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B. HERNÁNDEZ
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 13 de febrero 2021, 00:00
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Aunque aún están lejos de alcanzar una posición de consenso, el Gobierno de Canarias y los trabajadores temporales e interinos de la administración general de la comunidad autónoma empiezan a visualizar avances en la negociación que pueda poner fin al conflicto.
Tras una reunión con el equipo de la Consejería de Administraciones Públicas, los representantes del comité de huelga, Rafael Rodríguez y María Dolores Díaz, consideraron «un avance» que el consejero Julio Pérez haya reconocido el abuso de temporalidad en la administración general y plantee «buscar nuevas alternativas para que todo el que está dentro, se quede dentro». Los trabajadores han pedido a Pérez que mueva ficha y proponga fórmulas «viables» que demuestren su voluntad para acabar con la situación de fraude de ley en la que se encuentran cerca de 3.000 trabajadores de una plantilla de 11.000 personas en la administración general. «El Gobierno tiene mecanismos jurídicos para ofrecer una salida política a este asunto», señalaron.
En este sentido, Rodríguez se mostró tajante al afirmar que la alternativa «debe venir por la permanencia de todo el mundo», que significa que un trabajador «continuará ejerciendo sus funciones hasta que se jubile o se desvincule de la administración». A partir de ahora, puntualizó, queda discutir cómo se alcanza ese acuerdo pero «los procedimientos no pueden ser un castigo para unos y una ventaja para otros» ya que, tal como explicó, los procesos «amables» planteados por Función Pública para algunas categorías de trabajadores son «ilegales».
Por eso, entiende que las OPE que se convoquen deben afectar solo a las plazas vacantes, mientras que «las que están ocupadas por temporales se deben aparcarse y no ser sometidas a ningún procedimiento selectivo». Por su parte, María Dolores Díaz apuntó que «no es justo que después de tanto tiempo, a un trabajador abusado por la administración se les castigue con procesos selectivos abiertos, porque existe un riesgo de que se queden en la calle».
Los representantes de los interinos y temporales hicieron hincapié en que los servicios jurídicos -en respuesta a una propuesta suya- avalan una salida distinta a la posición mantenida hasta ahora por la administración, que pasa por una oferta de empleo extraordinaria de consolidación y estabilización.
El comité de huelga mantendrá y «recrudecerá» las movilizaciones hasta conseguir que el Gobierno dé salida una consensuada al problema «planteado desde hace muchos años y que respaldan las sentencias europeas y la jurisprudencia española», indicó Rafael Rodríguez. A su juicio, las adhesiones que está sumando este movimiento «demuestran que la solución no es fácil, pero será favorable a los trabajadores». Los empleados públicos en abuso de temporalidad llevarán a cabo movilizaciones en todo el estado el próximo lunes. En Gran Canaria la convocatoria será en frente del Auditorio Alfredo Kraus a las 16.30 horas.
Por otro lado, el Gobierno de Canarias está dispuesto a convocar procesos selectivos «amables» que podrían hacer fijos a 2.000 de los 2.949 trabajadores temporales e interinos de la administración general. La directora general de Función Pública, Laura Martín, pasará una oferta por escrito «a la mayor brevedad posible», probablemente el próximo lunes, para que el comité de huelga la valore y señale una fecha para un nuevo encuentro.
Martín indicó que estos procedimientos específicos afectarían a los grupos laborales 4 y 5, que tienen «menor responsabilidad técnica y mayor responsabilidad operativa», entre los que se encuentran el personal de limpieza, comedor o cocina. Las personas que no pudieran acceder a la función pública con esta formula, pasarían a engrosar listas de empleo «prioritarias», señaló Martín, de tal manera que permitiera a la administración «retenerlos». Si no fuera posible, dijo, entonces se negociarán compensaciones económicas.
La directora general se mostró satisfecha por los avances del encuentro celebrado ayer con el comité de huelga porque, destacó, son «conscientes» de que con esta propuesta, que prima la experiencia y se adapta a las distintas categorías laborales, «2.000 trabajadores se quedan».
Por otro lado, Laura Martín indicó que, aunque la administración no ha pedido a los trabajadores que desconvoquen la huelga una vez que se ha iniciado el proceso negociador, «hubiera sido un gesto por su parte, pero no lo han ofertado».
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