La regularización de más de medio millón de inmigrantes aportó 2.400 millones al Estado

La nueva crisis migratoria, el planteamiento de nuevos paradigmas para la recuperación económica y la falta de ingresos de la Seguridad Social como consecuencia de la pandemia han reabierto el debate —no solo en España sino en otros países de la Unión Europea— sobre la regularización de inmigrantes. Un estudio académico recientemente publicado en Barcelona GSE Working Papersanaliza el impacto en los ingresos públicos y en el mercado laboral de otorgar permisos de trabajo a los indocumentados, basándose en la política impulsada en 2004 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por entonces, la legalización de 600.000 inmigrantes extracomunitarios generó unos 2.400 millones de euros y, actualmente, se estima que en nuestro país viven poco menos de medio millón, de los que el 12,5% pertenecen a países no comunitarios.

Según los cálculos de los autores, por cada persona que obtuvo un permiso se recaudó entre 4.000 y 5.000 euros al año. Un incremento que excedió el coste de la reforma, dado que los trabajadores indocumentados en España ya tenían acceso los sistemas de educación y sanidad públicas. Así, la proporción de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social pasó de un 7% a un 10% en tres meses, y vinieron principalmente del sector agrario y los servicios domésticos, donde se estima que se encuentra la mayor parte de esta población. Por otro lado, los investigadores Joan Monras y Javier Vázquez-Grenno señalan en otra publicación que esta contribución fue inferior a la esperada. «En concreto, los ingresos de la Seguridad Social se incrementaron la mitad de lo que cabría esperar de acuerdo con los contribuyentes previos a la regularización». El motivo, apuntan, podría radicar bien en que los inmigrantes regularizados comenzaron a cotizar en la parte baja de la distribución salarial, bien en que la reforma afectó al mercado laboral en sí mismo .

Atendiendo a la distribución del territorio, los datos revelan que los inmigrantes se concentraron en las provincias costeras, con un alto nivel de turismo y jubilados europeos. Fue el caso de Canarias, territorio que acumulaba en 2002, previa crisis de cayucos, una proporción de inmigrantes del 17,2%, incluyendo a extranjeros tanto de los países de dentro como fuera de la UE. Entre estas cifras, el 87,8% de los que se concentraban en Las Palmas presentaban un perfil de baja cualificación mientras que ascendía al 75,9% en Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, el estudio también demuestra que la política no generó un incremento significativo en los flujos de inmigración provenientes de los países beneficiados y, por tanto, niega un «efecto llamada». Lo que sí provocó fue la mejora de oporunidades laborales para los inmigrantes, que se tradujo en un movimiento interno desde las provincias con mayor tasa de inmigración hacia las que tenían una menor. Por cada inmigrante regularizado, en los dos años y medio siguientes, más de 5 de baja cualificación emigraron.

Y es que la medida permitió que entraran en otros sectores de la economía: aproximadamente la mitad de los trabajadores anteriormente indocumentados se quedaron en el sector formal y muchos se trasladaron a trabajos mejores y mejor remunerados, lo que condujo, a su vez, a un aumento en la recaudación de impuestos sobre la nómina. Además, se redujeron de forma notable los incentivos para delinquir de un sector marginalizado. De por sí, las autoridades no ven una relación directa entre la inmigración y la criminalidad. Según los últimos datos de la Delegación del Gobierno, Canarias ha disminuido en un 11,9% el número de infracciones penales en el último año, y la mayoría de las atribuidas a inmigrantes están relacionados con la falsedad documental.

Sin embargo, todas las conclusiones que se derivan de la reforma no son comparables con la actualidad, donde el escenario migratorio tiene unas características distintas, según apuntan los investigadores, pero insisten que son útiles . El problema de fondo, dicen, es hay «una importante bolsa de empleo sumergido que podría dotar de nuevos ingresos a la Seguridad Social».

La política de Zapatero tuvo un impacto negativo sobre los trabajadores de baja cualificación de manera generalizada al incrementarse el costo relativo de su contratación. Esa reducción en la diferencia entre trabajos de tipo formal e informal contribuyó a delimitar la capacidad de los empleadores para ejercer su poder de mercado, y vino acompañado de una mayor persecución de la economía sumergida. De hecho, entre 2004 y 2005 se dobló el número de inspecciones de trabajo realizadas.

Con todo, la regularización generó un aumento de alrededor del 3% del salario medio de los trabajadores nativos con baja y alta cualificación, mientras que los trabajadores inmigrantes con baja cualificación vieron una caída de más del 2.5 % de su salario en este campo.

Una de las principales lecciones de este «experimento» estuvo relacionado con una serie de trabajos esenciales donde los inmigrantes están especialmente sobrerrepresentados, como aquellos vinculados al servicio doméstico. Según datos del Ministerio de Empleo, el porcentaje de inmigrantes que ocupan estos puestos representan un 9,5% frente al 0,7% de los nativos. Es más, los inmigrantes suponen más del 50% del total de los afiliados a este sector.

No es de extrañar, pues, que supusieran el 20% de las solicitudes de regulación presentadas durante el proceso e incrementaran en un 50% los ingresos por impuestos sobre la nómina en 2005 y en casi un 100% durante el año siguiente.

Sin embargo, a diferencia de lo que exigía la reforma —un contrato legal de seis meses— los trabajadores inmigrantes más cualificados del sector de la limpieza no tenían incentivos para permanecer con su empleador, por lo que cambiaron fácilmente a otros empleos, la mayoría relacionados con hoteles y restaurantes. A su vez, de cada diez personas regularizadas, alrededor de cuatro inmigrantes y cuatro nativos se vieron desplazados de su puesto trabajo; y más de un nativo y casi dos inmigrantes con nivel educativo medio o alto entraron en el mercado laboral.

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