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La presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, rechazó ayer admitir la batería de errores que, según ha comunicado el Gobierno, contiene el proyecto de ley de presupuestos para 2019. La comunicación llega después de que dicho proyecto de ley diera el primer paso en su tramitación, el de superar las enmiendas a la totalidad presentadas.
Darias justificó su decisión en que los Servicios Jurídicos de la Cámara han advertido que algunos de esos errores no pueden ser admitidos como meramente «técnicos» dada la «posible afección a las partidas presupuestarias».
Entre estos últimos figura la condonación de la deuda a las sociedades de estiba (Sagep) del archipiélago, así como el aumento de algunas deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) -de entre 300 y 500 euros a 450 y 600 en beneficio de familias numerosas- o la subida en un millón más del fondo de acción social, presupuestado en 8.250.636 euros.
En paralelo, el Partido Popular (PP) presentó un escrito señalando igualmente errores en el presupuesto, concretamente en lo que se refiere a dejar exento de tributación el consumo de energía eléctrica en vez del tipo cero. A nivel fiscal la diferencia es importante al perjudicar en el primero de los casos a las empresas, especialmente a las que producen energías renovables. En cualquier caso, este escrito también fue desestimado.
Por todo ello, los letrados del Parlamento deberán dirimir ahora si son meros errores materiales o pudieran ser modificaciones sustanciales cuya admisión podría, incluso, «afectar a la tramitación del proyecto de ley», señaló Darias.
La presidenta insistió en la necesidad de adoptar la decisión con la «mayor certeza jurídica» ante los «muchos» que ha hecho constar el Gobierno, y calculó que el informe encargado podría tratarse en la reunión de la Mesa que tendrá lugar el próximo jueves y, si fuera necesario, se convocaría una Junta de Portavoces.
Darias indicó que es la primera vez que, durante su mandato, se ve obligada a rechazar dar trámite a una comunicación del Gobierno relacionada con los presupuestos. Sin embargo, la presidenta aclaró que hubo un precedente similar en el año 2001.
El representante del Gobierno en la Junta de Portavoces dio razones que justificaron la comunicación del Ejecutivo aunque no terminaron de resultar convincentes.
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