Demagogos frente a la reforma electoral

La reforma electoral en Canarias se dirige hacia su meta final. Ciudadanía, académicos, generadores de opinión, organizaciones cívicas y partidos políticos de prácticamente todas las ideologías coinciden en fijar sin ambages un horizonte temporal preciso: la nueva norma electoral debe estar vigente antes de la convocatoria de elecciones autonómicas en 2019.

Se ha conseguido más que nunca antes. Los acuerdos parciales -alcanzados en buena medida gracias a la hoja de ruta aportada por Demócratas para el Cambio-, asumen que una nueva norma electoral debe contemplar una reducción de las barreras electorales y una mejora de la proporcionalidad que estén listas para entrar en vigor antes de 2019. Además se ha acordado que al menos de momento, la reducción de barreras se lleve al 15% insular y 5% regional. También se ha concretado en qué dirección trabajar para la mejora de la proporcionalidad. Los parlamentarios quieren hacerlo sin alterar el actual reparto de escaños por isla y prefieren que sea por medio del incremento de diputados a las poblaciones infrarrepresentadas. Otro acuerdo parcial alcanzado tiene que ver con la resolución del problema de la contradictoria representación de Fuerteventura y La Palma. La Ponencia ha decidido asignar un escaño más a los majoreros, evitando así suprimir ninguno a los palmeros.

Nunca se había llegado a precisar tanto los elementos de la reforma. Así las cosas, ¿qué falta por concretar? En este momento decisivo los grupos parlamentarios tienen que despejar dos incógnitas: cuánto se incrementará el Parlamento y qué fórmula se utilizará para ejecutar ese aumento de escaños.

En la Ponencia de este lunes 9 de octubre, debe avanzarse en el primer aspecto. El incremento de diputados permitido por nuestro actual Estatuto puede ser de 10 más, hasta llegar a un total de 70 escaños. Si se considera conveniente un incremento mayor, también es posible hacerlo por medio de la reforma estatutaria en el Congreso, que coincide en el tiempo con la Ponencia del Parlamento canario. Dicho de otro modo: se puede alcanzar un acuerdo doble simultáneo en el que se fije por un lado en 70 el tamaño del Parlamento con una ley electoral canaria, y, por otro, se fije en el nuevo Estatuto de Autonomía el tamaño futuro al que podrá llegar la Asamblea legislativa estableciendo una horquilla de 70 a 75 diputados.

En este punto queremos detenernos para desarticular de una vez por todas los mensajes de algunas organizaciones políticas que siguen jugando de forma demagógica con la ciudadanía al calificar de despilfarro la inversión en la mejora de la representación política. Esa contumaz irresponsabilidad para enardecer y confundir a la población es la que ha fomentado, entre otras cosas, que la ciudadanía desprecie a los políticos y abdique de su deber cívico de control y participación en la vida política.

Esta actitud encaja a la perfección en la definición de demagogia: aquella estrategia consistente en que los políticos, mediante la apelación a los prejuicios, los miedos o las emociones más elementales de los ciudadanos, tratan de granjearse su apoyo a través de la retórica, la desinformación y la propaganda.

Así pues, lo primero que debe comprender el ciudadano es que sus representantes políticos democráticos, obtienen el mandato representativo tras unas elecciones libres, en las que las garantías jurídicas aseguran que el proceso electoral se desarrolle de forma transparente, objetiva y preservando la igualdad. El derecho de sufragio, la libertad cívica por antonomasia, no debe tomarse a la ligera. Tratar de ahorrar con sistemas laminadores de la representación ciudadana va en la dirección del fortalecimiento de sistemas de corte autoritarios.

En segundo lugar. Los sistemas electorales pueden ser de tipo mayoritario o proporcional. Los que rigen en España son de tipo proporcional, es decir, el conjunto de escaños en juego se reparte con una fórmula de proporcionalidad, frente a lo que hacen los sistemas mayoritarios en los que no hay reparto de los escaños sino que el ganador se queda con todos los escaños en liza en cada distrito disputado. Se deduce así que cuanto mayor sea el número de escaños a repartir, más sensibilidades políticas se pueden ver representadas en la Cámara. Cuantos menos escaños a repartir, por el contrario, menos partidos políticos podrán acceder al Parlamento.

¿Qué pretenden quienes quieren reducir los diputados? Probablemente, más que ahorrar, quieren dificultar que otras fuerzas políticas puedan acceder a la Asamblea; dicho de otra forma: intentan eliminar adversarios políticos.

Pero es que además de demagogia, emplean la desinformación. El gasto del Parlamento lo fija el propio Parlamento con total independencia. Esto significa que no es verdad que un aumento de diputados comporte de manera irremediable un mayor gasto. Tendrá que ser la Cámara la que decida qué cantidad dedica a este incremento de diputados sin tener que incurrir en un mayor gasto. Eso puede hacerse entre otras maneras, utilizando el gran ahorro que se producirá en los traslados en avión o barco de los parlamentarios residentes fuera de Tenerife gracias a las nuevas tarifas que contemplan descuentos muy significativos. También puede mejorar la gestión de los capítulos de dietas y de aportación a los grupos parlamentarios. Igualmente, puede revisarse y reorganizar el gasto de los órganos auxiliares del Parlamento como el Diputado del Común o la Audiencia de Cuentas. En definitiva, hay una panoplia de posibilidades para recomponer el presupuesto del Parlamento y acometer ese incremento de diputados sin necesidad de aumentar el gasto total.

Los demagogos además, quieren ocultar, la realidad de nuestro Estado autonómico. La comparación con comunidades autónomas de población similar a la nuestra deja al descubierto sus falacias. El País Vasco tiene una población casi igual a la de Canarias y su parlamento tiene 75 diputados, 15 más. Extremadura, con la mitad de población que la nuestra, tiene, sin embargo 5 diputados más, 65. Pero es que, además, al mirar hacia regiones de otros Estados federales como Alemania, aparecen cámaras legislativas como la de Mecklemburgo-Pomerania Occidental de 1.720.000 habitantes con 71 diputados, 11 escaños más que en Canarias (2.155.000). O Irlanda del Norte, que con 1.852.000 habitantes tiene 108 diputados, 48 escaños más que los del Parlamento canario.

Basta de falacias y demagogia. En materia tan grave, como la que afrontamos, sobran los discursos facilones. Quien obstaculiza así esta reforma electoral consensuada que tantos esfuerzos ha costado trenzar, lo que hace, de hecho, es despreciar el consenso para imponer su opción a todos. Para luchar contra las imposiciones sectarias surgió Demócratas para el Cambio y desde la sociedad civil organizada seguimos vigilantes y trabajando para lograr el entendimiento político y ciudadano.

Habrá reforma electoral antes de 2019 o profundizaremos en el fracaso.

Coordinadores de DPC: Vicente Mujica Moreno, José Manuel Marrero Henríquez, José Brito López, Luis Roca Arencibia, Samuel Marrero Lorenzo, Manuel Rodríguez González y Carlos Fernández Esquer.

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