El Parlamento aprueba con emoción la nueva Ley de Servicios Sociales

Entre aplausos y alabanzas que se dedicaron los ponentes visiblemente emocionados, el Parlamento aprobó ayer por unanimidad la nueva Ley de Servicios Sociales, que consagra dichos servicios como «derechos subjetivos» y contempla una ficha financiera «entre 900 y 1.000 millones de euros».

Los diputados que han trabajado el proyecto de ley reivindicaron el parlamentarismo dado el consenso que han sido capaces de alcanzar en los nueve meses de reuniones.

La representante de Podemos, María del Río, secundó a la diputada del Partido Popular (PP), Pepa Luzardo, al destacar que «esta ley está aquí no gracias al Gobierno, que la presentó tarde y mal, sino a los grupos parlamentarios que la han trabajado con una enorme capacidad de compromiso hacia las personas vulnerables».

Luzardo apuntó que una de las exigencias que puso su partido para apoyar la ley fue la de incorporar una ficha financiera clara y concreta; no queríamos que las expectativas generadas en los ciudadanos y en los profesionales se diluyeran como con la Ley de Dependencia». Así, cuando el texto esté plenamente en marcha, «estaremos hablando en torno a 900 y 1.000 millones, al mismo nivel que otras comunidades autónomas», aseguró.

Otra de las cosas que destacaron todos los ponentes fue el nivel de participación. La diputada de Coalición Canaria (CC), Elena Luis, apreció las «aportaciones de las entidades de iniciativa social que han trabajado muchísimo, los colegios profesionales, la Fecam, la Fecai, incluso desde la Justicia y la Fiscalía».

También fue Luis la que reconoció que «hemos dado la vuelta por completo al proyecto de ley», como se encargaron de señalar los otros ponentes.

El diputado de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, puso el acento en el derecho subjetivo que se reconoce en la nueva ley. «Esto significa -explicó- que los servicios sociales en esta tierra ya no van a depender de voluntades políticas, de mayor o menor sensibilidad en función de quien gobierne; los servicios sociales a partir de hoy, son un derecho subjetivo de la ciudadanía, y de manera muy especial, de aquéllos que peor están».

La diputada del Partido Socialista Canario (PSC), Teresa Cruz, se felicitó de que se «asegura el derecho a las personas a vivir dignamente durante toda su vida». Afirmó que se «ofertan soluciones a las personas, lo que ha obligado a modificar la Ley de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para que las familias con menores a cargo puedan percibir la prestación mientras persista su situación de vulnerabilidad social». Señaló la posibilidad que abre el texto aprobado ayer para conciliar prestaciones y servicios de las personas en situación de dependencia».

En este sentido, Luzardo aseguró que «esta ley marca un antes y un después en los servicios sociales» y la colocó entre «las más avanzadas» del país. Recalcó el «amplio catálogo de servicios y prestaciones» que el Gobierno tendrá que ir concretando con la aprobación de un decreto de desarrollo en un periodo máximo de 6 meses. Aclaró que el catálogo no estará en vigor en ese período; «se establecerá en el decreto que lo apruebe qué servicios y prestaciones se prestan, quién los presta y cuánto cuestan en el momento de su aplicación», explicó.

Los ponentes, salvo la de CC, abandonaron las felicitaciones en cuanto abordaron el papel que ha jugado el Gobierno. Cruz fue la más dura cuando se dirigió a la consejera Cristina Valido para señalar que «no puedo tener palabras de agradecimiento para usted». Llegó a afirmar que «gracias al Partido Socialista Canario hoy tenemos esta ley» al recordar el trabajo realizado por su antecesora en el cargo, Patricia Hernández. Su reflexión causó malestar en el resto del hemiciclo.

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