Fiscalización

Gastados 643,2 millones de euros sin cumplir con la ley

18/02/2018

Los cabildos gastaron 643,2 millones en procedimientos que no cumplían la ley y que fueron reparados por los interventores en 2014 y 2015, éste último, electoral. Los presidentes ordenaron pagar mayoritariamente contrataciones de personal y servicios.

De los 643,2 millones de euros gastados en 2014 y 2015 reparados por los interventores de los cabildos, consorcios y organismos dependientes, 229 millones proceden de tasas que se aplicaron a la ciudadanía sin que el marco legal lo amparase.

Así figura en el informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas al fiscalizar los ingresos anómalos. En él también se analizan los acuerdos que firmaron los presidentes de los cabildos para levantar los reparos -1.154 en 2014 y 1.374 en 2015- así como los procedimientos administrativos que se aprobaron a pesar no carecer de fiscalización previa -26 expedientes en 2014 y 46 expedientes en 2015-.

La mayor parte de las órdenes de pago que emitieron los presidentes en contra de los interventores se relacionan con los procedimientos de contratación empleados, ya sea de personas, ya sea de servicios. «El tipo de expediente de gasto que dio lugar, en mayor medida, a la emisión de informes de reparos por parte de los interventores ha sido el expediente de contratación tramitado al margen del procedimiento ordinario», sentencia la Audiencia de Cuentas en su informe.

En concreto, el 78,5% en 2014 y hasta el 86% en 2015 de los acuerdos con reparos pertenecen a esta materia.

En cuanto a los procedimientos que se llevaron a cabo saltándose la fiscalización previa, supusieron un desembolso de 18,3 millones. El 57,4% en 2014 -7,2 millones- y el 69,4% en 2015 -11,1 millones- tuvieron que ver, de nuevo, con la forma de contratación empleada.

Incompetente.

En función de los casos, las leyes establecen quién puede levantar un reparo. La Audiencia ha observado que «en 21 expedientes, correspondientes al ejercicio 2014, los acuerdos contrarios a reparos han sido acordados por órgano manifiestamente incompetente, y 35 correspondientes al ejercicio 2015». A lo largo del informe, la inmensa mayoría de las ocasiones es el propio presidente.

Cuando el servicio de intervención formula reparos, por lo general los procedimientos se suspenden. Sin embargo, en la fiscalización realizada se apunta que los interventores utilizaron el procedimiento que permite convalidar el expediente objetado. Así que, con una orden firmada por el presidente, la mayoría del gasto se llevó a cabo, a pesar de que implicara un crédito que no figura en el presupuesto.

De todos los cabildos que han comunicado reparos, el de La Gomera destaca por no tener. Sin embargo, en el informe se detalla que, por un lado, carece de un procedimiento para tramitar este tipo de expedientes y por otro, «en la concesión directa de subvenciones, no existe informe de intervención».