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B. HERNÁNDEZ
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 30 de marzo 2021, 01:00
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El sindicato Sepca es partidario de aplicar la nueva figura jurídica propuesta por la presidenta emérita del Tribunal Constitucional, Emilia Casas, para hacer fijos a los 800.000 empleados públicos «en abuso de temporalidad» que existen en España tras encadenar contratos temporales o prórrogas «durante años ocupando en puestos que cubren necesidades permanentes en las administraciones públicas».
El secretario general del Sepca, Manuel González, valoró ayer de manera positiva el «profundo estudio jurídico» de la jueza que ha dictaminado la constitucionalidad de declarar fijos a este personal mediante una figura llamada «trabajadores públicos a extinguir», que les dé estabilidad hasta su jubilación y que se podría denominar personal estabilizado con carácter indefinido. Esta propuesta va en el mismo sentido que la realizada por el comité de huelga del personal temporal e interino de la administración general de la comunidad en las dos reuniones de negociación llevadas a cabo con el Gobierno de Canarias durante el conflicto que mantienen con el objetivo de dar salida a los trabajadores que se encuentran en esta situación en las islas, indica el sindicato en un comunicado.
Además, indica que la figura del trabajador « a extinguir», que ha sido propuesto por Sepca como solución al conflicto de la temporalidad abusiva, aparece recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en una disposición sobre la integración del personal de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales o fundaciones del sector público, por lo que, en opinión de la presidenta emérita del Constitucional, tiene «apoyo normativo» sobre el que sustentarse. María Emilia Casas, aboga ante la «infracción flagrante» y continuada del derecho europeo y la ausencia en el ordenamiento jurídico español de medidas «eficaces y efectivas» para sancionar el abuso de la temporalidad.
Sepca hace hincapié en la urgencia de que se dé solución a este conflicto, que mantiene en huelga desde diciembre a más de 3.000 empleados públicos del sector de Administración General del Gobierno de Canarias.
Este sindicato, que junto con Intersindical conformar el comité de huelga, «recomienda» al ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, y al presidente del Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres, que «vayan por la senda que le está marcando el Derecho para establecer una normativa que dé solución urgente al problema de la temporalidad».
González añade que el Gobierno de España y el ministro Iceta ya no se pueden «escudar» en que jurídicamente no es posible estabilizar al personal en abuso de temporalidad sin pasar por una oferta pública de empleo (OPE) ni referirse a su inconstitucionalidad ya que, afirma, «este informe demuestra fehacientemente que ambas premisas no se sostienen». Sepca pide al ministro Iceta «valentía para adoptar una solución excepcional».
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