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CC y PP piden abrir una comisión de investigación sobre el caso Mascarillas

La oposición pretende depurar responsabilidades políticas en el Gobierno

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 9 de noviembre 2022

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Coalición Canaria y Partido Popular han registrado este jueves en el Parlamento de Canarias la petición de una comisión de investigación del «caso Mascarillas» y han reclamado a los grupos del Gobierno su apoyo, porque la Cámara «no puede quedar impasible» ante la gravedad de unos hechos que han resultado en una posible estafa de cuatro millones de euros de dinero público por unas mascarillas que nunca se recibieron.

Los diputados José Alberto Díaz-Estébanez, del grupo Nacionalista, y Carlos Ester, del grupo Popular, han defendido en rueda de prensa que el Parlamento tiene que llegar hasta el final endirimir las responsabilidades políticas por esta posible estafa y debe pedir explicaciones a los cargos públicos que participaron en el comité de emergencia sanitario que creó el Gobierno de Canarias en marzo de 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria del covid.

Entre los miembros del comité estaban el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; el vicepresidente, Román Rodríguez; el entonces consejero de Sanidad, Julio Pérez; y el entonces director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera.

También estaba Conrado Domínguez, entonces secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, encargado de gestionar el contrato y que luego paso a dirigir el Servicio Canario de Salud, cargo del que dimitió hace una semana como consecuencia de su imputación judicial.

El caso mascarillas llegó al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria como consecuencia de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, si bien ahora la investigación ha sido asumida por la Fiscalía Europea al considerar que se pudieron utilizar fondos de la Unión Europea.

Por ahora están imputados Conrado Domínguez, por delitos de prevaricación y tráfico de influencias; la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación; y el empresario Rayco Rubén González, propietario de RR7, la empresa de compraventa de automóviles a la que se encargaron las mascarillas, por estafa agravada y blanqueo de capitales. Y el juez al cargo del caso ha incluido en la investigación un cuarto quinto delito: malversación.

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