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Imagen de archivo de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana. ARCADIO SUÁREZ
El CES pide una «revisión profunda» del sistema de servicios sociales

El CES pide una «revisión profunda» del sistema de servicios sociales

El Consejo ha informado positivamente el anteproyecto de ley de renta ciudadana pero pide mayor coordinación entre administraciones

B. HERNÁNDEZ

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 29 de agosto 2021, 01:00

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El anteproyecto de ley de Renta de Ciudadanía ha servido de base al Consejo Económico y Social (CES) de Canarias para reclamar una «profunda revisión y evaluación, interna y externa» del sistema de servicios sociales que determine por qué las distintas administraciones, con amplias competencias para afrontar las situaciones de pobreza, exclusión o marginación, no son capaces de obtener mejores resultados. Para este órgano, la situación no solo se circunscribe a dificultades de ámbito económico o de recursos humanos, sino a elementos de carácter estructural. Por ello, y como primera medida, junto a ese análisis del sistema, plantea la necesidad de un trabajo interadministrativo coordinado. «No es razonable» -dice- «seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente».

El CES ha informado favorablemente el anteproyecto elaborado por la Consejería de Derechos Sociales y valora las políticas públicas, además de las actuaciones empresariales y sociales, encaminadas a abordar estas situaciones de pobreza, pero expresa su «preocupación» ante el carácter estructural de estas realidades, que se constata en la permanencia del archipiélago en los puestos más bajos de «multitud» de indicadores sociales. Además, demanda diálogo constructivo porque el enfrentamiento político «tampoco ayuda», señala. Puntualiza que estas observaciones no son una crítica ni a los actuales responsables políticos ni a los anteriores, sino un llamamiento «a la necesidad imperiosa de diseñar y mantener una política social a largo plazo» basada en el consenso.

Además de estas consideraciones generales, el CES analiza de forma pormenorizada el anteproyecto de ley de renta ciudadana remitido por el departamento que dirige Noemí Santana con el que se da cumplimiento a un mandato del Estatuto de Autonomía de Canarias. Esta iniciativa intenta dar respuesta a las familias que se han quedado fuera del ingreso mínimo vital (IMV) establecido por el Estado y a quienes tampoco pueden superar su situación con la Prestación Canaria de Inserción (PCI). La previsión del Ejecutivo es que la renta ciudadana llegue a unas 40.000 familias y que las primeras prestaciones puedan ser abonadas a finales de este mismo año.

Al respecto, y entre las observaciones al anteproyecto, el CES considera necesario una mayor precisión en relación al coste presupuestario para dotar esta nueva prestación, así como una información pública sobre su evolución y seguimiento. La estimación es que el coste de esta medida alcance los 65,7 millones en 2021, mientras que la proyección a cuatro años, y con una subida del 1,5% anual llegue a 69,7 millones en el ejercicio de 2025. Propone además que el texto incluya que esta prestación se «actualizará» anualmente «porque si pierde poder adquisitivo, no es el instrumento adecuado para resolver el problema para el que fue creado». Para el Consejo, el importe de esta renta debe incluir un porcentaje del salario mínimo (SMI) si no existen otros ingresos. Estima oportuno igualmente un complemento de discapacidad porque esta circunstancia lleva costes asociados.

Además, entre las consideraciones que hace el Consejo Económico y Social, plantea eliminar de la redacción del anteproyecto de ley el establecimiento de distintos niveles de pobreza y optar por que se incluya que el objetivo es mantener la prestación hasta que se salga de esta situación, «ya que no se trata de subir escalones dentro de la pobreza, sino salir de ella», detalla.

Asimismo, el CES pide que se modifique el anteproyecto para que la renta ciudadana llegue a personas de 16 años y 23 años que se independizan por voluntad propia -el anteproyecto solo ampara a mayores de 18 años-. Propone incluir directamente a mujeres víctimas de maltrato reconocidas como tales por la administración, aunque no exista sentencia judicial.

Financiación de proyectos

Entre las consideraciones que hace el Consejo Económico y Social al proyecto de ley de Renta Canaria de Ciudadanía, propone valorar la posibilidad de que las personas en general pudieran realizar aportaciones a programas determinados de inclusión social. Esta iniciativa, tal como se hace con las aportaciones a las organizaciones no gubernamentales, llevarían consigo la correspondiente deducción fiscal en el IRPF, indica el CES en su informe aprobado por unanimidad en el pleno de la institución el pasado 30 de julio.

En sus observaciones al texto del Gobierno, propone además una modificación de tal manera que se garanticen los recursos financieros necesarios para cubrir esta renta ciudadana, que tendrán carácter de créditos ampliables, así dotarla de los medios humanos y técnicos necesarios para ponerla en marcha y gestionarla.

Entiende además el Consejo que los beneficiarios de esta prestación deben estar «disponibles» para el empleo. Apunta en este sentido que se debe establecer por ley que quien reciba la ayuda no puede rechazar una oferta de trabajo o un proceso de formación encaminada a su inclusión laboral.

Por otro lado, el CES llama la atención de que el anteproyecto de ley evita la palabra «pobreza» y en su lugar utiliza a menudo términos como «vulnerabilidad o marginación», eludiendo con ello una realidad que los miembros del Consejo califican de «evidente y persistente» y que en su opinión, «no debe ocultarse bajo eufemismos».

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