Canarias plantea una ley para imponer el reparto de menores entre las comunidades

La creciente presión migratoria en Canarias continúa preocupando al Gobierno regional, y en especial el repunte que han experimentado dos grupos vulnerables: los menores, tanto los que viajan acompañados como los que no, y las mujeres, sobre todo las embarazadas. De hecho, los datos de las últimas dos semanas evidencian esta tendencia con 75 supuestos menores y 94 mujeres que han arribado a las islas, incluyendo los ocupantes de la patera rescatada ayer en La Restinga. Un cambio de perfil respecto a la crisis de 2006 que ACNUR achaca a varios factores como la intensificación de los conflictos en los países de origen o los efectos de la pandemia, entre otros.

«Canarias no puede vivir en una crisis constante», declaró ayer en rueda de prensa la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, tras una sesión plenaria del Foro Canario de Inmigración, espacio que comparte con los agentes sociales y las ONG de acogida, en la que también estuvieron presentes la directora general de Inclusión, Maite Pacheco, el presidente de la Comisión Libe de la Unión Europea, Juan Fernando López Aguilar, y la portavoz internacional de ACNUR, Sophie Muller, entre otros. El resultado de esa reunión se tradujo en una actualización del Plan Canario de Inmigración y una declaración que pretenden elevar al Consejo de Gobierno para que la haga suya y dé traslado a otras instituciones. Así, se pretende poner al archipiélago como referente en la gestión migratoria, no solo dando respuesta a la situación actual, sino también generando recursos para el futuro. Según Santana, se hará partícipe a la sociedad canaria –a través de las ONG, sindicatos, patronal y agentes del tercer sector– y se reclamará tanto al Ejecutivo central como a la Unión Europea una gestión corresponsable del fenómeno.

Asimismo, Canarias exige una ley que obligue a un reparto «responsable» de los menores inmigrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas, con el objetivo de que el peso de la tutela no recaiga solo en los territorios receptores. «Canarias está dispuesta a asumir su cuota pero no podemos dejar el problema en manos de la voluntad de las comunidades autónomas, hay que legislar». De momento, se han llegado a acuerdos para derivar a 200 en distintas regiones del conjunto peninsular, pero solo se han efectuado los traslados de 32 menores: 10 a Castilla y León, 14 a Extramdura y 8 a Navarra.

«La atención digna a las personas migrantes pasa por un trabajo conjunto, no podemos hacerlo solos», añadió la consejera. «Dada la compleja realidad migratoria se requiere de fondos específicos y creíbles». En este sentido, recordó el trabajo del Gobierno regional en la atención a los menores con la apertura de 29 centros de emergencia para albergar el creciente volumen que hoy alcanza alrededor de 2.700 tutelados. En la anterior crisis, las plazas se habían reducido a 600 y muchos centros se desmantelaron «como si Canarias hubiera cambiado de situación geográfica». Tres de estas nuevas aperturas se ubicaron en hoteles al sur de Gran Canaria por falta de espacios, uno de ellos ya está cerrado y los otros dos se prevé clausurarlos en los próximos meses.

Sobre la presencia de menores en los centros de internamiento de adultos y viceversa, Noemí Santana indicó que se está tratando de dar respuesta con una mejora en la filiación de los inmigrantes a su llegada a las costas a través de la presencia de entidades sociales especializadas en el trato con menores a pie de puerto, ya que el Gobierno depende del resultado de las pruebas óseas para ejercer sus funciones.

El foro también llamó la atención sobre la necesidad de actuar ante el más del millar de fallecidos en la Ruta Canaria, según una estimación que ACNUR considera «mínima» ante la falta de datos. Además, abrió la puerta a la posibilidad de la adaptación de los recursos disponibles o la apertura centros segregados por sexo para evitar que las mujeres no permanecieran en los mismos centros que los hombres, donde actualmente existe un número reducido de plazas reservadas para ellas, y así poder mejorar su atención como grupo vulnerable.