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El presidente del Gobierno firma el acuerdo apoyado por todos los grupos parlamentarios, salvo Voz, así c omo municipios y cabildos. Efe

Partidos, cabildos y municipios cierran filas con la reforma para el reparto de menores

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido en que la Conferencia Sectorial del miércoles sirva para dar una respuesta digna a la emergencia

Agencias

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 8 de julio 2024, 20:09

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El Gobierno de Canarias, los grupos parlamentarios canarios, salvo Vox, y entidades sociales vinculadas a la atención a infancia migrante firmaron este lunes un documento en el que se pone de manifiesto la situación de saturación del sistema de acogida y se pide garantizar la solidaridad con una distribución equitativa de los menores no acompañados que llegan a las costas de Canarias.

Tras la firma, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido a las partes firmantes la unidad de acción frente al «auténtico drama humanitario» y ha insistido en la necesidad de que la respuesta que se dé tras la reunión el miércoles de la Comisión Sectorial con el Gobierno de España y comunidades autónomas sea digna para los menores extranjeros.

«Frente a la imposibilidad de garantizar los derechos de lanzamos un mensaje alto y claro: Canarias no puede más. Necesitamos respuestas del Estado, articuladas por todas las administraciones para preservar los intereses y derechos de la infancia tal y como nos obligan las leyes y los tratados internacionales», ha declarado Clavijo tras la firma, en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife.

En el acuerdo se pone de manifiesto la necesidad de apoyar la propuesta presentada por Canarias a los portavoces de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados a finales de junio para la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería que garantice la solidaridad con una distribución equitativa de estos menores, para lo que han pedido el apoyo de Gobierno de España y Cortes Generales.

En la situación actual, la reforma supondría la salida de las islas a otros territorios de aproximadamente 2.500 menores no acompañados en un plazo máximo de 12 meses, atendiendo a los criterios vigentes, fijados por la Comisión Sectorial de Migración en 2022, así como de los que lleguen siempre que se supere el cupo.

En este contexto, el criterio para definir la situación de saturación de un territorio será cuando esté por encima del 150 % de su capacidad, lo que activaría «de forma inmediata» el traslado de estos menores a otras comunidades autónomas.

El presidente autonómico ha recordado que Canarias tutela en la actualidad más de 5.500 menores migrantes y ha agradecido la «abrumadora respuesta de apoyo, conciencia y compromiso» de los firmantes y ha apuntado la importancia de llegar el miércoles a la sectorial con un mensaje común frente a la urgencia de dar respuesta a los menores.

«Se meten en una patera rumbo a lo desconocido y afrontan auténticos dramas. No es digna la respuesta que damos como primer mundo y aquí hoy nos comprometemos a dar la respuesta digna que se merecen los niños y niñas que llegan», ha ahondado Fernando Clavijo.

El voto del PP, en el aire

Para que la reforma salga adelante en el Congreso de los Diputados se necesitará del acuerdo entre Partido Popular y PSOE, una cuestión sobre la que ha sido preguntado el vicepresidente canario y presidente regional del PP, Manuel Domínguez, que no ha hecho referencia a si su partido apoyará o no la reforma del texto y se ha mostrado «muy preocupado» por la amenaza de Vox de romper los acuerdos autonómicos con el PP si el partido de Alberto Núñez Feijóo pacta el reparto de menores.

Sin embargo, Domínguez ha dicho que le «tranquilizan» las palabras de Núñez Feijóo hoy en las que defiende la «solidaridad» en el reparto de menores no acompañados, siempre dentro de las «capacidades» de cada comunidad autónoma, pese a la postura de Vox.

«Me preocupa mucho y es irresponsable» la postura de Vox, ha insistido Domínguez, quien ha dicho estar cómodo con la postura de su partido en las últimas semanas y ha defendido la necesidad de una financiación «total» por parte del Gobierno de España para los gastos derivados del nuevo sistema de acogida en las comunidades autónomas.

El documento ha sido rubricado por el Gobierno canario, los siete cabildos, la Federación Canaria de Municipios, todos los grupos parlamentarios representados en el Parlamento de Canarias salvo Vox, y 16 entidades sociales vinculadas a la atención de los menores no acompañados.

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