El personal laboral y la Administración no acercan posiciones para garantizar la permanencia

La consejería de Administraciones Públicas y el comité de huelga del personal laboral de la comunidad autónoma continúan sin encontrar una solución satisfactoria en el conflicto de la temporalidad, a pesar de que ambas partes reconocen los esfuerzos. El resultado de la primera reunión de la mesa de trabajo jurídica celebrada ayer fue, por tanto, «una muestra de que queda mucho por hacer», ya que mientras la Administración se aferra a los procesos de estabilización basados en concursos abiertos —siguiendo la norma estatal— los temporales argumentan que estos no dan garantías a las personas sometidas al fraude de ley de permanecer en sus puestos de trabajo. Un mecanismo que no solo rechaza el Tribunal Superior de la Unión Europea, ya que no concibe sanciones ni compensaciones para los trabajadores, sino el propio informe jurídico que llegó a retrasar dos meses la firma del acuerdo con los sindicatos.

La alternativa, explican desde el comité de huelga, sería la convocatoria de listas cerradas o una valoración de méritos para acceder a sus respectivas plazas. Una fórmula que ya cuenta con antecedentes en Canarias, ya que como señaló este periódico, el Gobierno convirtió en fijos a todos los trabajadores temporales en 1997 y 2003 mediante un proceso administrativo sin convocatoria de oposiciones. Entonces se articularon varias fases en las que se evaluaban las titulaciones académicas, la antigüedad y el trabajo desarrollado para luego presentar una memoria de las tareas de su puesto específico ante el órgano de selección en una entrevista personal. Sin embargo, otro punto caliente del conflicto es, precisamente, qué criterios deberían establecerse para ese concurso de méritos.

Con todo, la solución idónea para los temporales sería conseguir la categoría de empleado público «a extinguir», que además recoge la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, por lo que tendría fundamento jurídico. «Si lo consiguiéramos desconvocaríamos la huelga», apuntan. En cambio, el Gobierno lo rechaza de forma generalizada porque supondría otorgar una plaza indefinida y aseguran que la Constitución lo prohibe.

La mesa jurídica, que se propone buscar fórmulas legales que den cobertura a una posible estabilización de los puestos de trabajo, volverá a reunirse esta semana con representantes de la Administración con el objetivo de encontrar un nuevo acercamiento y se ha comprometido a aportar un documento normativo que avale el cumplimiento del acuerdo. Por su parte, la Consejería ha celebrado que tras el 'parón' de agosto se haya retomado el diálogo y confían en llegar a un punto de encuentro. Paralelamente, continúa trabajando la primera mesa, que tuvo su reunión inicial justo antes del verano con el objetivo de determinar los afectados por el fraude de ley.

Durante el mes de septiembre continuarán, también, las movilizaciones convocadas, ya que el comité entiende que no pueden desconvocar la huelga hasta conseguir una permanencia real de los casi 4.000 afectados en Canarias, algunos de ellos con más de dos décadas encadenando contratos temporales. Confían en que las protestas, que ya se han alargado nueve meses, sirvan para ejercer presión al margen de la hoja de ruta del resto de comunidades autónomas. En ese sentido, el comité ve con incertidumbre el reciente decreto aprobado por el Congreso e impulsado por el anterior ministro de Función Pública, Miquel Iceta, que ahora se tramita como proyecto de ley. Una norma que busca limitar al 8% la temporalidad en la administración pública.