Corujo renuncia a cobrar de la Cámara y le reclaman el escaño
El director de la Zona Franca de Gran Canaria asegura que puede compatibilizar el cargo con su condición de parlamentario, pero los Servicios Jurídicos de la Cámara dictaminan lo contrario y ahondan en la división de pareceres en la que se encuentra la Comisión del Estatuto del Diputado
Cuando le nombraron delegado del Ministerio de Hacienda en el Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria -hace justo dos meses-, Gabriel Corujo no imaginó el quebradero de cabeza que le ocasionaría el Parlamento.
El diputado del Partido Socialista Canario (PSC) asumió el cargo, solicitó a la Cámara el 18 de febrero que dejaran de ingresarle la nómina por la dedicación exclusiva que tenía hasta ese momento y a la Comisión del Estatuto del Diputado que se le reconociera la compatibilidad. Pero su caso originó una discusión entre compañeros de escaño que se mantiene sin resolver a día de hoy.
Distintas fuentes consultadas vinculadas directamente a la comisión parlamentaria indican en la primera reunión en la que se aborda el tema, los representantes de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) consideran que son incompatibles los cargos de Gabriel Corujo, mientras que Podemos y Nueva Canarias (NC) lo ponen en duda y el grupo Mixto ve razones de un lado y de otro.
Los miembros de la comisión deciden entonces pedir la opinión de los Servicios Jurídicos. Estos emiten unas «notas jurídicas» y un «informe de quince páginas» a lo largo del cual se reconoce la compatibilidad «hasta que en el último punto, se la niega», según cuentan las fuentes.
El citado documento se sustenta por un lado, en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y por otro, en la de Elecciones al Parlamento de Canarias. De acuerdo con la primera, Corujo podría mantener el acta de diputado junto con la delegación en la Zona Franca, pero la segunda, no se lo permite a pesar de reproducir casi en su totalidad a la primera norma.
Es precisamente, el añadido de «asimilados» que hace la ley canaria la que ha dado lugar a la resolución jurídica negativa. El artículo 6 establece que son «incompatibles con la condición de diputado del Parlamento de Canarias (...) los presidentes de los consejos de administración, consejeros, administradores, directores generales, gerentes y cargos asimilados de entes públicos y de empresas de participación pública mayoritaria».
En consecuencia, el informe jurídico entregado ya a la comisión poco resuelve y, hasta el momento, no ha servido de base para conciliar las posturas que se mantienen enfrentadas.
En la última semana de marzo, el órgano que resuelve sobre la situación de los diputados se volvió a reunir. En ella se reprodujo la discusión de la vez anterior. Distintas fuentes señalan que nacionalistas y conservadores se acogieron al último punto del informe para hacer valer la declaración de incompatibilidad de Corujo, mientras que los socialistas y NC advirtieron con emitir un voto en contra en el que manifestar sus discrepancias.
La sesión acabó delegando en la Mesa del Parlamento la búsqueda de una salida. El pasado día 17, terminó el plazo concedido al diputado socialista para que argumentara en su defensa. Una vez conocidas sus alegaciones, el órgano rector las ha traspasado a la Comisión del Estatuto del Diputado para que termine de resolver.
Si este órgano no alcanzara un acuerdo unánime, pasaría a tener que tomar la decisión definitiva el pleno en una sesión secreta, según dispone el reglamento. Sería la primera vez que esto ocurriera.
