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Beatriz Sánchez, fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, se mostró visiblemente molesta por las declaraciones de la Consejera Noemí Santana, que culpó al Ministerio Público de la situación que se vive en el complejo Porto Bello de Mogán, donde se han denunciado posibles abusos sexuales cometidos por mayores sobre menores inmigrantes. «Creo que a Santana le falta conocer muchos detalles y ha emprendido una huida hacia delante que no entiendo desde el momento en que la colaboración entre nosotros y la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia ha sido la adecuada», manifestó.
Sánchez se quejó de que Santana acusó a la Fiscalía «de forma directa» de la situación en la que viven los menores no acompañados en los centros turísticos: «Necesitan protección y le corresponde al Gobierno canario dársela puesto que nuestra tarea es la de supervisar en materia de protección. Además, la Consejería debe tener el personal adecuado y los medios materiales para atender a esas personas», dijo.
También se refirió a las pruebas de determinación de la edad de los menas: «De esa cuestión no se encarga la Fiscalía de Menores como dijo la consejera, sino Extranjería y una vez determinada la edad y bajo la tutela de la Administración, Menores ejercita la supervisión. Pero que quede claro que nosotros no hacemos las pruebas, solo las ordenamos. En su momento la Dirección General nos pidió un informe para ver si se podía externalizar este servicio para acelerarlo, no pusimos inconvenientes, y no lo han utilizado», aclaró.
En lo que respecta a los presuntos hechos sucedidos en Porto Belo, «la elección del mismo y la dotación de los servicios necesarios corresponde únicamente a la Consejería. En este caso, la Fiscalía ha puesto de manifiesto al Ejecutivo a través de su Memoria la necesidad de dotar bien de medios a los centros en numerosas ocasiones. Indicamos la necesidad del cierre de Porto Bello y la propia consejera admitió que era el único recurso donde es necesaria seguridad privada».
Sobre la denuncia anónima, «la tarde del 14 de junio tengo conocimiento por un periódico que existía y la enviaron al Ayuntamiento de Mogán». Esa misma tarde requirió «a la Consejería información sobre los motivos por los que aún no se había procedido al cierre del Puerto Bello y, en respuesta a este requerimiento, vía email nos remitieron la denuncia anónima que llegó a la Consejería el 31 de mayo», narró.
Al día siguiente, la Fiscalía citó al director del centro para que declarara y «pasó algo curioso y es que había dimitido el día anterior, por lo que el nuevo nos dijo que se enteró por la prensa, Mencionó que hubo en esos 14 días dos inspecciones, el 10 y el 13 después de la denuncia del 31 de mayo. Del resultado de esas inspecciones no se nos ha dado traslado, las que Santana nombra y dice que no constataron los presuntos abusos, pero el director dijo que no se les preguntó por estos hechos en la inspección». La fiscal jefe detalló que la única denuncia puesta en la Policía Autonómica data del 15 de junio, quince días después del conocimiento de la denuncia y «ellos no tienen esas competencias».
«Santana habló de entre 500 y 600 mayores alojados en centros de menores sin que la Fiscalía hiciera por evitarlo, cuando en Porto Belo solo había 127 personas», expone Sánchez. «En cualquier caso, mientras no esté determinada la edad de un menor, la tutela es de la Administración. La solución es simple, a los menores en los que hay dudas razonables de que pueden no serlo, que los trasladen a otro recurso».
También manifestó Santana que la Fiscalía mantiene a adultos en espacios para menores, «pero eso no nos corresponde a nosotros, solo emitimos un decreto a la policía y la Dirección General una vez tenemos la determinación de la edad y es la Administración quien tiene que sacar a los mayores del centro y colocarlos donde estime. Además, la Fiscalía no tiene competencias en cuanto a los menores fugados. Al día hay 60 o 70 fugas de los centros, son buscados por la policía y la gran mayoría regresa».
Beatriz Sánchez dijo no querer saber nada de posibles 'guerras políticas' en este caso: «No sé las guerras que tendrá la consejera. Nosotros hemos tenido una muy buena colaboración con la directora general Iratxe Serrano con la que hablamos prácticamente a diario», destacó.
Pese a que la consejera Noemí Santana declaró que a través de las inspecciones que llevaron a cabo en los apartamentos de Mogán «no pudieron constatar la veracidad de las agresiones denunciadas», la fiscal jefe Beatriz Sánchez quiso «recordar, por obvio que ello sea, que la investigación de hechos delictivos está encomendada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» a través de Policía Judicial, a Fiscalía y a los jueces de instrucción, «nadie más. Pero la pregunta que me surge es si esa falta de constatación es lo que ha llevado a la Consejería a no comunicar a las autoridades competentes la denuncia que recibieron, excediendo con ello doblemente las funciones que le son propias: primero investigar hechos delictivos y después tomar una resolución sobre los mismos», advierte Sánchez.
Y a pesar de lo que considera una falta de constatación, «sin embargo la consejera afirma con rotundidad que los agresores en cualquier caso serían mayores que residen en el recurso alojativo conviviendo con menores y aporta cifras que escandalizan a cualquiera», añade. «Habla de entre 500 y 600 mayores alojados en centros de menores sin que la Fiscalía haga nada para evitarlo y de nuevo la confusión competencial que sustenta tal afirmación abona el pretendido descrédito de la Fiscalía», denuncia. Cuando se dice que «la cifra de mayores en centros de menores oscila entre los 500 y 600 debió decirse que el número de personas sobre las que existe duda sobre su concreta edad alcanza esas cifras». Para despejar esa duda «se realizan las pruebas oportunas, que como todo el mundo sabe no las hace la Fiscalía».
Comparte Beatriz Sánchez con Noemí Santana «lo inadecuado de aquellas situaciones de convivencia de menores en situación de desamparo con personas que hasta que no se determine científicamente su edad han de tratarse como menores», y la solución, a su juicio, «pasa por la diferenciación de espacios físicos en protección de los intereses más necesitados de protección», una postura salió a colación tras la polémica suscitada a propósito de los menores separados de sus supuestos progenitores cuya relación paterno-filial era incierta. «Que la consejera destine el centro que estime idóneo para el alojamiento de las personas llegadas que dicen tener relación de parentesco con menores, cuya protección corresponde al Gobierno de Canarias, en tanto en cuanto se verifica la realidad de esa relación parental. Y es que la realidad es muy tozuda y demuestra la existencia de casos de menores arribados a nuestras costas en dos y tres ocasiones diferentes en pateras, acompañados de personas adultas y diferentes que afirmaron ser los padres de los mismos como vía para facilitar su permanencia en España. Es decir, se trataba a los menores como meros instrumentos para un fin», determinó.
«Quizás sea necesario hacerlo una vez más, y demandar nuevamente de la Consejería que en el ejercicio de sus competencias destine concretos centros o recursos alojativos a menores y otros diferentes y separados a personas sobre las que exista dudas sobre su edad», finalizó la fiscal jefe Beatriz Santana.
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