Entrevista

Pérez Royo: «Lo que el Estado ha hecho en Cataluña es una barbaridad»

17/11/2017

El catedrático de Derecho Constitucional estuvo en la isla invitado por podemos para dar una conferencia sobre el desafío catalán. Se muestra muy crítico con las medidas que el Gobierno de Rajoy ha utilizado, a su juicio, manejando el poder judicial para hacer política.

/ Las Palmas de Gran Canaria

— Ha venido a Gran Canaria para dar una conferencia titulada La realidad en los tiempos de la DUI y el 155. ¿Cuánto queda por decir a respecto?

— Queda mucho por analizar. La declaración de independencia era un espejismo, una ilusión óptica que parece verosímil en la distancia pero que se desvanece en la proximidad. No había posibilidad ninguna de que se llevara a cabo. No tienen fuerza para conseguirla. Ni un ejército para imponerla, ni recursos. Se ha comprobado. El presidente de la Generalitat jugó esa baza pensando que con la amenaza de la DUI el Gobierno se avendría a negociar, de forzar. Pero era algo ilusorio porque el Estado no podía dar marcha atrás, porque perdería su prestigio. Cataluña no ha avanzado un milímetro. Pero otra cosa es la reacción del Gobierno, que ha sido de una brutalidad tremenda. Además, quitándose la careta y actuando de una manera que jurídicamente es una barbaridad.

— ¿Por qué?

— Las cosas de las que se acusan a los detenidos no son constituyentes de esos delitos que se dicen. No hay sedición en ningún caso, porque el Estado se ha saltado todas las atribuciones de competencias sobre estas conductas. La Audiencia Nacional, en ningún caso, puede entrar en este asunto. Y el Tribunal Supremo en el caso del Parlament, tampoco. Simplemente hay un delito de desobediencia y prevaricación, que tendría que tener una pena de inhabilitación, que fue lo que se le hizo a Artur Mas. Ha hecho una barbaridad saltándose las normas de competencia, concentrándolo todo en Madrid, y manejando todo el asunto dependiendo de cómo se vaya dando la situación a ver si necesita actuar o menos. Y esperando el resultado electoral de diciembre.

— ¿Ha manipulado el Gobierno las herramientas judiciales?

— Jurídicamente ha hecho una monstruosidad tremenda. Ha quitado del medio a los órganos judiciales de Cataluña, que eran los competentes. Y se lo ha llevado todo a Madrid. Entonces ha utilizado el poder judicial como una prolongación de la acción política del Gobierno.

— ¿Hacia dónde va este conflicto?

— El problema sigue estando. Con más de dos millones de votantes en Cataluña que quieren la independencia. Ya ellos saben que no tienen la mayoría, por lo que no pueden poner en marcha una declaración de independencia porque no tienen la masa que la sostendría. Pero están ahí. El asunto es cómo va a metabolizar todo este proceso la sociedad catalana, es lo que tendremos que comprobar. Pero no podremos hacerlo hasta que no tengamos los resultados electorales.

— ¿Dónde está el origen de este desencuentro?

— La única época en la que este problema estaba resuelto en España fue entre 1980 y 2010. Si no llega a aparecer la sentencia del Tribunal Constitucional contra el recurso del Estatuto de Cataluña tendríamos 30 años más de tranquilidad. Ahí se produjo una anormalidad del Partido Popular, al que la jugada políticamente le salió bien. Porque al PSOE lo destrozó. Al igual que lo hizo con el nacionalismo catalán. Para ellos ha sido una baza importante para su hegemonía en el panorama político español. El problema es que ha generado una ruptura que sigue estando ahí sin resolverse, por mucho 155 que se haya aplicado. Porque de momento han parado la DUI, que si no lo hubieran hecho no pasaba nada porque esa declaración no iba a ningún lado.

Pérez Royo: «Lo que el Estado ha hecho en Cataluña es una barbaridad»

— ¿Hay un marco jurídico con capacidad para reconducir las cosas?

— Ahora hay un divorcio en el que hay que ver cómo se gobierna Cataluña, dentro de España, con los partidos mayoritarios en el Estado que se han convertido en marginales en Cataluña. Todo esto viene de esa sentencia del 2010, que se vino a cargar el encaje de Cataluña en España, que estaba funcionando muy bien. Que esa era una de las cosas más importantes que tenía la Transición. Y se la han cargado. ¿Cómo se va a reponer esto? Lo veremos después de las elecciones. Llevamos seis años con lo del derecho a decidir y lo del referendo... Pero todo depende de las elecciones. De si se puede formar gobierno o no. O de si hay mayoría para nombrar un presidente.

— ¿La justicia como un juego de estrategia política?

— Es lo que se está dando. La respuesta del Partido Popular es la de desatenderse de negociar. Aplican la ley y el código penal y ya está. Esa es la estrategia que han tenido desde el primer momento.

— ¿Y estos años se podía haber articulado una forma jurídica al derecho a decidir?

— Se podía. Jugando con la mayoría absoluta, que además tenían, para salir ganadores.

— ¿Hasta qué punto vulneró el Govern la legalidad?

— ¿Hay algo más anticonstitucional que decir que te quieres ir? Todo lo que hagan para irse de España es anticonstitucional. Ahí no hay debate jurídico. Pero simplemente se trata de un pulso político. Ver si tienes fuerza para tener algún tipo de reconocimiento, que no lo han conseguido, porque no tenían la consistencia política suficiente como para echar ese pulso. Y en cuanto ha llegado el momento decisivo se ha comprobado que no tenían nada y que el Estado es muy fuerte. Eso no era un choque de trenes. Uno es un trasatlántico el otros es una patera. Pero lo que ha pasado es que el Estado ha reaccionado vulnerando su propio ordenamiento. No han sido las formas de un estado democrático, ha sido un aquí vale todo. Y, además, tengo a mi gente detrás. Con banderitas en los balcones. Por primera vez, Rajoy tiene una base social más amplia que la del Partido Popular detrás de él.

— ¿Presos políticos o políticos presos?

— No son presos políticos pero lo parecen. No lo son porque el estado español es un estado democrático. Pero las formas de actuar del Gobierno no han sido las formas de la democracia. En este tema no ha actuado así. Estos señores están en prisión sin tener que estarlo. Y no son presos políticos porque cuentan con un sistema de recursos y previsiblemente van a salir de la cárcel, no como los de la época de Franco. No son presos políticos, pero no son Ignacio González. Porque sobre él sí que a nadie se le ocurre decir que es un preso político. Junqueras no es Ignacio González.