Vista del núcleo histórico de la capital grancanaria. / Juan carlos alonso

La recaudación del tributo anulado supone más de 11 millones de euros para la capital grancanaria

La plusvalía representa el 3% de todos los ingresos previstos por Las Palmas de Gran Canaria para el año en curso

REBECA DÍAZ JAVIER DARRIBA

A falta de definir el alcance exacto de la sentencia, la anulación de la plusvalía pone en entredicho un 3% de los ingresos que percibe una ciudad como la capital grancanaria. Aquí se espera cerrar este año con 11,23 millones de euros por este concepto, que representa el cuarto impuesto directo en aportación a las arcas municipales, solo superado por el catastro (83,7 millones), el de circulación (15,31 millones) y el de Actividades Económicas (13,5).

En la práctica, sin embargo, este impuesto suele reportar más dinero que lo previsto. Así, en 2020, se presupuestaron ingresos por valor de 10,19 millones de euros y, finalmente, los derechos de cobro reconocidos fueron de 11,5 millones (+13%). Solo en 2019 se ingresó por debajo de lo presupuestado.

El alcalde, Augusto Hidalgo, confesó desconocer el alcance exacto de la nueva resolución del Tribunal Constitucional. « No sabemos cuáles son los extremos ni siquiera qué efectos tendrá», expuso el regidor socialista.

Hidalgo explicó que «la plusvalía hoy en los impuestos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria supone entre un 7% y un 9% de los ingresos tributarios» y llamó la atención sobre el hecho de que «estaba activándose el sector inmobiliario de forma importante en los últimos meses y los informes que yo tenía es que íbamos a tener un 13% de aumento seguramente en los ingresos de plusvalía con respecto a lo que teníamos presupuestado de aquí a final de año». Eso indica que el Ayuntamiento capitalino esperaba alcanzar los 12,7 millones de euros en ingresos por este impuesto al finalizar este año.

Asimismo, se refirió a que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) «está en contacto con el Ministerio de Economía y Hacienda para la posibilidad de que haya un acuerdo legislativo por parte del Gobierno central que amortigüe el posible impacto, que para nosotros puede suponer entre 10 y 11 millones de euros». Y reiteró que pese a que «parte se había descontado por las sentencias de 2017 y 2019», todavía, «aunque no sea el montante más importante de los ingresos municipales, sí tiene cierto impacto». Por eso, Hidalgo emplazó «a esperar a ver qué se acuerda entre la FEMP y el Ministerio».