Sólo 87 funcionarios se ofrecen al traslado

Esta fórmula se incluyó en el decreto ley de medidas económicas, fiscales y administrativas aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado día 2 de abril encaminadas a agilizar la respuesta de la administración en esta etapa de crisis sanitaria, económica y social. Una de las iniciativas recogidas en este documento fue la oferta por parte de la Función Pública a los empleados públicos de la Administración General, de la posibilidad de efectuar una movilidad funcional de carácter voluntario con destino a la consejería u organismo autónomo que haya efectuado el requerimiento para dar cobertura a las necesidades de servicio que se puedan plantear con ocasión de la situación generada por el Covid-19.

Esta posibilidad, sin embargo, no ha tenido demasiada aceptación entre los empleados públicos, ya que sólo 333 personas -del colectivo de unas 12.000 que conforman el personal de la Administración General- se han interesado por esta posibilidad hasta el pasado día 17 de abril, de las que 87 han sido tramitadas de manera correcta, 19 son incorrectas y estaban pendientes de corregir y 27 han sido consultas.

La mayor parte de los trabajadores que voluntariamente han pedido este traslado de puesto de trabajo corresponde al grupo C2, e igualmente ha sido mayor la respuesta en la provincia de Las Palmas -50 solicitudes frente a los 37 de Santa Cruz de Tenerife- según los datos aportados por la Consejería.

Las personas que cambian de área dentro de la administración general de la comunidad autónoma deben pasar por un pequeño proceso de formación para adaptares a su nuevo puesto.

Por otro lado, el departamento que dirige Julio Pérez ha adoptado también medidas urgentes para que la administración garantice la continuidad de los servicios públicos en las Islas al tiempo que también hiciera posible el cumplimiento de las medidas de confinamiento y reducción de la movilidad impuestas por el estado de alarma decretado por el Gobierno central del y que igualmente afecta al personal de la administración General (unas 12.000 personas).

Por eso, indica la Consejería de Administraciones Públicas mediante un comunicado, el Ejecutivo autonómico «priorizó la puesta en marcha de un complejo y ambicioso» proceso de trabajo a distancia que «forzó» a paralizar los procesos selectivos en marcha. Este paralización se ha producido «sin ninguna excepción» y las oposiciones abiertas solo se retomarán una vez que finalice el estado de alarma.