Las peticiones de la PCI crecen un 47,8% con respecto al año pasado

El principal escudo social gestionado por el Gobierno ha sido la Prestación Canaria de Inserción (PCI), de la que en el primer trimestre de este año se han registrado 1.792 solicitudes frente a las 1.212 recibidas durante el mismo periodo en 2020, lo que supone un incremento del 47'8%. Además, el mes de marzo experimenta la mayor subida, con 183 peticiones más que febrero.

La prestación canaria alcanza actualmente a 7.507 familias, según datos de marzo facilitados por la Consejería, lo que supone un 37% más que en 2020, cuando se resgitraron 5.478. De media, el importe percibido por unidad de convivencia en nómina asciende a 506,90 euros, una cifra que incluso para alrededor de 700 familias resulta insuficiente y la complementan con el Ingreso Mínimo Vital, ya que sus ingresos no superan las cuantías máximas establecidas por la ayuda estatal. En esta línea, el Gobierno canario ha acordado ampliar hasta final de año el plazo en el que se podrán compatibilizar para evitar que familias vulnerables deban devolver las cantidades percibidas. También Canarias se sumó a la propuesta impulsada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que aboga por una «pasarela automática» que beneficie la transición con respecto al ingreso mínimo desde las rentas autonómicas, que en el caso de las islas correspondería a la PCI.

Según el análisis de la dirección general de Derechos Sociales, el perfil mayoritario de quien inicia el trámite es el de una mujer de nacionalidad española, con estudios primarios y cabeza de familia. De hecho, este tipo de hogares representó el 31'18% de los expedientes resueltos en 2020, tal y como revelan los datos extraídos de la memoria anual de la PCI. En cambio, los hogares donde el cabeza de familia era el hombre solo alcanzaron el 2'11%. Además, casi la mitad del total se correspondió con hogares unipersonales frente a un 10'55% de los hogares biparentales con hijos. En función de la edad, los más afectados por la situación económica son los mayores de 50 años, que representaron el 47,34% de las solicitudes, mientras que las peticiones de las personas entre 40 y 50 años supusieron un 22'55% y las de los menores de 30 años un 10'58%.

Otro de los avances de la Consejería de Derechos Sociales viene de la mano de la resolución de expedientes. En total, en 2020 tramitó 5.446 nuevos, lo que representa un 27% más respecto al año anterior, y gestionó 5.263 renovaciones. La mayoría de ellas se registró en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que acumuló el 54'3% frente al 45'69 de Las Palmas, ambos porcentajes concentrados, sobre todo, en las islas capitalinas. De todo el conjunto de solicitudes remitidas desde los ayuntamientos canarios, el 77,69% fueron resueltas de forma favorable mientras que el 22,31% fueron desestimadas.

A juicio de Santana, «estamos en una legislatura clave, que marcará las bases de los derechos y políticas sociales del presente y del futuro de Canarias». En este sentido, apuntó que en apenas un año y medio se ha puesto en marcha el Decreto de Conciertos, que ya ha pasado a consulta pública; el Catálogo de Servicios Sociales, que ya ha finalizado el trabajo conjunto con cabildos y ayuntamientos, y la Ley de Renta Ciudadana, que pronto entrará para su debate en el Parlamento. Una vez que esta se materialice, unida al IMV, se prevé llegar a 50.000 personas en situación de riesgo de exclusión social.