La Ruta Canaria ya se ha cobrado más víctimas que todo el año 2020

Un total de 1922 personas han perdido la vida en su intento de llegar a España a través de la Ruta Canaria durante el primer semestre de este año. Una cifra que no solo supera las 1.851 que se contabilizaron en todo 2020 sino que representan el 92% del total de víctimas de las distintas rutas migratorias marítimas. Esta travesía, además, registró 57 naufragios, la mayoría procedentes de Mauritania con malienses que huyen del conflicto que impera en su país, según los datos recopilados por el colectivo Caminando Fronteras en su último informe Monitoreo Derecho a la Vida.

«Ya 2020 fue un año trágico pero este va camino de ser el más dramático de la historia», advierte Helena Maleno, portavoz de la ONG, que lleva recopilando datos desde 2007 gracias al contacto con las autoridades y la aportación de las familias. En este sentido, reconoció que el esfuerzo las comunidades que se movilizan cada vez más para que sus seres queridos sean buscados, localizados y enterrados. «Hay una gran invisibilización de lo que pasa en las fronteras y estos datos nos permiten exigir una solución», añadió la activista.

Es por ello que han hecho un llamamiento al Gobierno central para convocar una reunión urgente entre todos los ministerios responsables (Derechos Sociales, Inclusión, Interior y Exteriores) con el objetivo de tomar medidas. Entre ellas, se suman a la petición de Salvamento Marítimo de reforzar su personal y ampliar los medios aéreos de rastreo, que ven insuficientes para la ruta más amplia y más transitada. «El enfoque del control migratorio por encima del derecho a la vida se ha visto reflejado en la precariedad de estos servicios y la falta de coordinación entre ellos», indica.

Otra de las causas de este incremento, defiende Maleno, es el conflicto hispano marroquí. En los últimos meses los rescates por parte de la marina del país alauita han sido «negligentes o simplemente no van». Desde el episodio de Ceuta, España sabe que la coordinación es deficiente y que el gobierno del Rabat está haciendo «una total dejación de funciones» con la consecuencia de las tragedias mortales que se han vivido cerca de las costas canarias recientemente.

Caminando Fronteras también ha detectado un empeoramiento en el tipo de embarcaciones que se echan a la mar. Preocupa el uso de lanchas neumáticas, utilizadas generalmente para trayectos más cortos, mientras que las personas migrantes salen de lugares cada vez más al sur del continente. Sobre este asunto, Teodoro Bondyale, secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, añadió en rueda de prensa que el incremento de cayucos rescatados cerca de la costa de El Hierro se debe, precisamente, a que esos nuevos puntos de salida transitan por una corriente que puede llevarlos a la deriva en medio del Atlántico e, incluso, al Caribe. Además, la falta de experiencia de navegación provoca que muchas de ellas se pierdan o vuelquen durante la travesía. De hecho, entre los datos recopilados en el informe se detalla que en lo que va de año ya hay 42 embarcaciones de las que no se tienen noticias.

«Nos preocupa que esto se normalice —advirtió Bondyale—, que nos acostumbremos a que lleguen muertos». Llamó la atención, así, sobre los nuevos retos a los que se enfrentan con respecto a los enterramientos, ya que los derechos de las familias no siempre son reconocidos. «Vienen tiempos difíciles para los pobres del mundo», añadió.

Maleno reconoció las dificultades a las que se enfrentan los familiares para identificar los cuerpos de sus seres queridos, ya que la mayoría se encuentran fuera del país y en situación irregular. Es el caso de los padres de Yamila, la menor de cinco años que falleció en junio cerca de Canarias, quienes aun no han recibido una respuesta a su petición de asistir al entierro de su hija. El matrimonio de emigrantes marfileños llama a diario desde Francia, donde se encuentran en situación irregular, esperando noticias que no llegan. «Tienen derecho a ver el cuerpo, enterrarla según el rito musulmán y llorarla», reivindica. «Exigimos a los dos estados que se coordinen y pongan en el centro los derechos de esa familia y esa niña».

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