Santana achaca los retrasos de Servicios Sociales al «caos de CC»

El diputado Poli Suárez, del Grupo Popular, respondió a la consejera que la renta ciudadana «no es mérito» del Gobierno de Canarias porque está recogida en el Estatuto de Autonomía, y reiteró que los plazos en la ley de servicios sociales «no se están cumpliendo». Calificó de «desastrosa» la gestión de la Consejería y sugirió a Santana que dimita tras las fuertes críticas de familias de personas dependientes se sintieron «desahuciadas» del sistema.

La consejera mantuvo que su equipo tuvo que «empezar casi de cero» al llegar a la Consejería dado que no podían «avanzar» siguiendo con el mismo estilo, subrayando como gran prioridad la renta ciudadana, que ya se encuentra en tramitación y en consulta pública. «Hemos cumplido con el plazo legal pese a que tuvimos que reiniciar el trabajo por la pandemia», indicó, apuntando también que como el Estado adelantó el Ingreso Mínimo Vital se hizo una modificación para adaptar la norma canaria que «si todo va bien» podrá ser aprobada en el último cuatrimestre de 2021.

Sobre el catálogo de la ley, señaló que «se están dando los pasos» para que esté aprobado en 2021 con un «trabajo coordinado» con la Fecam, la Fecai y el Consejo General de Servicios Sociales, advirtiendo que muchas veces «los tiempos» también dependen de las corporaciones locales.

Santana aseguró que quieren una ley «bien definida» y que no pase como con la de 1987 que «era muy buena» pero «no hubo voluntad política» desde la administración canaria para «hacer cumplirla».

«Me gustaría que fuera tan exigente en el Gobierno como en la oposición, pues estuvieron 27 años y me pide que en más de un año termine de implementar una ley de servicios sociales», espetó a la diputada nacionalista Cristina Valido.

Añadió que a su Gobierno se le está «señalando con el dedo» por la «inacción» de los Ejecutivos anteriores que veían «irrelevantes» los servicios sociales e insistió en que se trabaja para no dar «beneficencia ni limosnas» a los ciudadanos, sino garantizar sus derechos.

Santana comentó también que han tenido que modificar la ley ante el aviso de inconstitucionalidad de los conciertos sociales y corroborado que se ha aumentado el coste de las plazas en los centros tras una «negociación compleja» con los cabildos por la falta de recursos. Añadió que en dos meses 16.000 solicitudes del Ingreso Canario de Emergencia y ahora se acaba de aprobar una ayuda adicional de 250 euros para complementar la PCI y las pensiones no contributivas. «La gente estará un poquito mejor estas navidades».

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