La FET pide adaptar la ley de movilidad sostenible a la singularidad de Canarias

«Ahora no aparece ninguna referencia a la única región últraperiférica (RUP) que tiene España», señaló Hernández ante la comisión de Transportes de la Cámara Baja, donde compareció para aportar su valoración del proyecto, «y tiene que quedar recogida, no solo como hecho diferencial sino para que se pueda aplicar lo que se recoge en esta ley, que es bueno pero necesita tener reconocidas las líneas de actuación», añadió.

En esta línea, el dirigente de la patronal del transporte recordó que Canarias tiene especificidades como la lejanía y la doble insularidad, que resultan determinantes a la hora de diseñar la movilidad.

«Tenemos siete sistemas eléctricos aislados basados en el fueloil, por lo que la apuesta por los vehículos eléctricos cuenta con una distorsión importante que debe ser abordada por el Gobierno para que las previsiones de electrificación y paso al hidrógeno puedan ser viables en el archipiélago», expuso.

Destacó igualmente que al ser islas hay siete sistemas de transporte público, lo que multiplica el sobreesfuerzo en dotación de flota, trabajadores e instalaciones. «Para atender a una población de 2,3 millones de habitantes hay más de 1.500 vehículos de transporte público por carretera y amortizar la inversión de la flota es complicado», indicó.

En su intervención Hernández defendió asimismo el reconocimiento del concepto de transporte insular integrado, que no se tiene en cuenta en el texto actual del proyecto de ley, y solicitó la declaración del transporte de mercancías por carretera como servicio público estratégico, además de que se reconozcan las particularidades de las islas en la adaptación de la normativa del tacógrafo. Se mostró partidario también de que la Comisión Nacional de Transporte por Carretera se mantenga como órgano independiente.

En cuanto a la dotación de recursos, Hernández recalcó que según los cálculos de la FET, con la implementación de la ley de movilidad sostenible y las políticas de gratuidad que ya se están aplicando «habría que multiplicar por tres las aportaciones al sistema de transporte público en España, porque no está siendo suficiente».

Destacó que la diferencia entre la aportación estatal y el coste real está siendo cubierta por las corporaciones locales, principalmente por los cabildos en Canarias, y señaló que «debe ser motivo de un recálculo de manera inmediata».

En su opinión en texto actual del proyecto de ley contiene «medidas potentes», pero que si no van acompañadas de una verdadera ficha financiera que las respalde quedará reducido a un documento programático.

A este respecto instó a que todas las previsiones se apliquen con un proyecto financiero que al menos marque las líneas básicas que deben recogerse en los Presupuestos Generales del Estado. Como punto de partida, Hernández propuso que se establezca cuál es el marco actual del servicio de transporte público en España y su coste, para a partir de ahí implementar las mejoras necesarias a partir de criterios objetivables.