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Almudena Sánchez y Santa Cruz de Tenerife
Jueves, 1 de enero 1970
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Todos los grupos parlamentarios votaron en contra de la enmienda a la totalidad defendida por Podemos al Proyecto de Ley de Reguladora del Estatuto de las Personas que ocupan Cargos Públicos y Buen Gobierno y, de esta forma, permitieron que el texto del Gobierno pasara la primera prueba.
Sin embargo, el consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, no evitó críticas a su iniciativa por parte de quienes votaron a favor -29 diputados- o se abstuvieron -20 parlamentarios-. De hecho, varios oradores anunciaron una «multitud» de enmiendas parciales para «mejorar el texto».
La polémica se centró en el artículo 42 del proyecto de ley, el que regula las condiciones de los altos cargos a su reincorporación a entidades privadas. «Es un traje a medida hecho para los consejeros de Sanidad e Industria», afirmó el diputado del Partido Socialista Canario (PSC), Gustavo Matos. «Este artículo representa puertas giratorias de libro», ahondó.
Barragán dijo que se ha generado una «confusión» con las puertas giratorias. Explicó que la incompatibilidad «se moduló» para que quedara limitada a aquellos altos cargos que hayan tomado decisiones que afecten directamente a sus empresas o sociedades.
La diputada de Coalición Canaria (CC), Socorro Beato, añadió que «en absoluto se trata de puertas giratorias, sino de regresar al mismo sitio de donde se salió». Recordó que el exportavoz del grupo Socialista, Iñaki Lavandera, ya apuntó que «se intentaría dar un equilibrio a este asunto», cuando el exconsejero Aarón Afonso estaba al cargo del proyecto de ley. «Ahora retuercen la realidad y dicen lo contrario», recriminó al PSC.
Pero los socialistas no fueron los únicos en cuestionar el artículo introducido por Barragán. La diputada del Partido Popular (PP), Luz Reverón, advirtió que «habrá que darle otra pensada».
Para la diputada de Nueva Canarias (NC), Esther González, la regulación es «excesivamente restrictiva» de tal forma que solo atraería a funcionarios o parados «y no podemos desperdiciar el enorme talento que hay también en el sector privado». Por eso, consideró «más eficaz incrementar la transparencia y la capacidad de fiscalización» y así «evitar que pueda surgir cualquier género de sospecha».
Asimismo, González avanzó que NC propondrá eliminar la imposibilidad de tener una participación superior al 10% en negocios.
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