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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ayer que en las comunidades en las que gobiernan los populares (11 de 17), tanto en solitario como con Vox, se seguirá cumpliendo con la solidaridad para acoger a menores migrantes. Además, según fuentes consultadas por este periódico, el partido ha solicitado una ficha financiera de 500 millones de euros para atender a los niños y niñas que se deriven a otras comunidades. La falta de financiación es uno de los matices trasladados por el PP al texto acordado por Canarias y Madrid, en el que se dice que se adoptarán «las medidas financieras que resulten necesarias».
Feijóo se pronunció ayer tras la amenaza que lanzó Vox, partido con el que gobierna en cinco territorios (Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León,Murcia y Extremadura) de romper las alianzas que tienen con los populares si estos apoyan el cambio en la norma. Esta modificación permitirá que el reparto de niños y niñas que llegan a las costas de las islas entre las regiones de España sea obligatorio. Ya son cerca de 6.000 menores los que esperan una respuesta.
A su vez, el líder de los populares aprovechó para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y acusarlo de no tener una política migratoria en declaraciones recogidas por Efe en un acto público en Torrejón, Madrid.
Precisamente ayer, Abascal reafirmó su intención de romper las coaliciones que tiene con el PP para gobernar en ciertos territorios si estos respaldan el acuerdo, ya que, dijo, esto iría «claramente en contra del espíritu y la letra de los pactos regionales». En declaraciones recogidas por Efe durante la clausura de la Asamblea General Ordinaria del partido, el líder de Vox trasladó que si las comunidades «no ponen todo lo que esté de su mano para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada», ellos sí cumplirán con «el compromiso» de sus votantes.
Tanto Madrid como Canarias esperan llegar a un acuerdo «definitivo» en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará en Canarias durante las primeras semanas de julio. La consejera de Bienestar Social del Ejecutivo regional, Candelaria Delgado, adelantó ayer antes de la celebración de un foro organizado por CANARIAS7 que ya se ha reunido con el Ministerio para acordar una fecha para el encuentro.
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En dicho encuentro se cumplirá una de las peticiones de los territorios: la de ser escuchados. Algunas comunidades ya se han manifestado, como es el caso de aquellas en las que «peligran» los pactos de gobierno entre PPy Vox. Por un lado, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (PP), acusó al Gobierno de «derivar toda la presión asistencial migratoria exclusivamente sobre las comunidades del PP». Hizo alusión a que en su región los centros están «un 60% por encima de la capacidad» por lo que están realizando un «esfuerzo extraordinario» que no hacen «comunidades socias del Gobierno de España».
Desde Castilla y León, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ejecutivo castellanoleonés, Isabel Blanco (PP), advirtió a Vox de que la comunidad «es tierra de acogida». Asu vez, pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que exista «consenso» entre todas las administraciones para llevar a cabo la reforma legal.
Así las cosas, para Madrid y Canarias es importante contar con el apoyo del Partido Popular a la reforma legislativa, ya que su postura es determinante para que salga adelante. Así, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, pidió en declaraciones recogidas por Efe a los populares que ratifiquen «el compromiso con los derechos humanos» y tachó de «vergonzoso» que se use a los niños y niñas en un conflicto político para lograr «réditos a corto plazo».
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sostuvo este viernes que la amenaza de la ultraderecha al PP de romper los pactos en caso de que los populares apoyen el reparto es «lo mejor que les puede pasar» si su intención es «mantener su propio camino, democrático y de respeto a los derechos humanos».
El vicepresidente de Canarias y líder del Partido Popular en el archipiélago, Manuel Domínguez, mostró su preocupación por una «formación política», Vox, en la que hay representantes canarios, que entiende que las islas se tienen que convertir «en una cárcel y el mar en un cementerio» para los miles de migrantes que arriesgan su vida en la Ruta Canaria.
El vicepresidente del archipiélago calificó de «absoluta irresponsabilidad» las amenazas del partido liderado por Santiago Abascal de romper los acuerdos de gobierno que tiene con el PPen distintas comunidades (Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y Extremadura) si los populares apoyan la reforma de la Ley de Extranjería para garantizar que el reparto obligatorio de los menores migrantes que llegan a las islas entre las comunidades autónomas.
«Hay niños y niñas que merecen ser atendidos, y entendemos que todos deberíamos plantear soluciones», afirmó el líder del PPen las islas, que acusó al partido liderado por Santiago Abascal de poner «un muro entre el resto del territorio nacional y Canarias» para que sean las islas «las únicas que defiendan esta situación».
A Domínguez le preocupa que haya «personas capaces de manifestar públicamente» que la crisis migratoria sea «un problema de Canarias y de los canarios». A su vez, mostró su comprensión por el «interés de todos los representantes políticos (en la reforma) porque España no está llevando a cabo políticas migratorias», pero espera que «se entienda que en España y en Europa hay «un gravísimo problema». El vicepresidente no entiende como Vox trata de «dejar aislada a Canarias aún más».
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