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El Gobierno impidió ayer que se tramitara en el Senado una enmienda de CC y PP al proyecto de ley de prevención del fraude fiscal para elevar a 18 millones el límite desgravable de las producciones audiovisuales realizadas en Canarias, al objeto de cumplir con el diferencial del 80% sobre el resto del Estado que establece el REF. La justificación del Ejecutivo estatal para forzar la inadmisión a trámite de la enmienda por parte de la Mesa de la Cámara Alta es que elevar el tope desgravable supondría una reducción de la recaudación del Impuesto de Sociedades y tendría un impacto de 1,8 millones de disminución en los ingresos presupuestarios del Estado.
La enmienda que no se pudo votar proponía que con efectos del 1 de enero de 2020 el importe de la deducción por inversiones para la realización de producciones audiovisuales en Canarias no pueda ser superior a 18 millones de euros en el caso de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife y de 20 millones de euros para La Palma, La Gomera y El Hierro.
«CC y PP no firmaron la corrección del error técnico que hubiera permitido introducir el año 2020 en nuestra enmienda»
«Es inadmisible la puñalada que el Gobierno da al Régimen Económico y Fiscal, nuestro fuero no es negociable»
«Está claro que lo que busca el Gobierno de España es desmontar nuestro fuero y homogeneizarnos con el resto del Estado»
«Mi partido siempre defenderá lo que dice el REF, que el diferencial de los incentivos es del 80%»
Al no admitirse a trámite la propuesta de modificación de CC y PP, la ley que se tramita en el Senado se mantiene en los términos establecidos en la enmienda que el pasado jueves incorporó el PSOE en la fase de ponencia, por la que el tope desgravable se eleva hasta los 12 millones de euros, no a los 18 que corresponderían en cumplimiento del REF, y solo rige a partir de 2021. Los socialistas se habían comprometido a corregir el «error técnico» de la fecha de vigencia para dar carácter retroactivo al diferencial fiscal a 1 de enero de 2020, tal como solicitan las productoras ante la inminente liquidación del Impuesto de Sociedades cuyo plazo acaba el 26 de julio, pero la modificación de la retroactividad tampoco se incorporó al proyecto de ley.
El debate en el pleno del Senado fue accidentado desde el primer momento. CC y PP lograron recabar la firma de seis grupos parlamentarios para su enmienda 'in voce' -el reglamento de la Cámara exige un mínimo de cinco-, con el apoyo de todas las fuerzas políticas salvo PSOE y Ciudadanos. La negociación de cara a la votación de prolongó durante horas y en el último momento la presidenta del Senado, Pilar Llop, anunció que no admitía a trámite la enmienda. El PP pidió que reconsiderara la decisión y Llop suspendió el pleno durante media hora para deliberar en una sala contigua al hemiciclo. Finalmente, el escrito del Gobierno vetando que se eleve el tope deducible a 18 millones confirmó la inadmisión a trámite de la enmienda.
«Queda perfectamente acreditado el empeño del Gobierno de España de desmontar el diferencial fiscal de Canarias, anular el fuero isleño y homogenizar la fiscalidad de las islas con el resto del territorio nacional», señaló el senador de CC, Fernando Clavijo, «porque el argumento que usan de que tendría un impacto de 1,8 millones en la recaudación es ridículo para justificar el veto», añade. El parlamentario nacionalista cree que la decisión del Gobierno de impedir la votación responde además a una maniobra para evitar la imagen de los socialistas canarios votando en contra del REF y por temor a perder la votación y que la enmienda saliera adelante, porque los votos estaban reñidos.
Por su parte, el senador del PP Asier Antona calificó de «inadmisible» la actitud del Gobierno, que a su juicio supone «una puñalada» al REF. «Nuestro fuero no es discutible ni negociable, el REF es de obligado cumpliendo gobierne quien gobierne en Madrid», expuso, «seguiremos dando la batalla y pedimos que los senadores socialistas canarios sean aliados de esta batalla vital para Canarias», añadió.
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