los cuatro años en los que se les ha evaluado, la media aritmética ha pasado de ser deficiente en 2016, con un 3,85, a un 6,93 en 2017 y un 7,39 en 2018.

Por otra parte, el Comisionado de Transparencia anunció que este año, «por primera vez», se ha emplazado a presentar una declaración de transparencia a 489 entidades subvencionadas con más de 60.000 euros en 2019 por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. De ellas, se habían autoevaluado 293 (59,9%) a 9 de octubre.