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B. Hernández
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 12 de enero 2021, 07:12
Si lejos están los datos que ofrecen las dos partes sobre la huelga, lejos están también las posiciones respecto a una posible salida al conflicto. Tanto los sindicatos Sepca e Intersindical, como la Plataforma de los empleados públicos en fraude de ley (Prefalca), se niegan a sentarse con la directora general de Función Pública, Laura Martín, al entender que «no es un interlocutor válido», además de que su talante negociador «es nulo», dicen, por lo que solo aceptarán negociar con el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez.
Los trabajadores mantienen que la interpretación de la administración a la situación de estos trabajadores es contraria a los afectados y a la sentencia del Tribunal Europeo, que mantiene que un trabajador no puede estar en abuso de temporalidad. Para Miguel Quintero, de Prefalca, «toda respuesta del Ejecutivo regional insiste en la libre concurrencia». Indica que la alternativa es «convalidad y reparar al personal abusado pero el Gobierno de Canarias no está dispuesto hasta que el Estado no resuelva el vacío legal existente». En ese sentido, indica Manuel González, de Sepca, su propuesta es que el Parlamento autonómico dicte una norma que lo solucione «pero no hay voluntad política».
Por su parte, la directora de Función Pública, Laura Martín, mantiene «la mano tendida» a los sindicatos para alcanzar un acuerdo ya que, una vez convocada la oferta de empleo público, la negociación de las bases que la desarrollen permitirá integrar las propuestas de los trabajadores temporales, de manera que en las pruebas que se lleven a cabo prime la experiencia «porque es sinónimo de conocimiento», agrega Martín.
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