El Muelle de Arguineguín sigue recibiendo a personas que son rescatadas por Salvamento Marítimo y atendidas por Cruz Roja. / EFE

Pestana rechaza el ultimátum de los alcaldes pero intentará sacar a los inmigrantes a tiempo

Torres criticó a la alcaldesa de Mogán a la que advirtió que no caben exigencias ante la «situación dramática» que supone la migración

EUROPA PRESS / EFE Tenerife / Gran Canaria

El ultimátum dado por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, para que los establecimientos turísticos del municipio desalojen antes del 31 de diciembre de este año a los inmigrantes que acogen originó ayer una gran polémica.

El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, rechazó ayer el pronunciamiento de Bueno secundado también por la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de Las Palmas y matizado por el concejal de Turismo de San Bartolomé de Tirajana. «Veremos si antes del 31 de diciembre, en teoría, eso podría ser», contestó Pestana a Cope Canarias, pero al mismo puntualizó que «en una situación de crisis, el ultimátum no me parece razonable».

En todo caso, consideró que la imagen que se puede proyectar sobre el alojamiento de estas personas « es mejor» que la de los migrantes hacinados en el muelle de Arguineguín.

El delegado del Gobierno recordó que el alojamiento de migrantes en complejos turísticos es una medida «temporal» y de hecho, desde el Gobierno central se están habilitando varios espacios para tener alternativas. «Alguno ya está bastante avanzado y esperamos tenerlo disponible en unos pocos días», agregó.

Situación dramática

Pestana criticó también los «discursos» que achacan a la inmigración la falta de turistas en Canarias, cuando se debe a la pandemia y las restricciones impuestas en los mercados emisores.

El presidente del Gobierno autonómico, El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, rechazó igualmente el ultimátum de Onalia Bueno, al afirmar que no caben exigencias de este tipo ante la «situación dramática» que entraña la crisis migratoria.

Tras recordar cómo se llegó a tener que alojar a los inmigrantes en los establecimientos turísticos y alabar la disponibilidad del sector empresarial, Torres apuntó que los contratos con el Ministerio de Migraciones expiran el 31 de diciembre y la intención, dijo, es que estas personas estén por entonces «en otros espacios, que es lo que debe ser». «Eso es lo que están pidiendo los empresarios, a los que agradezco la colaboración que han tenido -apuntó el presidente-. Lo que me parece es que no se puede decir que tiene que ser el 31 de diciembre sí o sí, porque, si finalmente es el 5 de enero, ¿qué hacemos con esas personas, las mandamos a la calle?», inquirió.

Por su parte, el portavoz y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, tildó de «xenófobas» las declaraciones de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, contra el alojamiento en hoteles de inmigrantes, medida que el Ejecutivo respalda como «una situación provisional», remarcó.

Igualmente, muchos de los partidos con representación en el Parlamento coincidieron en rechazar las manifestaciones producidas el día anterior.

La excepción fue el Partido Popular (PP), cuya portavoz, Australia Navarro no quiso entrar a pronunciarse sobre la amenaza de sanción que se cierne sobre los empresarios turísticos que decidan prolongar la estancia de los inmigrantes. «Los ayuntamientos de Mogán y San Bartolomé de Tirajana lo que han hecho es exigir al Gobierno del Estado a que asuma su responsabilidad porque parece que esto se quiere prolongar», contestó.

Mientras tanto, Salvamento Marítimo desembarcó al mediodía de ayer en el muelle de Arguineguín a 39 personas de origen subsahariano, entre ellas un menor, a quienes rescató de una patera que navegaba al sur de Gran Canaria tras auxiliar a otra ocupada por 24 magrebíes.