«Algunos quieren salir solo con el voto de las islas capitalinas»

— Una de las propuestas estrella de su Consejería ha sido la de Gobierno abierto, pero encalla con la transparencia.

— La política de transparencia del Gobierno, evaluada por organismos independientes y por el comisionado de Transparencia, tiene una nota alta, aunque tenemos que seguir mejorando. De hecho, en la última reunión con el comisionado estuvimos buscando fórmulas para ser más eficaces allí donde todavía hay algún problema. Ellos van detectando las dificultades y nosotros intentamos remediarlas. También estamos haciendo un esfuerzo para que se sepa que los datos están a disposición de la ciudadanía y trabajamos para que sean en abierto, sobre todo lo que tiene que ver con información analítica.

— Los últimos datos del Estado respecto al empleo público reflejan una pérdida importante en Canarias, en torno a 10.000 empleos en siete años.

— Si se suman todas las administraciones puede salir esa cifra, aunque es verdad que desde el año pasado se han empezado a cubrir tasas de reposición en un 100%. Estamos intentando sacar toda la oferta pública de 2015 y que no quede ningún puesto por el camino. Durante los años de crisis también hubo un ataque, no sólo a la Comunidad Autónoma, sino a todas las instituciones porque se decía que había demasiado personal. Lo cierto es que la pérdida de empleo durante este tiempo ha evidenciado que la demanda de los ciudadanos se ve afectada si no existe el personal suficiente y cualificado, sobre todo en administración general. Con la estrategia de modernización intentamos simplificar, pero la Administración necesita un personal concreto para funcionar.

— ¿Cuantos empleados necesitaría incrementar la Comunidad para prestar sus servicios en condiciones óptimas?

— Necesitamos cubrir todo el empleo perdido en la administración general -no hablamos de sanidad, ni educación o servicios sociales-. No se necesita más personal, pero sí cubrir -como mínimo- el que teníamos para atender la demanda de la ciudadanía. En algunos casos puntuales se podrá ir a mejoras.

— ¿Está cuantificado el número de plazas que entrarían en el concurso de estabilización según el pacto planteado por el Estado? ¿Cuándo podría estar cerrado?

— El acuerdo del Estado con las grandes centrales sindicales, hasta que se interrumpió la negociación del presupuesto, buscaba una posición común para desarrollar ese plan. Esperamos recuperarlo a lo largo de 2018 si finalmente hay presupuesto. En Canarias mantenemos reuniones paralelas con los sindicatos para ver cómo se puede llevar a cabo. El meollo está en el peso que debe tener la experiencia del personal en la prueba.

— La Consejería mantiene diferencias importantes con los sindicatos por la recuperación de los derechos perdidos durante la crisis.

— Los sindicatos deben saber que estamos empezando a salir de la crisis, pero es precipitado decir cuál va a ser el crecimiento en los próximos años. Hemos hecho algunas cosas, como recuperar los sexenios en Educación, que tiene un coste importante para los recursos públicos. En los últimos presupuestos también se han incluido reivindicaciones sindicales y la idea que tengo es que, en 2018, empecemos a trabajar en derechos suspendidos como consecuencia de la crisis. La idea es seguir en la vía del diálogo y recuperar algunas conquistas, fundamentalmente las que tienen carácter económico. Se abrirán negociaciones ahora y se irán recuperando algunos derechos por acuerdo del Consejo de Gobierno, incorporándolos en alguna ley o en el presupuesto de 2019.

— Sobre la reforma electoral...

— Hemos conocido una propuesta verbal de reforma electoral y estamos intentando entender el alcance de la misma más allá de la rebaja de los topes electorales. Lo más que nos preocupa es la reacción en contra que estamos detectando de la ciudadanía respecto a que el Parlamento necesite más diputados. Pensar que diez parlamentarios no van a costar más es dudoso, porque requieren gastos de dietas, asistencias, etc. Decir que se puede hacer reestructurando el presupuesto de la Cámara, no está tan claro. Además, por mi experiencia, creo que para atender el trabajo del Parlamento no se necesitan diez diputados más, ni aportan más trabajo o más control a la acción del Gobierno.

— El objetivo de que haya más diputados no es más trabajo, eficacia o control, sino más canarios representados en el Parlamento.

— Claro, pero ¿se puede asumir el coste del aumento de diez personas si no van a aportar nada? ¿Ése es el valor democrático de la propuesta? ¿Entenderán los ciudadanos ese argumento?

— ¿Ésta va a a ser la posición mañana en la permanente de CC?

— Nosotros vamos a estudiar la propuesta y la impresión de la ciudadanía sobre esta reforma. No sabemos si hasta la próxima reunión de la ponencia puede haber alguna variante, porque ya he oído que hay debate interno en algunos grupos, como el PP.

— ¿Presentará alguna propuesta?

— Nosotros ya tenemos una propuesta, la que está en la reforma del Estatuto y que acordamos con el PSOE: bajar los topes electorales, mantener los sesenta diputados y la posibilidad de que a través de una ley del Parlamento canario podamos tener una lista autonómica de diez diputados más. Esa propuesta está por escrito desde hace ocho años.

— Pero también han dicho ustedes que si hubiera una propuesta mayoritaria se sumarían.

— Nos sumaríamos no, que estamos dispuestos a estudiar cualquier propuesta que pueda suscitar consenso. Esta parece que lo tiene y nuestra obligación es estudiarla.

— Tal como lo plantea, y como ya han dicho dirigentes insulares de CC, la estudiarán para oponerse.

—Si hay una propuesta que tiene ese apoyo, ¿cuál es el problema? Para hacer una ley electoral no necesitan 40 votos porque no se modifican las circunscripciones. Tienen apoyos suficientes. Además, alguien ha sugerido que si no sale aquí, saldrá en el Congreso. Parece que hay una posición mayoritaria decidida a que haya una propuesta con o sin CC. Si no nos gusta, discreparemos, y si sale, la respetaremos.

— Como dice, si no se aprueba aquí, se puede aprobar en Madrid. ¿O tienen ustedes alguna garantía del PP de que eso no sucederá?

— El Partido Popular no puede dar esas garantías porque las mayorías en el Congreso ya no existen. Se pueden concitar los mismos apoyos en Madrid. Nos preocupa que se apruebe en las Cortes por una cuestión de fuero, no porque legalmente no pueda hacerse. No tenemos ningún acuerdo que sustente que la modificación electoral se haga dentro del pacto que hemos firmado. El consenso es lo que permite los acuerdos y si lo alcanza el resto de la Cámara, no impedirá que exista una reforma.

— ¿La triple paridad para ustedes es inamovible?

— Hasta ahora, Canarias ha funcionado con la triple paridad, ha conseguido que los canarios, vivan donde vivan, se sientan representados en la Cámara y, además, nadie ha votado por islas. Todos hemos votado al partido que nos representa. Por lo tanto, hemos tenido una Comunidad equilibrada. Entendería que hay un problema si con esta representación se hubiera perjudicado los intereses de una isla u otra, y eso se debe a que no tenemos cuatro diputados más o diez diputados más.

— Pero si se ha perjudicado a miles de ciudadanos a los que se ha excluido de tener representación política en el Parlamento.

— ¿Y no nos presentamos todos con las mismas reglas de juego? ¿En qué islas no se presentan esos partidos? Lo que pasa es que algunos quieren salir solo con los votos de Gran Canaria y Tenerife, que es donde tienen apoyos. ¿No es más justo que quien quiera representar y gobernar Canarias esté implantado en los siete territorios?

— Es que ustedes ven territorios y otros ven población.

— No. Vemos las dos cosas. El caso es que otros entienden que los que no viven en las islas capitalinas no son población y no deberían estar decidiendo por Canarias. Quieren que se tomen las decisiones en Gran Canaria o Tenerife por las otras islas. Y volveríamos a antes de los años 80. En el Parlamento hemos conseguido que se empiecen a equilibrar las cosas porque hay gente que vive en islas no capitalinas y también tiene derechos, y los derechos no se consiguen simplemente porque haya más habitantes en una isla u otra. No porque haya más gente en Gran Canaria o Tenerife se tienen que concentrar aquí las inversiones, por ejemplo. Que crezca el número de diputados no dará más aporte a la hora de tomar decisiones, porque éstas las deben adoptar los partidos y de las alianzas que se firmen. No hay un problema de representación. Si hubiera diez diputados más, no ayudaría a la toma de decisiones en Canarias. Tampoco es que me oponga ferreamente, porque ya lo prevé el Estatuto actual.

— Algunos sondeos internos de Coalición Canaria registran una bajada de apoyos de cara a 2019, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura y sigue sin remontar en Gran Canaria. ¿Cómo lo van a afrontar?

— Nuestros datos lo que indican es que estamos en un Gobierno en minoría y, por lo tanto, tenemos que hacer un mayor esfuerzo para conseguir que los ciudadanos entiendan lo que estamos haciendo. Las dificultades son las mismas de siempre. El único valor distinto y que afecta a todos es que a partir de las elecciones de 2019, además de los actores que ya están incorporados como nuevos -como es el caso de Podemos-, Ciudadanos también participará en el Parlamento y en otras instituciones, lo que significa que se van a redistribuir los mapas electorales en todas las islas y todos nos vamos a ver afectados. Pero no por una perdida de votos, que también se puede dar, sino porque que somos más a repartir el mismo poder.

La unidad es un asunto recurrente entre Coalición Canaria y Nueva Canarias. José Miguel Barragán hace hincapié en que su partido está abierto «de forma permanente» a abordar esta cuestión, no solo con la vista puesta en la unidad partidaria, sino como estrategia para negociar asuntos que interesan a las islas, como ha ocurrido en los últimos tiempos en las relaciones con el Estado. Esta circunstancia, subraya, evidencia que hay una vía de diálogo en la que ambas formaciones pueden entenderse. Sin embargo, de cara a las elecciones indica que para 2019 «cada uno tiene su hoja de ruta» mientras que para las generales «ya se hablará si hay condiciones para ello».

Garantías. Después del fraude cometido por el exalcalde de Firgas, Manuel Báez, en unas oposiciones de la Comunidad Autónoma, en las que suplantó a su hijo, el consejero de Presidencia y Justicia afirma que los procesos selectivos cuentan con garantías «totales y absolutas». Añade que «no se trata de un problema que afecte al conjunto de las personas que se presentó, sino alguien que intentó vulnerar el procedimiento» y que existen mecanismos para que «estas cosas no ocurran y un sistema para detectarlas».

Ayuntamiento. Explica Barragán que la situación en el Ayuntamiento de Firgas «no está cerrada» porque su socio hasta ahora en el municipio, el PSOE, «podría estar gobernado con otras fuerzas de la oposición». Indica que la negociación está en manos de la Secretaría de en Gran Canaria y «están trabajando por alcanzar acuerdos pero no está cerrado». A su juicio, «lo importante es que los ciudadanos vean que hubo un problema con una persona y se ha actuado rápido, pidiéndole la baja como concejal y del partido». Asegura que a CC le gustaría mantener el pacto con el PSOE en Firgas, pero están «abiertos a conseguir el acuerdo hasta el final de legislatura».

Polémica. El anteproyecto de la Ley de protección y tenencia de animales de compañía aprobado por el Gobierno de Canarias ha encontrado enfrente al colectivo vinculado a las peleas de gallos. Según explicó el consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, se acaba de cerrar el plazo para presentar alegaciones al documento en la fase de exposición pública y tanto el colectivo de caza como el gallista, así como las organizaciones animalistas han sido los que más observaciones han presentado.

Matices. Explica Barragán que la Ley mantiene que «no pueden existir» peleas de gallos, pero señala que el Gobierno va a «estudiar las alegaciones presentadas» antes de emitir un pronunciamiento. A su juicio, «quizá sea posible regular esta práctica de alguna manera».

Muerte del 10%. En cualquier caso, señala que el mayor problema para replantear el contenido de la norma es «la consideración de que se trata de una pelea en la que, en un 10% de los casos, se finaliza con la muerte del animal», una circunstancia que rechazan las organizaciones defensoras de los animales.

Tradición. Para el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, esta ley ha generado una gran polémica porque cuenta con tantos adeptos como detractores. Señala que frente a los que mantienen de forma tajante que las peleas de gallos se deben prohibir porque se trata de una práctica de maltrato animal, «están quienes consideran que son una muestra más de la tradición del Archipiélago».

Regularización. En este sentido, Barragán hace hincapié en que el colectivo gallista «aceptaría que estas peleas estuvieran más regularizadas» pero mantienen su rechazo una ley que implique la prohibición de las peleas.

Caza. El anteproyecto también ha encontrado reparos entre los cazadores, puesto que modifica la Ley de Caza de Canarias. Sin embargo, el consejero considera que se pueden alcanzar acuerdos después de las alegaciones recibidas en la fase de exposición pública.

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