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B. Hernández
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 21 de marzo 2023, 07:42
Tras la última polémica por la privatización de las torres de control en tres aeropuertos canarios, Nueva Canarias (NC) ha puesto sobre la mesa la posibilidad de crear una empresa pública, de mayoría canaria y participada por el Estado, que cogestione tanto los aeropuertos de las islas como las torres de control.
Al respecto, la diputada de NC Esther González considera que los aeropuertos son «esenciales» para el archipiélago por lo que, ante la negativa reiterada de Aena de facilitar la cogestión de estas infraestructuras en la comunidad autónoma, reclama que se estudie esta fórmula o «una alternativa». El objetivo, apunta, es que se cumpla el Estatuto de Autonomía porque «llevamos cinco años pidiendo ser parte del organismo que gestiona los aeropuertos canarios y siempre tenemos la callada por respuesta» a pesar de las continuas reclamaciones que se han hecho desde las islas.
Para González, los aeropuertos son un servicio fundamental no solo para la movilidad de los canarios y los turistas, sino para el transporte de las mercancías y, por tanto, un elemento de «extrema importancia» para la economía de la comunidad autónoma. Por eso, argumenta que «no podemos seguir así, sin que ni siquiera nos contesten» y reclama una propuesta que garantice la cogobernanza.
Nueva Canarias mantiene su reivindicación de la cogestión de los aeropuertos en cumplimiento del Estatuto de Autonomía aprobado en 2018 y con el objetivo final de conseguir la gestión directa. Recordó González que, transcurridos cinco años, desde la entrada en vigor de la última reforma estatutaria, Aena ha «impedido permanentemente» la entrada de Canarias en su consejo de administración, por lo que considera que «es hora de adoptar propuestas innovadoras» que puedan poner fin a esta «pelea de años».
Aunque considera positivo el acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados que insta a revisar la orden ministerial que había puesto en marcha el proceso de liberalización, para Esther González «solo cabe una decisión final» y es la renuncia de Transportes a la puesta en marcha de la iniciativa encaminada a la gestión privada de las torres de control de los dos aeropuertos de Tenerife y el de Gran Canaria.
En su opinión, de seguir adelante con esta propuesta, «se estaría poniendo en peligro el motor económico de la comunidad autónoma, que es el turismo, y el sector que arrastra al resto de los sectores productivos del archipiélago». Entiende además que se debe parar esta iniciativa para evitar la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, como ya ha ocurrido en las infraestructuras liberalizadas en Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, dice.
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